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Reclaman al Estado Nacional la permanente malversación de fondos viales (*)

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El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP), reiteraron su malestar y gran preocupación por la malversación y desvío de los fondos viales que realiza el Estado Nacional en forma arbitraria e inconsulta, principalmente del Impuesto a los Combustibles, girándolos a otros destinos que nada tienen que ver con el fin para lo cual fueron creados, y que deberían ser asignados en forma efectiva a financiar obras de infraestructura vial, tan necesarias para mejorar la red caminera del País, y libre de “falsos peajes “.

Texto del comunicado:

Desde el CONADUV y la AP informamos al Gobierno Nacional, a los Gobernadores, a los Legisladores Nacionales y Provinciales, Intendentes y Concejales, que sólo el Impuesto a los Combustibles recauda más de $ 145.000.- millones anuales (pesos ciento cuarenta y cinco mil millones anuales). Administrando correctamente dicho dinero y reasignándolo en forma efectiva como corresponde, se podría implementar inmediatamente un verdadero Proyecto Vial, libre de peaje, que contemple toda la red caminera de la Argentina, generando importantes beneficios sociales y económicos para los usuarios viales y para toda la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, los cuantiosos aportes que con gran esfuerzo realizan los usuarios viales y el sector de la producción a través del Impuesto a los Combustibles, son destinados a otras finalidades del Estado, haciendo vano el sacrificio en pos de un medio de transporte carretero más seguro y que no sea una carga más al sistema productivo.

En el País no se ha elaborado un plan coherente para la ampliación, mejora y conservación de la Red Vial, siendo que con el aumento de la actividad económica – comercial, las necesidades de transporte, por ende la circulación vehicular, se han incrementado superlativamente en los últimos años.

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La carencia de caminos adecuados es una de las principales causas de los graves accidentes y siniestros viales que se producen a diario, con la pérdida de vidas humanas y serias secuelas, tanto sicológicas como físicas, para muchas personas. Se habla solamente de estadísticas, controles y educación vial, pero poco y nada se dice de la falta de obras de infraestructura que son necesarias para contar con una red caminera en perfecto estado de transitabilidad. La seguridad vial es un trípode que se asienta en tres pilares: EDUCACIÓN, CONTROL E INFRAESTRUCTURA. Todos ellos son igualmente necesarios. Un trípode no puede sostenerse si falta alguno de sus apoyos.

Otro problema que se genera por la falta de métodos adecuados de financiamiento vial como de una política seria de infraestructura, son los mayores costos en el traslado de las mercaderías a los distintos destinos de consumo, embarque, industrialización, entre otros.

La urgente necesidad de la conformación de una Comisión de Seguimiento en el ámbito del Congreso Nacional para el control principalmente del Impuesto a los Combustibles, se estima indispensable para que el Estado canalice correctamente los mismos.

Por tal motivo el CONADUV y la AP reiteran su propuesta de:

1)  Poner en práctica un verdadero Proyecto Vial que contemple toda la red caminera del País, tanto Nacional como Provincial, LIBRE DE PEAJE, reasignando en forma efectiva los recursos generados a través del Impuesto a los Combustibles. Esto permitiría el sostenimiento y mejoramiento del sistema vial argentino en condiciones óptimas de transitabilidad, implicando el desarrollo de la Argentina, generando inversión y puestos de trabajo. A su vez se lograría reducir el costo de transporte, impulsar y mejorar la situación de las economías regionales, disminuir el índice de accidentes y siniestros viales, promover el turismo, entre tantos otros beneficios.

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2)  Crear en el ámbito del Congreso de la Nación, una Comisión de Seguimiento del uso de los fondos viales, con la participación activa de los usuarios viales directos e indirectos, a los efectos de impedir la malversación y desvío de los mismos, terminando así con el abuso por parte del Estado Nacional.

3)  Rejerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), reafirmando las funciones propias y prioritarias en la totalidad de nuestras rutas nacionales y provinciales, de planificación concertada, control de gestión federalizada, administración e investigación tecnológica, convirtiéndola en el Organismo rector de la Política Vial Nacional y Provincial.

4)  Disolver las Empresas concesionarias “Públicas” sumamente costosas, burocráticas, innecesarias y sin estructura alguna, tales como CORREDORES VIALES S. A. a nivel nacional, AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.) en la Provincia de Buenos Aires, CAMINOS DE LAS SIERRAS S. A. en Córdoba, AUSA (Autopistas Urbanas S. A.) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El CONADUV y la AP son conscientes de las necesidades del Estado, pero también creen importante que los fondos en cuestión sean correctamente administrados. A quienes gobiernan se les solicita coraje, voluntad y decisión política para ponerle punto final a la estafa vial que se padece desde los años 90.

(*) AP – Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional

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Incendios. Crónica de una catástrofe anunciada

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La Provincia de Corrientes adhirió en 1998 a la ley 25080 de incentivos forestales por lo que rápidamente comenzó a cubrir vastas áreas con eucaliptos y pinos.

A partir de ese momento la provincia comenzó a cambiar su fisonomía, su paisaje, y la actividad forestal fue tornándose una de sus principales actividades, hasta llegar a ser la mayor provincia forestal del País.

Junto al nuevo Plan de Desarrollo Forestal, la provincia proyectó una infraestructura de puertos y áreas industriales para que la tala de árboles y la resina de los pinos puedan industrializarse y exportarse a través de sus puertos estratégicamente ubicados sobre el Río Paraná: el área industrial de Ituzaingó y su puerto aledaño, en pleno proceso de construcción , y el Área Logística  e Industrial de Paso de los Libres, justo al lado de la ruta que conduce al Puente Internacional con Brasil, son  un claro ejemplo de esto.

El turismo también abrió nuevas inversiones, fortaleciendo a las áreas protegidas y potenciando las inversiones a nivel nacional e internacional.

Así Corrientes fue instalándose en el mapa económico del país, mejorando su economía y abandonando poco a poco el mote de ser una de las provincias más pobres de la Argentina.

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La sequía no tardó en aparecer para azotar a las provincias ligadas a los ríos Paraná y Uruguay, lo que motivó la aprobación de la ley de emergencia hídrica en julio de 2021.

En el caso de los incendios en Corrientes, la zona comenzó a registrar condiciones de sequía de severa a extrema en noviembre de 2021.  Los campos amarillos, y los incendios frecuentes venían anunciando la crónica de una catástrofe anunciada. A esto se le sumó el verano, con temperaturas extremadamente altas.

Hay que aprender, en base a esta experiencia, que el Estado debe tener medidas para paliar este tipo de catástrofes en materia de prevención, infraestructura e inversión.

 Diseñar instrumentos y mecanismos legales para la implementación de planes de manejo de plantaciones. Implantar sistemas de monitoreo satelitales para identificar las zonas proclives al fuego y tomar acciones preventivas ante la ocurrencia de incendios forestales, es prioritario.

El fuego en Corrientes lleva arrasado el 11 por ciento de la superficie de la provincia, afectando a cerca de 74.000 hectáreas, un 40 por ciento de la superficie del Parque Nacional Iberá.

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Creo y espero que este golpe mortal al “ser” correntino, al espíritu guaraní, aporte las fuerzas necesarias para poder sobreponerse  y salir adelante. La garra y valentía correntina está demostrándose hoy más que nunca y será el motor, como un fuerte “sapucay”, para salir adelante!

(*) Por Delia Raquel Flores – Empresaria logística – Despachante de Aduana, nacida en Paso de los Libres (Ctes). Mail: delia.flores@deliaflores.com

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Opinión

El impostor de los Derechos Humanos (*)

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Hace unos días, José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), abandonó el ostracismo de su carguito ñoqui de correctismo político, pagado con tus impuestos y saltó a la fama al quedar escrachado en un video en el que se lo ve insultando y golpeando a una empleada de la terminal de ómnibus de Santa Clara del Mar.


De este episodio se desprenden varias cosas por analizar, comencemos de menos a más.
Primero, el energúmeno este se encontraba en el interior del local con el barbijo por debajo del mentón, como si se tratase de un babero. Más allá de lo que yo opine acerca del uso de los barbijos, claramente este distinguido miembro de la progresía reinante debería ser consecuente con su credo, pero como es sabido, para estos sátrapas, ser consecuente, resulta ser algo impensado.


Este personaje despreciable resulta ser un prepotente que apela a su cargo para amenazar a la empleada con hacerla llevar presa, le toma una fotografía a otra cliente allí presente invadiendo su privacidad, insulta a la trabajadora y a continuación ingresa a su espacio de trabajo y le propina un golpe. Solo un mononeuronal recurre a la violencia para hacerse escuchar. Está pésimo que alguien golpee a otro salvo en defensa propia, si a esto le
sumamos que se trata del presidente de la LADH, entonces el episodio está agravado por el cargo que ocupa este farsante e inservible servidor público.


Golpeó a una mujer y por ello se le imputó desde la fiscalía los delitos de amenazas y lesiones leves agravadas por mediar violencia de género.

Acá debo levantar mi queja. Considero las carátulas de violencia de género como un insulto a las mujeres, es una forma de ningunearlas, de considerarlas “un ser inferior o desvalido” al que hay que tenerle pena y una contemplación extra. Es interesante cómo se pretende, desde el estado y desde la progresía, apropiarse e imponer el respeto y el buen trato hacia las mujeres, conducta que ya se promueve desde hace cientos de años desde las normas de cortesía y de buena conducta. Me dirán que estas normas sociales del pasado fracasaron, quizás, pero los desquicios del feminismo radical han mostrado aún peores resultados.

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Les feministes condenan el abrirle la puerta a una mujer, el correrle la silla para que se siente o incluso el grito “primero las mujeres y los niños” de un naufragio por ser ejemplos del patriarcado que las menosprecia y somete, y acto seguido, corren a refugiarse al abrigo de papá (macho) estado y piden que las protejan con un trato diferencial… son incoherentes.
Por último, este cretino pidió licencia en su cargo, ¡en vez de renunciar!, y peor aún, ¡se la aceptaron y no lo echaron!, esto demuestra que semejante idiota no es más que uno más de los tantos que pululan en estos organismos.


¡Y no ha de sorprendernos!, solo debemos recordar a la docente desquiciada que le gritaba al alumno (le dieron licencia y ya retornó al trabajo) o a la trastornada de Hebe de Bonafini quien proponían probar las Taser en niños con absoluta impunidad.


Como frutilla de postre, quiero dejar una observación tangencial de este episodio que de ninguna manera justifica a este demente, pero que creo debe llamarnos a la reflexión.
Estamos viviendo en una sociedad con los nervios crispados, una sociedad reactiva y violenta que responde al menor estímulo con ferocidad. Yo me pregunto: ¿tendrá algo que ver el Estado ausente? Ausente en la falta de seguridad, ausente en la falta de justicia, ausente de estadistas.

¿O será por el estado presente? Presente en nuestros bolsillos para saquearlos, presentes en una educación adoctrinadora y embrutecedora, presente en una salud estatal mala y cara, presente en corruptos, en demagogos, en burócratas que con tal de justificar sus puestos te llenan de trabas y te hacen la vida imposible… burócratas imbéciles como José Schulman.

(*) Por Rogelio López Guillemain – rogeliolopezg@hotmail.com

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Opinión

Estado presente (si es de la mala)

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“El que compró droga en las últimas 24 horas, descártela porque es de la mala”.

Tuit de Aníbal Fernández, ministro de Seguridad de la Nación.

Una es rápida y contundente, la otra lenta y persistente, pero ambas matan, la mala y la buena.

 Con la muerte de 24 personas y la hospitalización de más de 80 en la Provincia de Buenos Aires por consumo de cocaína adulterada, parecía que explotó una bomba, no solo por su impacto periodístico sino fundamentalmente por el movimiento gubernamental en torno a ello.

En estos pocos más de dos años de gestión del actual presidente, es la primera vez que se observa, ostensible, la presencia del estado en el tema de drogas ilegales. De viaje a Rusia y China, tanto Alberto Fernández como Kicillof siguieron el tema con preocupación.

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Con el desgraciado incidente, vuelve a tomar dimensión la   temática de las drogas ilegales, que durante largos veintiséis meses parecieron adormilados o, directamente, olvidados.

La gravedad del hecho de la muerte u hospitalización de personas dispara nuevamente la discusión acerca de la intervención del estado tanto en lo referente al narcotráfico como al narcomenudeo y al consumo.

El debate nunca concluso sobre la eficacia de la prohibición de las drogas peligrosas y la alternativa de permitir el consumo regulado de las mismas como política de Estado, no tiene un final consensuado y contundente.

Estados Unidos es el país que más recursos destina a la lucha contra el narcotráfico, sin embargo es a la vez la sociedad con mayores niveles de consumo, es el imán para los mercaderes de la muerte.

Y donde hay narcotráfico hay corrupción pública, las estratosféricas sumas que se manejan, promueven la penetración narco en las estructuras del Estado, tanto políticas como policiales y judiciales. Sergio Berni expresó que “el narcotráfico es un delito federal. Cuando se autorizó a las provincias a intervenir en el narcomenudeo, se abrió la puerta para la corrupción en la policía y la justicia provincial”.

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Si bien es un tema que impone la adopción de políticas de Estado que atraviesen horizontalmente los partidos, sin embargo pueden verse en el gobierno actual los sesgos ideológicos que impiden una continuidad en la metodología de lucha.

Está claro que en nuestro país es ilegal la comercialización de las drogas peligrosas (cocaína, marihuana, etc.), por lo que la obligación institucional es combatirla en todos los frentes. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho.

Cristina, con su dedito levantado cual maestra ciruela, enseñó días pasados en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que “el neoliberalismo pugna por el achique del Estado… pero ¿qué pasa, y qué pasó, y qué está pasando en la región cuando se instalan estas doctrinas neoliberales? Aparece el narco”. Cuando no, el maldito neoliberalismo.

Pero, como todo buen populista, echa culpas a terceros pero no explica nada. Un estado presente no es un Estado gordo, sobredimensionado, elefantiásico, un Estado presente es un estado eficiente, con musculatura, que gasta donde debe gastar. No se trata solo del “cuánto” sino del “cómo”.

 Pruebas al canto: Cristina gobernó durante ochos años (2007-2015) seguidos a la Argentina, luego de un primer mandato de su marido. Pareciera que no les alcanzó el tiempo para desplazar al “neoliberalismo”. La docencia que hoy ejerce nada tiene que ver con Teófanes Ciruela Notengo.

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En 2014, luego de once años de gestión kirchnerista, la Sedronar y la Superintendencia de Drogas Peligrosas contaron con un presupuesto de $260,4 millones, contra un gasto en ese mismo año en el Fútbol para Todos cinco veces superior, de 1.410 millones. Como se ve, gastar dinero en el combate a las drogas es “neoliberal” y hacerlo en el fútbol es “progresista”.

Esta política de disminuir la presencia estatal en la lucha contra el narcotráfico continuó con el gobierno de Alberto Fernández. Se devaluaron áreas clave, como la eliminación, durante la gestión Frederic, de la Subsecretaría contra Narcotráfico y su reemplazo por una simple dirección, la prohibición de realizar inteligencia en las cárceles para desenredar la madeja de las mafias, la subsistencia de puestos judiciales vacantes que dificultan la tarea.

“En tres años probablemente sea el peor problema de nuestro país” expresó Horacio Rosatti, presidente de la Csjn, en diciembre de 2021, en una reunión de especialistas, lo que da la pauta de la importancia de la temática.

Pero el Gobierno pareciera que despertó de su narcolepsia recién la semana pasada, en que salieron a la calle a perseguir al “dealer” que vendió la cocaína adulterada que generó muertos y hospitalizados. Es decir, preocupó la adulteración, no la comercialización.

 Qué otra conclusión cabe si no cuando el mensaje oficial no está en advertir los peligros de la adicción a las drogas, sino en promover el consumo “responsable”. Hizo mucho ruido la publicidad del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que textualmente expresa: “Anticipate para disfrutar como te gusta. Prácticas saludables: 1) Analizá cuál va a ser tu límite. 2) Mantené un vínculo, no te aísles. 3) Conocé el origen de lo que consumís. #ConsumoCuidado”. Como #PreciosCuidados, ¿vio?

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El mensaje estatal hubiera sido más corto y contundente, así se ahorraban unos buenos pesos en el aviso: “Consumí, pero de la buena”. La realidad es que tanto la buena como la mala, matan. Obviamente, si se consume veneno, la mortalidad será inmediata y extendida, pero la adicción a las drogas peligrosas mata también, a la larga o a la corta, además de todas las consecuencias personales, familiares y sociales que su utilización acarrea, especialmente en los barrios marginales.

Según el último estudio nacional disponible sobre consumo de sustancias psicoactivas realizado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Argentina en 2017, en el período 2010/2017, el consumo se incrementó un 100 %.

Obviamente, la letalidad sube geométricamente cuando la mezcla se produce con drogas de diseño, como el fentanilo (al parecer fue utilizado en el caso de la Provincia de Buenos Aires), un fuerte opioide sintético similar a la morfina pero entre 50 y 100 veces más potente.

Aníbal Fernández es un funcionario que generalmente huele mal. Durante su anterior gestión, la importación de efedrina (un precursor químico, también utilizado para la producción de drogas ilegales) se disparó geométricamente. Lo propio sucedió en este último tiempo con el fentanilo. ¿Casualidad o causalidad?

De cualquier modo, siendo el narcotráfico un problema mundial muy difícil de enfrentar, todo es más grave ante la incompetencia, la complicidad y la falta de continuidad en las políticas públicas.

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Sesgar la discusión para el lado de las ideologías, es desviar el debate hacia direcciones impropias. Lo hace Cristina en sus periplos pseudo académicos, trayendo solo confusión y mensajes inoficiosos.

Sin dudas que el gobierno de Fernández, como hijo putativo del kirchnerismo, continúa con la política del “laissez faire, laissez passer”, relajando la presencia del Estado en el combate contra el narcotráfico.

Eso sí, cuando es de la mala, el Estado aparece con toda su contundencia, como cuidándole el prestigio al narco. No vaya a ser que el negocio decaiga por la mala mercadería.

(*) Por Jorge Eduardo Simonetti – jorgesimonetti.com

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