La pulseada judicial llegó a su fin. El empresario santacruceño Lázaro Báez, símbolo del engranaje financiero que alimentó uno de los mayores escándalos de corrupción de la era kirchnerista, deberá regresar a una cárcel común. Así lo ordenó el juez federal Norberto Guillermo Costabel, dando lugar al pedido del fiscal Abel Córdoba, luego de que la Corte Suprema dejara firme su condena a 10 años por lavado de dinero.
Báez, de 69 años, estaba cumpliendo prisión domiciliaria en su fastuosa residencia de El Calafate, una casona de dos pisos con vista privilegiada al Lago Argentino y vigilancia permanente. Pero eso ya quedó atrás.
De “La Rosadita” a la cárcel
La resolución judicial firmada por Costabel junto a los jueces Ricardo Basílico y Fernando Canero, del Tribunal Oral Federal N°4, marca un punto de inflexión en la Causa “la ruta del dinero K”. A casi cuatro años de finalizado el juicio oral que lo condenó inicialmente a 12 años (luego reducida a 10), Báez deberá cumplir lo que resta tras los cómputos correspondientes, esta vez tras las rejas.
El empresario fue el rostro visible de Austral Construcciones, la firma beneficiada con decenas de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas. La investigación demostró que entre 2010 y 2013 se lavaron más de 60 millones de dólares mediante un entramado legal y financiero que incluyó sociedades offshore, movimientos bancarios internacionales y maniobras con bonos públicos.
El fallo de la Corte y el fin de los recursos
La Corte Suprema, por mayoría, confirmó la sentencia. Votaron a favor Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y dos conjueces; Carlos Rosenkrantz lo hizo en disidencia. El último intento legal de Báez se extinguió con esa decisión, habilitando la reactivación de su condena efectiva.
En ese contexto, el fiscal Córdoba solicitó formalmente que Báez sea trasladado desde su domicilio patagónico al Servicio Penitenciario Federal. El juez Costabel lo autorizó sin dilaciones, ordenando su “inmediata detención”.
Durante casi un año, Báez permaneció en su casa de El Calafate con tobillera electrónica, limitado pero en libertad. Testigos lo veían caminar por su jardín o recibir paquetes. Esa imagen idílica contrastaba con su rol en uno de los casos más resonantes de corrupción, cuya explosión pública ocurrió cuando las cámaras de televisión mostraron a jóvenes contando fajos de dólares en “La Rosadita”, la financiera clandestina ubicada en Puerto Madero.
Detrás de esa postal escandalosa, la Justicia halló una estructura de lavado de dinero que operó dentro y fuera del país, ocultando fondos de origen ilícito y reingresándolos como inversiones legales.
Además de Báez, otras 21 personas fueron condenadas en el juicio, incluidos sus cuatro hijos —Martín, Leandro, Melina y Luciana—, su contador Daniel Pérez Gadín, su abogado Jorge Chueco, el financista Federico Elaskar y el mediático “arrepentido” Leonardo Fariña.
Con información de La Nación y video de TN
