Por Corrientes al Día
La investigación federal por presunto lavado de activos que provocó el cierre de los gimnasios Exen abrió un nuevo frente de conflicto. Más de 100 empleados de la cadena se movilizaron este lunes en la ciudad de Resistencia, capital de la vecina provincia del Chaco, para reclamar la continuidad de sus puestos laborales y el pago de salarios atrasados.
La protesta se concentró frente al Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, luego de que los allanamientos realizados en Chaco y Corrientes dejaran paralizadas todas las actividades de la empresa.
Los trabajadores advirtieron que quedaron sin una fuente de ingresos y pidieron que se adopten medidas para preservar los empleos o habilitar mecanismos que permitan cobrar los haberes adeudados.
A través de las redes sociales de Exen, los empleados difundieron mensajes para explicar el impacto que tuvo el operativo judicial en sus familias. “Mientras se habla de una investigación, hay trabajadores que necesitan ser escuchados”, expresaron.
Además de la manifestación, presentaron una carta dirigida a Niremperger en la que detallaron las consecuencias del cierre de los establecimientos y denunciaron incumplimientos salariales. Según indicaron, algunos empleados no cobraron el último mes, mientras que en otros casos las deudas se arrastrarían desde hace más tiempo.
El grupo solicitó la intervención o mediación de la Justicia para resguardar las fuentes laborales y evaluar si los bienes cautelados en el expediente pueden utilizarse para cancelar las obligaciones pendientes.
Cierre de sedes y secuestro de máquinas
La actividad de la cadena quedó completamente interrumpida después de los 18 allanamientos simultáneos realizados el viernes en Chaco y Corrientes.
Los procedimientos alcanzaron establecimientos y domicilios vinculados con la firma en Corrientes capital, Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno. Durante los operativos, Gendarmería Nacional secuestró documentación, dinero, vehículos y equipamiento deportivo que habría sido incorporado como evidencia en la investigación.
Las máquinas de entrenamiento fueron retiradas o quedaron bajo faja judicial, lo que impidió mantener abiertos los locales. Posteriormente, la empresa comunicó la suspensión por tiempo indefinido de todas sus operaciones.
La medida dejó en una situación de incertidumbre tanto a los trabajadores como a los usuarios que cuentan con membresías vigentes.
La defensa cuestionó el desmantelamiento
El abogado Ricardo Osuna, defensor de Federico Alejandro Clinis Canal y Mauro Emmanuel Lugo Heim, detenidos en el marco de la causa, anticipó que solicitará a la Justicia que permita reabrir los gimnasios. “Hablaremos con la jueza para que los gimnasios continúen y los trabajadores puedan seguir”, afirmó en declaraciones a Radio Dos.
Osuna cuestionó la forma en que se desarrollaron los procedimientos y consideró que las autoridades podrían haber inventariado los elementos sin interrumpir el funcionamiento comercial. “Tranquilamente podrían haber dejado todo funcionando, hacer el inventario y, más adelante, si existe una condena, proceder al secuestro”, sostuvo.
El letrado explicó que sus defendidos permanecen a la espera de la audiencia en la que serán informados formalmente sobre los hechos y cargos atribuidos.
La defensa afirmó que la investigación se habría iniciado a partir de la declaración de un imputado colaborador. También aseguró que durante los allanamientos no se encontraron drogas, aunque el expediente se tramita por una presunta maniobra de lavado de activos y no se limita a la búsqueda de estupefacientes.
En cuanto al financiamiento utilizado para montar la cadena, Osuna sostuvo que sus representados contrajeron deudas y adquirieron parte de las máquinas mediante contratos de leasing, mientras que el resto habría sido pagado con cheques.
Estas manifestaciones corresponden a la postura de la defensa y deberán ser contrastadas con las pruebas reunidas por la Justicia durante el avance de la investigación.
Mientras se esperan las próximas resoluciones judiciales, los trabajadores buscan instalar su reclamo en la agenda pública, quieren recuperar sus empleos y cobrar los salarios pendientes, al margen de las responsabilidades penales que puedan determinarse en la causa.
