El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Juan José López Desimoni, y el Fiscal de Estado, Horacio Ortega, visitaron el predio del Santuario del Gaucho Gil cercano a la ciudad de Mercedes, junto al el interventor de la asociación civil a cargo del Centro Recreativo, Víctor Isnardo y funcionarios del Ministerio de Obras Públicas.
El objetivo de la visita fue inspeccionar el lugar y verificar las documentaciones vinculadas al proyecto de urbanización del predio para iniciar las obras de manera inmediata. Es pertinente recordar que el Centro Recreativo del Gaucho Gil es una asociación civil que está bajo la intervención de la Inspección General de Personas Jurídicas que depende de la cartera de Justicia.
Durante la jornada de trabajo de los funcionarios en el lugar analizaron la documentación relativa a la regulación del predio que se torna necesaria para el inicio de las obras planteadas por el Gobierno provincial. “De esta manera estamos cumpliendo con el objetivo de brindar más seguridad jurídica y también proteger a los trabajadores, fieles y turistas que visiten el lugar”, subrayó el ministro López Desimoni.
Por su parte, Ortega detalló: “Junto al Ministro de Justicia, y personal del Ministerio de Obras Públicas, nos reunimos con los propietarios del predio donde se busca emplazar el nuevo santuario del Gauchito Gil en Mercedes, con resultados positivos, ya que logramos la anuencia y la autorización para que las obras inicien a la brevedad”.
“Desde la gestión del gobernador Gustavo Valdés, se fijado una política turística en expansión, donde la festividad del guachito representa un flujo de turistas religioso muy importante, y por ello era necesario replantear el lugar donde emplazar el centro religioso, como así también crear la infraestructura necesaria para la explotación comercial que allí se concentra. Es un paso importante tener la autorización de los propietarios para seguir este proyecto ambicioso del Gobierno Provincial”, aseguró el Fiscal Ortega.
Los hechos
La muerte de Milton Canteros, de 64 años, padre de Sergio, de 33, quienes fueron asesinados a puñaladas por conflictos por el uso de lugares en el predio Cruz Gil, en agosto de 2021, fue el detonante de la decisión de intervenir el “Centro Recreativo Devotos de la Cruz Gil” quien tenía a su cargo la administración del Santuario.
En ese momento, el excomisario de la Policía de Corrientes con domicilio en Chavarría Víctor Isnardo fue designado interventor del predio del Gaucho Gil. El gobernador de la provincia Gustavo Valdés lo formalizó por medio del decreto Nº1860, quien reemplazó a Ramona Villalba.
Por su parte el Poder Judicial lleva adelante la investigación del crimen por el cual ocho personas están detenidas y tendrían directa vinculación con los homicidios.
Los alcances del Decreto
El decreto ordenaba al interventor “restablecer la normalidad institucional de la entidad, analizando la situación económica financiera y convocar a elección de autoridades de conformidad a las prescripciones pertinentes del estatuto social”.
Recordemos que el Gobierno de Corrientes instaló a partir de entonces una guardia permanente para garantizar la seguridad de quienes trabajan en el lugar y para quienes visitan el santuario.
El objetivo de esta medida fue ordenar la situación de los feriantes y llevar mayor seguridad a los turistas y fieles que visitan el lugar.
El 9 de agosto de 2021 una orden judicial ordenó demoler los puestos que estaban instalados sobre la Ruta Nacional 123 en zona del santuario del Gaucho Gil. Durante la visita de hoy, el Ministro López Desimoni, y el fiscal de Estado, Horacio Ortega, anunciaron que el próximo lunes 16 de mayo se pondrán en marcha las obras en el lugar.
