Por Corrientes al Día
Argentina ratificó su lugar entre los países con la máxima clasificación en la evaluación estadounidense sobre la lucha contra la trata de personas. El informe sobre Trata de Personas 2026, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, ubicó nuevamente al país en el Nivel 1 (Tier 1), la categoría más alta de su sistema de evaluación.
La clasificación reconoce que el Gobierno cumple los estándares mínimos establecidos por la legislación estadounidense para combatir este delito. La evaluación considera la respuesta estatal frente a la trata, que comprende la prevención, la persecución penal y la protección de las víctimas.
El informe fue presentado el 8 de octubre y constituye una herramienta de seguimiento de las políticas gubernamentales frente a la explotación de personas. En su comunicado de lanzamiento, Washington puso el foco en las nuevas modalidades utilizadas por organizaciones criminales y en la responsabilidad de los gobiernos de castigar a los tratantes y proteger a sus ciudadanos.
Qué significa estar en el Nivel 1
La máxima categoría expresa el cumplimiento de los estándares exigidos por la Ley de Protección de las Víctimas de Trata de Estados Unidos, conocida por sus siglas en inglés, TVPA. Se trata de una evaluación de la actuación de los gobiernos.
La permanencia en esa categoría exige sostener la respuesta institucional, investigar las redes de explotación, llevar a los responsables ante la Justicia y garantizar asistencia a las personas afectadas. El reconocimiento refuerza, así, la necesidad de seguir mejorando la prevención y la protección.
Las categorías se traducen de la siguiente manera:
| Categoría | Significado |
|---|---|
| Nivel 1 — Tier 1 | Gobiernos que cumplen plenamente los estándares mínimos de la ley estadounidense de protección de las víctimas de trata (TVPA) para eliminar este delito. |
| Nivel 2 — Tier 2 | Gobiernos que no cumplen plenamente esos estándares, pero realizan esfuerzos significativos para alcanzarlos. |
| Nivel 2 en lista de vigilancia — Tier 2 Watch List | Gobiernos que realizan esfuerzos significativos, pero requieren especial seguimiento por la magnitud o el aumento de las víctimas sin una respuesta proporcional, o por no acreditar mayores esfuerzos frente al período anterior. |
| Nivel 3 — Tier 3 | Gobiernos que no cumplen plenamente los estándares mínimos ni realizan esfuerzos significativos para hacerlo. |
Un desafío que también atraviesa las fronteras
La información ubica a cuatro de los cinco países limítrofes de Argentina en categorías inferiores: Paraguay y Uruguay en el Nivel 2, y Bolivia y Brasil en el Nivel 2 en lista de vigilancia. Chile comparte con Argentina el Nivel 1.
El Nivel 2 identifica a gobiernos que todavía no cumplen todos los estándares mínimos, aunque realizan esfuerzos significativos para alcanzarlos. La lista de vigilancia incorpora condiciones que requieren un seguimiento especial, como la falta de evidencia de avances suficientes frente al período anterior.
Este escenario pone de relieve la importancia de la cooperación regional para investigar delitos que pueden involucrar captación, traslado y explotación de víctimas en distintos países.
La evaluación puede tener consecuencias económicas
El informe también tiene implicancias diplomáticas y financieras. Según el régimen de sanciones citado en el material aportado, los países clasificados en el Nivel 3 pueden enfrentar restricciones a determinadas formas de asistencia estadounidense.
Además, Estados Unidos puede oponerse a ciertos programas de asistencia de instituciones financieras internacionales, entre ellas el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. El régimen contempla excepciones para asistencia humanitaria, comercial y determinadas iniciativas de desarrollo.
Esto no equivale a un corte automático de todo financiamiento externo debido a que, las medidas están vinculadas al Nivel 3 y a las decisiones que se adopten dentro del marco legal aplicable.
Para Argentina, conservar la categoría más alta representa un reconocimiento a su respuesta frente a la trata y, al mismo tiempo, la responsabilidad de sostener las investigaciones, fortalecer la prevención y asegurar que la protección llegue efectivamente a las víctimas.
