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Formosa. Un compromiso institucional ausente

MAX BERENFELD (*)

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Un miembro de la mesa del COVID 19, sorprendió a la comunidad formoseña con un ilustrativo relato del “viaje epidemiológico” en el que estamos embarcados los formoseños.

 


La descripción del médico, hacía referencia a un viaje, en un colectivo en el que “todos estamos incluidos”, incluyendo a personas con diferentes ideologías políticas, gustos, costumbres; adultos, niños, hombres y mujeres. Aludía también, en su relato, a un conductor que toma decisiones, apoyado en la riqueza de sus experiencias, al que comparó enormes actores de la historia universal como Napoleón, Julio César y Alejandro Magno, destacados, según el narrador, por sus dotes de mando.

 

Esta metáfora le permitió, además, establecer relaciones entre lo que eventualmente ocurre en cualquier viaje (incomodidades, reglamentos que cumplir, desafíos, dilemas por resolver) y lo que la comunidad formoseña está viviendo hoy, sólo con el ánimo de justificar decisiones oficiales aldeanas, rechazadas por miles de argentinos, sobre todo, los que habitan del Bermejo al norte.

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Pero, también esta poderosa analogía sintetizó la respuesta a decenas de situaciones anormales o, al menos, extrañas, en cualquier lugar del mundo, pero naturales en la Formosa del doctor Gildo Insfran.

 

Transparentar una serie de situaciones que se viven en la UNaF: aprietes a los estudiantes y familiares que se involucran con nuestra causa – la de la autonomía universitaria-, dádivas para torcer voluntades, impedimentos para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas profesionalizantes en las instituciones provinciales.

 

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Transparentar procesos y asignar responsabilidades compartidas en una cuestión de Estado; es un derecho del pueblo de la provincia de Formosa.

 

Uno de los temas que merecen esclarecimiento es la acreditación de carreras. Se trata de un proceso complejo que, para quienes forman parte de la comunidad universitaria, resulta conocido, genera preocupaciones, mucho trabajo y compromiso con la sociedad en la que la universidad se halla inserta. Se trata de un proceso que involucra a muchos actores de la institución universitaria (autoridades, docentes, no docentes, gremios) y de instituciones gubernamentales y no gubernamentales de la provincia, entre otros.

 

Por su parte, para quienes no forman parte de este contexto, cuando los titulares de los diarios anuncian la no acreditación suele ser motivo de descalificaciones, descrédito y desprestigio.

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Como el “Modelo Formoseño”, impulsado por el gobernador Gildo Insfrán, desde hace más de 25 años, garantizó siempre los principios constitucionales, la comunidad universitaria de la Universidad Nacional de Formosa considera necesario, en virtud de lo establecido en la Constitución Nacional, hacer efectivo el principio de publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública.

 

Desde estos propósitos y en este marco, las autoridades de la universidad asumen el compromiso de informar cómo se lleva a cabo el proceso de acreditación, las normas que la reglamentan, los procedimientos y la institución responsable.

 

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La acreditación o el proceso de acreditación se inicia a requerimiento de la unidad académica que decide voluntariamente someterse a ese proceso. Existen normativas generales y estándares de acreditación. Entre las primeras, la Ley de Educación Superior 24.521, el Decreto 499/95: Ley 24.521 (Disposiciones Generales; Disposiciones Relacionadas con la Evaluación y la Acreditación; Consejo de Universidades. Universidades Nacionales), el Decreto 2219/2010 (cambio en el artículo 6 del Decreto 499/95- períodos de acreditación), las resoluciones ministeriales 462/11, 51/10, 6/97 que se refieren, respectivamente a los requisitos para la presentación a acreditación de carreras universitarias que corresponden a títulos incorporados al artículo 43 de la LES, que se dictan en articulación con instituciones de nivel superior; mecanismo para el reconocimiento oficial y validez nacional de titulaciones de carreras nuevas y carga horaria de carreras de grado.

 

También se incluyen una serie de ordenanzas de CONEAU referidas a los procedimientos para la evaluación de proyectos de carreras de grado en funcionamiento, designación de pares evaluadores que habrán de intervenir en el proceso, procedimientos para la implementación del seguimiento de avance de planes de mejora, por mencionar solo algunos de los instrumentos legales que dan sustento a la acreditación de carreras.

 

Los estándares de acreditación, por su parte, dan cuenta de los contenidos curriculares básicos de las carreras, campos de formación general, disciplinar e interdisciplinaria y práctica) y áreas, según las especificidades de cada carrera. Aluden también a la carga horaria, a los criterios de intensidad para la formación práctica.

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Las dos carreras que no fueron acreditadas en la UNaF: Licenciatura en Enfermería y la de Contador Público se enmarcan en las resoluciones 2721/15, para la primera de las nombradas, y 3400- E/2017, para la restante.

 

Uno de los aspectos que la comunidad debe conocer es la práctica profesionalizante del estudiante en instituciones del medio, pues esto dota al estudiante de la seguridad para en un futuro desempeñar con solvencia la profesión que eligió.

 

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Por el bien de la comunidad universitaria y el normal trascurso de las actividades regulares sería más que suficiente para darle un cierre definitivo a estos procesos, tan necesarios para dotar de transparencia y credibilidad a la casa de estudios.

 

 

(*) Lic. Max Alfredo Berenfeld. DNI 17468125

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Opinión

Reclaman al Estado Nacional la permanente malversación de fondos viales (*)

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El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP), reiteraron su malestar y gran preocupación por la malversación y desvío de los fondos viales que realiza el Estado Nacional en forma arbitraria e inconsulta, principalmente del Impuesto a los Combustibles, girándolos a otros destinos que nada tienen que ver con el fin para lo cual fueron creados, y que deberían ser asignados en forma efectiva a financiar obras de infraestructura vial, tan necesarias para mejorar la red caminera del País, y libre de “falsos peajes “.

Texto del comunicado:

Desde el CONADUV y la AP informamos al Gobierno Nacional, a los Gobernadores, a los Legisladores Nacionales y Provinciales, Intendentes y Concejales, que sólo el Impuesto a los Combustibles recauda más de $ 145.000.- millones anuales (pesos ciento cuarenta y cinco mil millones anuales). Administrando correctamente dicho dinero y reasignándolo en forma efectiva como corresponde, se podría implementar inmediatamente un verdadero Proyecto Vial, libre de peaje, que contemple toda la red caminera de la Argentina, generando importantes beneficios sociales y económicos para los usuarios viales y para toda la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, los cuantiosos aportes que con gran esfuerzo realizan los usuarios viales y el sector de la producción a través del Impuesto a los Combustibles, son destinados a otras finalidades del Estado, haciendo vano el sacrificio en pos de un medio de transporte carretero más seguro y que no sea una carga más al sistema productivo.

En el País no se ha elaborado un plan coherente para la ampliación, mejora y conservación de la Red Vial, siendo que con el aumento de la actividad económica – comercial, las necesidades de transporte, por ende la circulación vehicular, se han incrementado superlativamente en los últimos años.

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La carencia de caminos adecuados es una de las principales causas de los graves accidentes y siniestros viales que se producen a diario, con la pérdida de vidas humanas y serias secuelas, tanto sicológicas como físicas, para muchas personas. Se habla solamente de estadísticas, controles y educación vial, pero poco y nada se dice de la falta de obras de infraestructura que son necesarias para contar con una red caminera en perfecto estado de transitabilidad. La seguridad vial es un trípode que se asienta en tres pilares: EDUCACIÓN, CONTROL E INFRAESTRUCTURA. Todos ellos son igualmente necesarios. Un trípode no puede sostenerse si falta alguno de sus apoyos.

Otro problema que se genera por la falta de métodos adecuados de financiamiento vial como de una política seria de infraestructura, son los mayores costos en el traslado de las mercaderías a los distintos destinos de consumo, embarque, industrialización, entre otros.

La urgente necesidad de la conformación de una Comisión de Seguimiento en el ámbito del Congreso Nacional para el control principalmente del Impuesto a los Combustibles, se estima indispensable para que el Estado canalice correctamente los mismos.

Por tal motivo el CONADUV y la AP reiteran su propuesta de:

1)  Poner en práctica un verdadero Proyecto Vial que contemple toda la red caminera del País, tanto Nacional como Provincial, LIBRE DE PEAJE, reasignando en forma efectiva los recursos generados a través del Impuesto a los Combustibles. Esto permitiría el sostenimiento y mejoramiento del sistema vial argentino en condiciones óptimas de transitabilidad, implicando el desarrollo de la Argentina, generando inversión y puestos de trabajo. A su vez se lograría reducir el costo de transporte, impulsar y mejorar la situación de las economías regionales, disminuir el índice de accidentes y siniestros viales, promover el turismo, entre tantos otros beneficios.

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2)  Crear en el ámbito del Congreso de la Nación, una Comisión de Seguimiento del uso de los fondos viales, con la participación activa de los usuarios viales directos e indirectos, a los efectos de impedir la malversación y desvío de los mismos, terminando así con el abuso por parte del Estado Nacional.

3)  Rejerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), reafirmando las funciones propias y prioritarias en la totalidad de nuestras rutas nacionales y provinciales, de planificación concertada, control de gestión federalizada, administración e investigación tecnológica, convirtiéndola en el Organismo rector de la Política Vial Nacional y Provincial.

4)  Disolver las Empresas concesionarias “Públicas” sumamente costosas, burocráticas, innecesarias y sin estructura alguna, tales como CORREDORES VIALES S. A. a nivel nacional, AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.) en la Provincia de Buenos Aires, CAMINOS DE LAS SIERRAS S. A. en Córdoba, AUSA (Autopistas Urbanas S. A.) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El CONADUV y la AP son conscientes de las necesidades del Estado, pero también creen importante que los fondos en cuestión sean correctamente administrados. A quienes gobiernan se les solicita coraje, voluntad y decisión política para ponerle punto final a la estafa vial que se padece desde los años 90.

(*) AP – Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional

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Opinión

Incendios. Crónica de una catástrofe anunciada

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La Provincia de Corrientes adhirió en 1998 a la ley 25080 de incentivos forestales por lo que rápidamente comenzó a cubrir vastas áreas con eucaliptos y pinos.

A partir de ese momento la provincia comenzó a cambiar su fisonomía, su paisaje, y la actividad forestal fue tornándose una de sus principales actividades, hasta llegar a ser la mayor provincia forestal del País.

Junto al nuevo Plan de Desarrollo Forestal, la provincia proyectó una infraestructura de puertos y áreas industriales para que la tala de árboles y la resina de los pinos puedan industrializarse y exportarse a través de sus puertos estratégicamente ubicados sobre el Río Paraná: el área industrial de Ituzaingó y su puerto aledaño, en pleno proceso de construcción , y el Área Logística  e Industrial de Paso de los Libres, justo al lado de la ruta que conduce al Puente Internacional con Brasil, son  un claro ejemplo de esto.

El turismo también abrió nuevas inversiones, fortaleciendo a las áreas protegidas y potenciando las inversiones a nivel nacional e internacional.

Así Corrientes fue instalándose en el mapa económico del país, mejorando su economía y abandonando poco a poco el mote de ser una de las provincias más pobres de la Argentina.

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La sequía no tardó en aparecer para azotar a las provincias ligadas a los ríos Paraná y Uruguay, lo que motivó la aprobación de la ley de emergencia hídrica en julio de 2021.

En el caso de los incendios en Corrientes, la zona comenzó a registrar condiciones de sequía de severa a extrema en noviembre de 2021.  Los campos amarillos, y los incendios frecuentes venían anunciando la crónica de una catástrofe anunciada. A esto se le sumó el verano, con temperaturas extremadamente altas.

Hay que aprender, en base a esta experiencia, que el Estado debe tener medidas para paliar este tipo de catástrofes en materia de prevención, infraestructura e inversión.

 Diseñar instrumentos y mecanismos legales para la implementación de planes de manejo de plantaciones. Implantar sistemas de monitoreo satelitales para identificar las zonas proclives al fuego y tomar acciones preventivas ante la ocurrencia de incendios forestales, es prioritario.

El fuego en Corrientes lleva arrasado el 11 por ciento de la superficie de la provincia, afectando a cerca de 74.000 hectáreas, un 40 por ciento de la superficie del Parque Nacional Iberá.

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Creo y espero que este golpe mortal al “ser” correntino, al espíritu guaraní, aporte las fuerzas necesarias para poder sobreponerse  y salir adelante. La garra y valentía correntina está demostrándose hoy más que nunca y será el motor, como un fuerte “sapucay”, para salir adelante!

(*) Por Delia Raquel Flores – Empresaria logística – Despachante de Aduana, nacida en Paso de los Libres (Ctes). Mail: delia.flores@deliaflores.com

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Opinión

El impostor de los Derechos Humanos (*)

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Hace unos días, José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), abandonó el ostracismo de su carguito ñoqui de correctismo político, pagado con tus impuestos y saltó a la fama al quedar escrachado en un video en el que se lo ve insultando y golpeando a una empleada de la terminal de ómnibus de Santa Clara del Mar.


De este episodio se desprenden varias cosas por analizar, comencemos de menos a más.
Primero, el energúmeno este se encontraba en el interior del local con el barbijo por debajo del mentón, como si se tratase de un babero. Más allá de lo que yo opine acerca del uso de los barbijos, claramente este distinguido miembro de la progresía reinante debería ser consecuente con su credo, pero como es sabido, para estos sátrapas, ser consecuente, resulta ser algo impensado.


Este personaje despreciable resulta ser un prepotente que apela a su cargo para amenazar a la empleada con hacerla llevar presa, le toma una fotografía a otra cliente allí presente invadiendo su privacidad, insulta a la trabajadora y a continuación ingresa a su espacio de trabajo y le propina un golpe. Solo un mononeuronal recurre a la violencia para hacerse escuchar. Está pésimo que alguien golpee a otro salvo en defensa propia, si a esto le
sumamos que se trata del presidente de la LADH, entonces el episodio está agravado por el cargo que ocupa este farsante e inservible servidor público.


Golpeó a una mujer y por ello se le imputó desde la fiscalía los delitos de amenazas y lesiones leves agravadas por mediar violencia de género.

Acá debo levantar mi queja. Considero las carátulas de violencia de género como un insulto a las mujeres, es una forma de ningunearlas, de considerarlas “un ser inferior o desvalido” al que hay que tenerle pena y una contemplación extra. Es interesante cómo se pretende, desde el estado y desde la progresía, apropiarse e imponer el respeto y el buen trato hacia las mujeres, conducta que ya se promueve desde hace cientos de años desde las normas de cortesía y de buena conducta. Me dirán que estas normas sociales del pasado fracasaron, quizás, pero los desquicios del feminismo radical han mostrado aún peores resultados.

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Les feministes condenan el abrirle la puerta a una mujer, el correrle la silla para que se siente o incluso el grito “primero las mujeres y los niños” de un naufragio por ser ejemplos del patriarcado que las menosprecia y somete, y acto seguido, corren a refugiarse al abrigo de papá (macho) estado y piden que las protejan con un trato diferencial… son incoherentes.
Por último, este cretino pidió licencia en su cargo, ¡en vez de renunciar!, y peor aún, ¡se la aceptaron y no lo echaron!, esto demuestra que semejante idiota no es más que uno más de los tantos que pululan en estos organismos.


¡Y no ha de sorprendernos!, solo debemos recordar a la docente desquiciada que le gritaba al alumno (le dieron licencia y ya retornó al trabajo) o a la trastornada de Hebe de Bonafini quien proponían probar las Taser en niños con absoluta impunidad.


Como frutilla de postre, quiero dejar una observación tangencial de este episodio que de ninguna manera justifica a este demente, pero que creo debe llamarnos a la reflexión.
Estamos viviendo en una sociedad con los nervios crispados, una sociedad reactiva y violenta que responde al menor estímulo con ferocidad. Yo me pregunto: ¿tendrá algo que ver el Estado ausente? Ausente en la falta de seguridad, ausente en la falta de justicia, ausente de estadistas.

¿O será por el estado presente? Presente en nuestros bolsillos para saquearlos, presentes en una educación adoctrinadora y embrutecedora, presente en una salud estatal mala y cara, presente en corruptos, en demagogos, en burócratas que con tal de justificar sus puestos te llenan de trabas y te hacen la vida imposible… burócratas imbéciles como José Schulman.

(*) Por Rogelio López Guillemain – rogeliolopezg@hotmail.com

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