Recompensa millonaria tras la desaparición una yaguareté en El Impenetrable

Publicado en diciembre 2, 2025.

por Corrientes al Día

La desaparición de Acaí, la joven yaguareté reintroducida en el Parque Nacional El Impenetrable de la provincia del Chaco, continúa envuelta en incertidumbre. A más de un mes de la última señal emitida por su collar satelital, la Fiscalía Federal de Sáenz Peña lanzó una recompensa histórica de $250 millones para obtener datos que permitan esclarecer qué ocurrió con el animal, considerado Monumento Natural Nacional y Provincial.

El incentivo económico, financiado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, apunta a destrabar una investigación que avanza con múltiples líneas, pero sin resultados concretos porqueno aparece ni el cuerpo del animal, ni su dispositivo de seguimiento.

El collar quedó enterrado bajo sedimentos del Bermejo

El director de Conservación de Rewilding Argentina, Sebastián Di Martino, explicó que la última transmisión del collar se registró el 25 de octubre. Ante la falla repentina, los equipos realizaron un rastreo por radio y detectaron que el dispositivo emitía desde el cauce del río Bermejo, sin movimientos ni variaciones de señal.

Rescatistas ingresaron con buzos, pero la zona presentaba hasta dos metros de sedimento, lo que impidió extraerlo. Ahora se planifica un operativo más complejo con una draga portátil, con la expectativa de que el collar contenga datos almacenados que nunca llegaron por satélite.

“Si el dispositivo guardó puntos después del último envío, podremos saber si fue trasladado antes de aparecer en el río. Eso podría marcar caminos, domicilios o lugares vinculados al caso”, señaló Di martino.

Los indicios recopilados por Rewilding Argentina no coinciden con un desplazamiento natural del animal. La hipótesis más sólida apunta a que Acaí fue cazada ilegalmente, que se retiró el collar y que luego fue arrojado al Bermejo para borrar rastros.

Vecinos ya declararon ante la Justicia y se realizaron allanamientos, secuestro de celulares, análisis de mensajes y verificación de audios donde se mencionaba la posibilidad de “cazar al yaguareté”.

El fiscal federal Carlos Amad destacó que el daño ambiental por la desaparición del ejemplar fue estimado en $2.700 millones, lo que refleja el impacto de la pérdida en una especie críticamente amenazada en Argentina.

Equipos de Rewilding Argentina, Parques Nacionales, autoridades provinciales y fuerzas federales trabajan sin descanso desde la última señal del collar. Las acciones desplegadas incluyen:

  • Rastrillajes terrestres y fluviales en zonas remotas
  • Vuelos con antena direccional
  • Análisis de geolocalización y puntos satelitales
  • Búsqueda subacuática con buzos y apoyo de Bomberos
  • Revisión de imágenes satelitales y tareas de inteligencia de campo
  • Toma de testimonios y peritaje de dispositivos electrónicos

A pesar del operativo de gran escala, no se recuperó el collar ni restos del animal.

El fiscal Amad remarcó que la investigación se activó “desde el primer minuto”, pero pidió prudencia ante versiones apresuradas. “No tengo elementos hoy para afirmar que Acaí está muerta ni que actuó una banda organizada de cazadores furtivos. No descarto nada, pero no puedo confirmarlo”, advirtió.

El funcionario subrayó que la legislación es clara, matar un yaguareté es un delito gravísimo, con penas severas para quienes resulten responsables.

Acaí, un símbolo de la reintroducción del yaguareté en Argentina

La yaguareté, de 2 años y 8 meses, había sido liberada el 5 de octubre, sumándose al programa de reintroducción que lideran la Fundación Rewilding Argentina, Parques Nacionales y el gobierno del Chaco. Su collar satelital enviaba reportes constantes cada cuatro horas, lo que permitía monitorear su adaptación al ambiente chaqueño.

Durante los primeros días, se movió por sectores de monte cerrado y parecía adaptarse con normalidad. Pero la historia dio un giro abrupto el 25 de octubre, cuando el dispositivo dejó de transmitir, activando uno de los operativos de búsqueda más grandes registrados en la región.

La cifra récord de $250 millones busca incentivar a cualquier persona, en especial habitantes de las zonas rurales lindantes, a aportar datos certeros y comprobables.

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