El ministro de Justicia de Corrientes y apoderado de Vamos Corrientes, Juan José López Desimoni, lanzó duras críticas al fallo de la jueza electoral María Eugenia Herrero, quien esta semana declaró la inconstitucionalidad y nulidad del Decreto 1260 firmado por el gobernador Gustavo Valdés. La norma, clave en el armado electoral de cara al 31 de agosto, regula el mecanismo de adhesión de boletas municipales a listas provinciales.
Durante una entrevista radial, el funcionario fue tajante: calificó la resolución judicial como “horrenda, arbitraria y sin fundamentos razonables”. Además, cuestionó duramente que la jueza haya declarado de forma simultánea la inconstitucionalidad y la nulidad del decreto. “O es una cosa o es la otra. No puede ser ambas”, disparó.
El Decreto 1260, ahora bajo la lupa judicial, establece que un partido municipal solo puede adherir a una lista provincial, con el fin de evitar el pegado múltiple y las alianzas cruzadas que suelen desdibujar la coherencia ideológica. “No se puede permitir que un candidato a intendente aparezca pegado a boletas de espacios políticos totalmente opuestos. Eso confunde al electorado y rompe la lógica de las alianzas”, remarcó López Desimoni.
Desde el oficialismo aseguran que el decreto fue dictado dentro del marco legal que otorga la Constitución provincial al Poder Ejecutivo. “Reglamentar una ley significa hacerla operativa. Eso hicimos: le dimos claridad al proceso electoral, sin vulnerar derechos”, explicó el también apoderado del Partido Popular.
Sobre los argumentos de la jueza Herrero respecto a la “inoportunidad” del decreto por su cercanía con la fecha electoral, el ministro fue tajante: “La reglamentación de una ley puede hacerse en cualquier momento. No hay ningún impedimento legal que lo limite”.
Además, advirtió que el fallo tiene efectos jurídicos limitados: “La inconstitucionalidad dictada solo aprovecha a quien presentó la demanda. Para el resto, el decreto sigue plenamente vigente”. Según López Desimoni, esta situación genera una “competencia electoral desequilibrada” y rompe la igualdad de condiciones entre los partidos.
Por último, cuestionó que no se haya probado un perjuicio concreto por parte de quienes impulsaron la acción judicial. “Para que prospere una nulidad, debe demostrarse un daño real. Nadie mostró cuál fue el perjuicio. Lo que hay es una maniobra política para frenar una herramienta que ordena el proceso electoral”, concluyó.
Desde el Gobierno ya anticiparon que apelarán el fallo, defendiendo una medida que consideran clave para “proteger la voluntad del elector”.
