El reporte señala que, si bien se establecen “sanciones penales” contra abusos de poder por parte de funcionarios, la gestión nacional actual “no implementó la ley de manera efectiva”.
El departamento de Justicia de Estados Unidos, en su informe “Human Rights Report 2022″, advirtió sobre casos de corrupción en el gobierno de Alberto Fernández y alertó por la actual embestida contra el Poder Judicial.
Según el informe, se reportaron “serios problemas con la independencia del poder judicial y una grave corrupción gubernamental”.
El documento de carácter anual señaló que “la ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no implementó la ley de manera efectiva”. Además, “hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año. Instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”, advirtió.
Qué dijo el Departamento de Estado sobre la corrupción en el gobierno de Alberto Fernández
En su capítulo sobre Corrupción y Falta de Transparencia en el Gobierno, el informe señaló que “en septiembre se estaban llevando a cabo varias investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas de alto rango en ejercicio y ex, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.
“Fernández de Kirchner y nueve acusados principales (45 acusados en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015 cuando Fernández de Kirchner era presidente. Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en $160 millones. El 22 de agosto, los fiscales federales resumieron el caso de corrupción en obras públicas y solicitaron que el tribunal de primera instancia condenara a Fernández de Kirchner y la condenara a 12 años de prisión y le impusiera una inhabilitación de por vida para desempeñar cargos públicos. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cuatro casos de corrupción financiera”, detalló.
Sin embargo, el reporte omite la condena de 6 años de prisión que recibió la expresidenta por la causa Vialidad en diciembre pasado.
Por otra parte, el informe afirmó: “Con base en una investigación anterior, en julio, las autoridades acusaron al juez federal Walter Bento de lavado de dinero y de recibir sobornos a cambio de que Bento brindara beneficios a las personas que fueron acusadas y detenidas en casos penales. Los dos hijos de Bento también fueron acusados de lavado y recepción de sobornos. El 3 de octubre, los fiscales solicitaron un juicio para Bento y los coacusados”, precisó.
“La corrupción y la complicidad oficial se dieron en algunas fuerzas de seguridad. Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de los involucrados en el tráfico de drogas, trata de personas, lavado de dinero y prostitución. Las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes”, indicó.
En su resumen ejecutivo, el departamento de Estado señaló que “las cuestiones importantes de derechos humanos incluyeron informes fidedignos de ejecuciones ilícitas y arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; serios problemas con la independencia del poder judicial; y una grave corrupción gubernamental”.
“El gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en actos de corrupción”, enfatizó.
Qué dijo el informe del Departamento de Estado sobre el Poder Judicial
El informe detalló que “la impunidad siguió siendo un problema importante en las fuerzas de seguridad en todos los niveles. La corrupción y un sistema judicial lento y politizado obstaculizaron los esfuerzos para investigar los abusos”, indicó.
Además, dijo que “en general, el gobierno denunció los abusos denunciados y se esforzó por capacitar a las fuerzas militares y policiales en todos los niveles sobre derechos humanos, incluso a través de capacitación en línea durante la pandemia de COVID-19″.
En otro punto del informe, señaló que ONG nacionales denunciaron que “los jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales en ocasiones fueron objeto de manipulación política”.
También indicó que las “largas demoras, atascos procesales, largas brechas en el nombramiento de jueces permanentes, apoyo administrativo inadecuado e ineficiencia obstaculizaron el sistema judicial. La amplia discrecionalidad de los jueces sobre si continuar con las investigaciones y cómo hacerlo contribuyó a la percepción pública de que muchas decisiones judiciales eran arbitrarias”.
Por otra parte, el reporte destacó la existencia de una plena libertad de expresión en el país. “La constitución establece la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y otros medios, y el gobierno en general respetó este derecho. Medios de comunicación independientes, un poder judicial eficaz y un sistema político democrático en funcionamiento se combinaron para promover la libertad de expresión, incluso para los miembros de los medios de comunicación”, afirmó.
No obstante, destacó denuncias de hostigamiento contra periodistas, así como agresiones físicas y amenazas. En ese punto, recordó que FOPEA citó tres casos de hostigamiento judicial a periodistas, entre ellos juicios contra Irene Benito (La Gaceta) , Daniel Santoro (Clarín) y Daniel Enz (Revista Análisis). En todos estos casos, FOPEA argumentó que figuras políticas utilizaron el sistema legal para silenciar a estos periodistas”, afirmó.
Fuente: tn.com.ar
