El juez unipersonal Julio Ángel Duarte declaró la responsabilidad penal de Bernardo Jesús Fernández por el delito de estafa en carácter de autor y le impuso una pena de cuatro años de prisión efectiva. La sentencia fue dictada este jueves 28 de mayo, luego de los alegatos finales, el veredicto y la audiencia de cesura de pena. Los fundamentos se conocerán el próximo 4 de junio.
El Tribunal de Juicio de Goya dio por concluido el debate oral en la causa en la que se investigó a Bernardo Jesús Fernández por una presunta maniobra fraudulenta vinculada a una operación de compra y venta de ganado ocurrida en diciembre de 2021.
Mediante la sentencia Nº 24/26, el juez Julio Ángel Duarte hizo lugar a la acusación sostenida por el Ministerio Público Fiscal y la querella, y condenó a Fernández a cuatro años de prisión efectiva por el delito de estafa previsto en el artículo 172 del Código Penal.
La representación del Ministerio Público estuvo a cargo del fiscal Guillermo Barry; la querella fue ejercida por el doctor Jorge Rivolta, mientras que la defensa oficial estuvo encabezada por Fernando Buffil. Durante la última jornada del juicio también declaró el imputado Bernardo Jesús Fernández.
Durante el debate prestaron testimonio los testigos ofrecidos por la fiscalía y la querella. En la primera audiencia declararon Sergio Daniel Quinteros, señalado como víctima y damnificado directo, además de Alberto David Vivas y Emiliano Vivas, quienes participaron como intermediarios en la operación comercial investigada y viajaron desde Córdoba para comparecer ante el tribunal. También brindó declaración el ganadero Marcos Lipovetzky.
Los alegatos y el pedido de penas
Durante la audiencia de cesura, el fiscal Barry solicitó una pena de cuatro años de prisión efectiva y pidió mantener la prisión preventiva por considerar que persiste el peligro de fuga.
Como agravantes, sostuvo que debía valorarse “la extensión del daño causado y la implementación de un elemento falso para cumplir con el ardid y el sostenimiento de este ardid cuando ya el delito se había consumado”.
Por su parte, la querella adhirió a los argumentos del Ministerio Público Fiscal, aunque solicitó una condena de seis años de prisión efectiva. “Es una persona avezada y con conocimiento en la materia de venta de ganado”, afirmó, y agregó que debía considerarse “la magnitud del daño ocasionado por este hecho delictivo”.
La defensa, en cambio, consideró “exageradas” las penas requeridas tanto por fiscalía como por la querella y sostuvo que “en ningún momento se consideran los atenuantes”. Por ello, solicitó una condena de dos años de prisión de ejecución condicional, con arresto domiciliario y entrega del pasaporte a las autoridades.
Extraditado desde Italia
Una de las particularidades del proceso fue que Fernández había sido declarado rebelde antes del inicio del juicio previsto para mayo de 2025, luego de haberse trasladado a Italia.
Según se expuso durante el debate, el imputado realizó distintas presentaciones judiciales y cambió de representación legal en reiteradas oportunidades con el objetivo de frenar el proceso de extradición, aunque todos los planteos fueron rechazados. Incluso recusó al juez de juicio, Julio Ángel Duarte, quien finalmente intervino como magistrado unipersonal.
Fernández fue extraditado desde Italia y arribó a la ciudad de Goya el sábado 16 de mayo de 2026, lo que permitió avanzar con el inicio del juicio oral.
La maniobra investigada
De acuerdo con la acusación presentada durante el debate, los hechos ocurrieron en diciembre de 2021, cuando Bernardo Jesús Fernández, actuando como comisionista, habría acordado con Sergio Daniel Quinteros —director de la firma “El Chañar Guadalupe S.A.”— la venta de una jaula doble de terneros de invernada.
La operación se habría concretado mediante la intermediación de Alberto y Emiliano Vivas, comisionistas de confianza de Quinteros. Según la investigación, ambas partes pactaron un pago de 4.300.000 pesos, monto que fue transferido el 13 de diciembre de 2021 desde la cuenta de la empresa hacia una cuenta bancaria de Fernández en el Banco Galicia.
La fiscalía sostuvo que Fernández envió previamente un Documento Único de Tránsito (DUT) adulterado o inexistente para aparentar que la operación estaba en marcha y así lograr el pago acordado.
Sin embargo, los animales nunca fueron entregados. Posteriormente, el imputado habría alegado que el dinero no había sido acreditado, pese a que ese mismo día realizó una transferencia desde su cuenta bancaria hacia otra cuenta propia en el Banco Nación.
Para la acusación, esta maniobra provocó un importante perjuicio económico a la víctima y permitió consumar el engaño investigado en la causa.
