- La enfermera Brenda Agüero del Hospital Neonatal de Córdoba fue hallada culpable por el homicidio calificado de 5 bebés y tentativa de homicidio en otros 8 que sobrevivieron.
- El caso fue enmarcado como violencia institucional.
- Cinco ex funcionarios fueron condenados, pero permanecerán en libertad hasta que la sentencia quede firme. Otros cinco fueron absueltos, entre ellos, el entonces ministro de Salud provincial, Diego Cardozo.
Por Ruido
La enfermera Brenda Agüero (30 años) fue declarada culpable por el delito de homicidio calificado de 5 bebés y tentativa de homicidio en otros 8 casos.
Así lo decidió el jurado convocado por la Cámara Séptima del Crimen de la Justicia de Córdoba, tras una deliberación de 10 horas que marcó el final del juicio oral y público que investigó las muertes y lesiones ocurridas en el hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba entre el 18 de marzo y el 7 de junio de 2022.
Entre las responsabilidades funcionales que se investigaban, los jueces aplicaron penas mayores a las autoridades del hospital Neonatal, que permanecerán en libertad bajo caución hasta que la sentencia quede firme. También fue condenado por encubrimiento el ex secretario de Salud de Córdoba, Pablo Carvajal.
En cambio, tres profesionales del hospital fueron absueltas por el delito de omisión de deberes de funcionario público. Y dos autoridades del Ministerio de Salud, entre ellos el entonces titular de la cartera sanitaria, Diego Cardozo, que quedó absuelto por mayoría de votos.
Cardozo estaba imputado por el delito de omisión de deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
La noticia tomó por sorpresa al fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno, quien dijo a Ruido – medio integrante de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI)- que esperará los fundamentos de la sentencia para saber si plantea un recurso de casación.
Otro dato llamativo fue que el caso fue enmarcado como violencia institucional. “Una violencia ejercida por instituciones en contra de las personas, anulando tres derechos: a la vida, a la información y a la protección”, dijo en sus alegatos la defensora pública y abogada querellante Ana Pagliano.
¿Por qué fue condenada Brenda Agüero y otros funcionarios?
El juicio oral y público comenzó el 6 de enero. La enfermera fue condenada por los 13 hechos de los que se la acusaba: ocho tentativas y cinco homicidios. Los jurados la encontraron culpable por cometer asesinatos en serie.
Cinco de los funcionarios acusados recibieron condena por omisión de deberes de funcionario público y por encubrimiento doblemente calificado. Según la acusación del fiscal de Cámara, Sergio Ruiz Moreno, no sólo no denunciaron a tiempo, sino que también trataron de entorpecer la investigación judicial, haciendo desaparecer pruebas y evitando la realización de autopsias en tiempo oportuno.
Si las denuncias se realizaban a tiempo, se podrían haber evitado muertes, sostuvo la acusación.
¿Cuáles fueron las principales pruebas contra Brenda Agüero ?
Un peritaje interdisciplinario analizó los 13 casos. El informe fue concluyente en seis. Determinó que el nivel de potasio o de insulina encontrado en el cuerpo de los bebés sólo era compatible con una inoculación externa de esas sustancias.
En los siete restantes, los peritos no establecieron resultados concluyentes. Pero en dos de ellos se encontraron lesiones no explicables por un acto médico.
El estudio fue complementado con un informe de perfil criminológico y las pericias interdisciplinarias sobre la personalidad de Brenda.
Este último estudio no detectó ningún tipo de trastorno de salud mental o de patología. Sí encontró en ella rasgos psicopáticos, autorreferenciales y narcisistas, por encima de la media. Los peritos informaron que Agüero tenía una forma particular de conectarse con el sufrimiento de las mamás, al ponerse ella en la posición de salvadora cuando algún niño estaba grave.
También se mostraron fotos controvertidas de su celular, donde aparecía amamantando a un perro y de un supuesto rito de magia negra.
Otra de las pruebas fueron los indicios de presencia: Brenda era la única enfermera que se repetía en todos los casos bajo investigación.
“No soy ese monstruo que han creado mediáticamente. Entiendo el dolor de las mamás pero no soy la asesina serial que todos han hecho creer”, dijo Agüero en la última palabra del juicio, durante el cual estuvo presente la cronista de Ruido.
¿Cuáles fueron las pruebas contra los funcionarios?
En el juicio se escucharon los informes de los oficiales comisionados, que construyeron una línea de tiempo en la que ubican las responsabilidades funcionales. El policía Néstor Biscotti demostró que las autoridades del hospital ya tenían conocimiento de muertes de etiología dudosa desde abril. También, que ese mes hubo reportes sobre efectos adversos al Ministerio de Salud provincial.
El informe demostró que, a partir del primero de mayo, en el hospital aumentaron las medidas de seguridad, por la sospecha de fallecimientos sin explicación médica.
También se presentó un informe técnico que analizó la información disponible y no disponible de los teléfonos de cinco funcionarios. Los resultados fueron presentados por peritos de la Unidad de Equipos Móviles del Gabinete de Tecnología Forense del Ministerio Público Fiscal. El ingeniero Luciano Pasquali encontró fuertes indicios de que los celulares de tres imputados fueron reseteados con el objetivo de borrar información.
“Hubo un pacto de no agresión. Acordar silencio es una forma de matar también”, dijo a Ruido el abogado querellante, Carlos Nayi.
Pese a los pronósticos y a los pedidos de severas penas realizadas por los familiares de las víctimas, el jurado terminó por absolver a cinco de los 10 funcionarios imputados por la Fiscalía de Instrucción.
La jefa de enfermería del hospital, Alicia Aricia, fue absuelta por unanimidad. Al igual que la médica Neonatóloga, María Alejandra Luján y la jefa de obstetricia clínica, Claudia Ringelheim. Las tres estaban imputadas por omisión de deberes: no haber denunciado a tiempo ante la Justicia.
Por qué ningún funcionario irá a la cárcel por ahora
Las máximas autoridades del hospital mantienen la libertad bajo caución, hasta que quede firme la sentencia. El tribunal estableció tres reglas: fijar residencia, no salir del país y concurrir a todas las citas con la justicia. Tal fue el caso de Liliana Asís (ex directora), Alejandro Escudero Salama (ex subsecretario administrativo) y Martha Gómez Flores (quien era la jefa de neonatología del hospital). Esta última también fue condenada por falsedad ideológica.
Los tres recibieron cinco años de prisión y cuatro años de inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público. Permanecen en libertad hasta que quede firme la condena.
La misma pena fue impartida para María Luisa Moralez, quien se desempeñaba como coordinadora del comité de seguridad del paciente del hospital.
También fue condenado el exsecretario de Salud, Pablo Carvajal, también en libertad bajo caución, hasta que quede firme la sentencia.
Las cinco condenas fueron decididas por mayoría.
¿Qué sostenía el fiscal sobre la responsabilidad de los funcionarios?
La investigación preparatoria del fiscal Raúl Garzón había establecido las responsabilidades funcionales, reconstruyendo una línea de tiempo a través de escuchas telefónicas y distintos testimonios.
Se realizaron peritajes sobre cinco celulares secuestrados. Se comprobó que Asís borró información. Y que los teléfonos móviles de otros dos funcionarios sufrieron eventos compatibles con reseteos, apenas el fiscal Garzón envió el primer oficio pidiendo información al hospital.
Las defensas de los funcionarios imputados quedaron divididas. En el hospital, la mayoría de las médicas dijo que no se puede denunciar lo que no se conoce. Y que recién sospecharon de un accionar intencional humano después de la “fatídica guardia” del 6 y 7 de junio.
El abogado del hospital, Alejandro Escudero Salama, presentó una defensa diferente: dijo que él promovió las denuncias a partir de un caso de violencia obstétrica y que, en cambio, se encontró con una cultura hermética difícil de cambiar.
¿Qué sigue ahora?
Se estima que en 30 días estarán los fundamentos del fallo. Con ese material, las partes pueden imponer recursos de casación. La causa puede llegar al Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, incluso hasta la Corte Suprema de la Nación.
Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.
