A casi 50 años del último golpe de Estado en Argentina y cuando nuestro país cumple cuatro décadas de democracia ininterrumpida, Amnistía Internacional reafirma la importancia del proceso de memoria, verdad, justicia y reparación que es ejemplo tanto a nivel nacional como internacional.

Gracias a la histórica lucha de familiares, organizaciones y gran parte de la sociedad, cada 24 de marzo es una jornada crucial para destacar los logros conquistados en materia de derechos humanos, pero también para renovar el compromiso de no olvidar lo sucedido, tanto para las generaciones actuales como para las que vendrán.

Argentina vivió sus días más trágicos en el período de la última dictadura cívico-militar. La experiencia en el juicio y castigo de los crímenes cometidos entre 1976 y 1983 ha sido ejemplificadora y ha servido de antecedente para otros países en sus procesos de búsqueda de la verdad y reparación a las víctimas.

Entre 2006 y mediados de 2022 se dictaron 278 sentencias, con lo que el total de condenas fue de 1.070 y el de absoluciones de 161.

Si bien el sistema judicial presenta estructuralmente demoras y falencias en diferentes instancias, el juzgamiento de las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura cívico-militar se encuentra consolidado en Argentina.

Amnistía Internacional acompaña las acciones para visibilizar una nueva jornada de reflexión sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.

El ministerio de Educación señaló en un comunicado que los becarios y las becarias que ya cuentan con la beca deben volver a inscribirse en la web del programa. El período se encuentra abierto hasta el 31 de marzo.

Los estudiantes beneficiarios de las becas Progresar deben volver a inscribirse en la convocatoria 2023 de acuerdo a lo que informó este miércoles el ministerio de Educación de Nación, que además recordó que continúa abierta la inscripción a la iniciativa en la que el Estado nacional invierte 143.000 millones de pesos.

La cartera educativa señaló en un comunicado que los becarios y las becarias que ya cuentan con la beca deben volver a inscribirse en la web Progresar: argentina.gob.ar/progresar.

El período de inscripción se encuentra abierto hasta el 31 de marzo para Progresar Obligatorio, Progresar Superior y Progresar Enfermería; mientras que la inscripción a la Línea Progresar Trabajo estará disponible desde el mes de marzo hasta noviembre inclusive.

Los requisitos de edad para acceder al programa desarrollado por la Secretaría de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias varían según la línea de beca.

Para Progresar Obligatorio los estudiantes deben tener entre 16 y 24 años. Para Progresar Superior, entre 17 y 24 o hasta 30 si son estudiantes avanzadas o avanzados. Para Progresar Trabajo entre 18 y 24 años, ampliándose a 40 para quienes no poseen trabajo formal registrado.

En las tres líneas,  los aspirantes pueden inscribirse hasta los 35 años si tienen hijas o hijos menores de 18 años a cargo y pertenecen a hogares monoparentales.

En ningún caso se establece límite de edad para grupos priorizados (personas trans, con discapacidad, refugiadas o pertenecientes a pueblos indígenas y afrodescendientes). Para la línea Enfermería deben tener 17 años cumplidos, pero no se establece un límite de edad máxima.

Los ingresos del grupo familiar de las y los aspirantes no deben superar tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil vigente en Argentina. Por último, deberán acreditar la asistencia a una institución educativa y cumplir con los requisitos de avance académico según la línea.

Telam

El reporte señala que, si bien se establecen “sanciones penales” contra abusos de poder por parte de funcionarios, la gestión nacional actual “no implementó la ley de manera efectiva”.

El departamento de Justicia de Estados Unidos, en su informe “Human Rights Report 2022″, advirtió sobre casos de corrupción en el gobierno de Alberto Fernández y alertó por la actual embestida contra el Poder Judicial.

Según el informe, se reportaron “serios problemas con la independencia del poder judicial y una grave corrupción gubernamental”.

El documento de carácter anual señaló que “la ley establece sanciones penales por corrupción de funcionarios, pero el gobierno no implementó la ley de manera efectiva”. Además, “hubo numerosos informes de corrupción gubernamental durante el año. Instituciones débiles y un sistema judicial a menudo ineficaz y politizado socavaron los intentos sistemáticos de frenar la corrupción”, advirtió.

Qué dijo el Departamento de Estado sobre la corrupción en el gobierno de Alberto Fernández

En su capítulo sobre Corrupción y Falta de Transparencia en el Gobierno, el informe señaló que “en septiembre se estaban llevando a cabo varias investigaciones relacionadas con la corrupción contra figuras políticas de alto rango en ejercicio y ex, incluida la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”.

“Fernández de Kirchner y nueve acusados principales (45 acusados en total) fueron acusados de recibir sobornos, pagar sobornos, o ambos, en contratos de obras públicas entre 2008 y 2015 cuando Fernández de Kirchner era presidente. Los fiscales estimaron el valor total del esquema de soborno en $160 millones. El 22 de agosto, los fiscales federales resumieron el caso de corrupción en obras públicas y solicitaron que el tribunal de primera instancia condenara a Fernández de Kirchner y la condenara a 12 años de prisión y le impusiera una inhabilitación de por vida para desempeñar cargos públicos. Fernández de Kirchner y sus hijos enfrentaron otros cuatro casos de corrupción financiera”, detalló.

Sin embargo, el reporte omite la condena de 6 años de prisión que recibió la expresidenta por la causa Vialidad en diciembre pasado.

Por otra parte, el informe afirmó: “Con base en una investigación anterior, en julio, las autoridades acusaron al juez federal Walter Bento de lavado de dinero y de recibir sobornos a cambio de que Bento brindara beneficios a las personas que fueron acusadas y detenidas en casos penales. Los dos hijos de Bento también fueron acusados de lavado y recepción de sobornos. El 3 de octubre, los fiscales solicitaron un juicio para Bento y los coacusados”, precisó.

 “La corrupción y la complicidad oficial se dieron en algunas fuerzas de seguridad. Los abusos más frecuentes incluyeron la extorsión y la protección de los involucrados en el tráfico de drogas, trata de personas, lavado de dinero y prostitución. Las denuncias de corrupción en los tribunales provinciales y federales fueron frecuentes”, indicó.

En su resumen ejecutivo, el departamento de Estado señaló que “las cuestiones importantes de derechos humanos incluyeron informes fidedignos de ejecuciones ilícitas y arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios federales y provinciales; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; serios problemas con la independencia del poder judicial; y una grave corrupción gubernamental”.

“El gobierno tomó medidas limitadas para identificar, investigar, enjuiciar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos o se involucraron en actos de corrupción”, enfatizó.

Qué dijo el informe del Departamento de Estado sobre el Poder Judicial

El informe detalló que “la impunidad siguió siendo un problema importante en las fuerzas de seguridad en todos los niveles. La corrupción y un sistema judicial lento y politizado obstaculizaron los esfuerzos para investigar los abusos”, indicó.

Además, dijo que “en general, el gobierno denunció los abusos denunciados y se esforzó por capacitar a las fuerzas militares y policiales en todos los niveles sobre derechos humanos, incluso a través de capacitación en línea durante la pandemia de COVID-19″.

En otro punto del informe, señaló que ONG nacionales denunciaron que “los jueces de algunos tribunales penales federales y provinciales en ocasiones fueron objeto de manipulación política”.

También indicó que las “largas demoras, atascos procesales, largas brechas en el nombramiento de jueces permanentes, apoyo administrativo inadecuado e ineficiencia obstaculizaron el sistema judicial. La amplia discrecionalidad de los jueces sobre si continuar con las investigaciones y cómo hacerlo contribuyó a la percepción pública de que muchas decisiones judiciales eran arbitrarias”.

Por otra parte, el reporte destacó la existencia de una plena libertad de expresión en el país. “La constitución establece la libertad de expresión, incluso para los miembros de la prensa y otros medios, y el gobierno en general respetó este derecho. Medios de comunicación independientes, un poder judicial eficaz y un sistema político democrático en funcionamiento se combinaron para promover la libertad de expresión, incluso para los miembros de los medios de comunicación”, afirmó.

No obstante, destacó denuncias de hostigamiento contra periodistas, así como agresiones físicas y amenazas. En ese punto, recordó que FOPEA citó tres casos de hostigamiento judicial a periodistas, entre ellos juicios contra Irene Benito (La Gaceta) , Daniel Santoro (Clarín) y Daniel Enz (Revista Análisis). En todos estos casos, FOPEA argumentó que figuras políticas utilizaron el sistema legal para silenciar a estos periodistas”, afirmó.

Fuente: tn.com.ar