Por Corrientes al Día
Clima de campaña y confusión jurídica: la Fiscalía de Estado desmiente que haya un fallo firme sobre el polémico Decreto 1260
En medio del clima electoral que atraviesa Corrientes, la Fiscalía de Estado salió este martes a aclarar que aún no existe una resolución judicial firme sobre el Decreto Provincial N° 1.260, con el objetivo de llevar claridad a la ciudadanía y desmentir afirmaciones realizadas por dirigentes de la oposición.
El pronunciamiento oficial responde a recientes declaraciones del senador provincial del Partido Justicialista, Martín Barrionuevo, quien afirmó que el decreto —mediante el cual el Poder Ejecutivo reglamenta un artículo clave de la ley electoral provincial— habría sido declarado inconstitucional. La Fiscalía, a cargo de Horacio David Ortega, desmintió categóricamente esa versión: “Ambas medidas, tanto la cautelar como la cuestión de fondo, se encuentran bajo apelación ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Electoral”.
Ortega fue contundente al señalar que las expresiones del legislador “no se ajustan a la realidad” y recordó que todas las resoluciones que fueron contrarias a la aplicación del decreto han sido apeladas por instrucción del gobernador Gustavo Valdés. “Cumplimos con las instrucciones del Ejecutivo y apelamos todas las instancias. Nada está firme ni resuelto todavía”, enfatizó.
Además, el Fiscal de Estado advirtió que su oficina no fue notificada formalmente de ningún nuevo amparo relacionado con la medida y aclaró que la cautelar presentada por el Partido Nuevo —fuerza hoy aliada al oficialismo— “fue radicada ante un juez sin competencia electoral”, en referencia al doctor Alejandro Aquino Britos, juez de Ejecución Tributaria. “Ese planteo debió haberse hecho ante la jueza con competencia en lo electoral”, agregó Ortega.
Por este motivo, la Fiscalía solicitó que la Cámara de Apelaciones se aboque a resolver la cuestión de fondo, considerando que todas las presentaciones tienen el mismo objetivo: cuestionar la constitucionalidad del Decreto 1.260.
Este episodio pone en evidencia el clima de alta tensión jurídica y política que atraviesa la provincia de cara al proceso electoral, donde cada paso legal es seguido de cerca por oficialismo y oposición. Desde el Gobierno, aseguran que seguirán defendiendo la reglamentación vigente, mientras aguardan la resolución de la Cámara.
Por ahora, el mensaje de la Fiscalía es claro: no hay ningún fallo definitivo y todo lo dicho en redes sociales o en declaraciones políticas, carece de valor jurídico hasta tanto la Justicia se expida formalmente.
