El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la UNNE consolidaron una agenda de trabajo conjunto mediante la firma de un acuerdo marco de cooperación y dos convenios específicos orientados a la formación académica, la extensión universitaria y la capacitación de recursos humanos.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Corrientes, Juan José López Desimoni, y la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Mónica Anís, suscribieron este miércoles un acuerdo marco de cooperación y dos acuerdos específicos destinados a fortalecer el trabajo conjunto entre ambas instituciones en materia de formación, capacitación y vinculación institucional.
El acuerdo de trabajo establece un marco de colaboración para desarrollar actividades de formación académica, investigación, extensión universitaria, transferencia, capacitación y promoción de derechos, además de impulsar proyectos conjuntos en beneficio de la comunidad.
Sobre esa base, también se firmó un acuerdo para implementar el Sistema de Prácticas Vocacionales Orientadas, que permitirá a estudiantes avanzados de la carrera de Abogacía realizar experiencias formativas en distintas áreas del Ministerio, fortaleciendo su formación profesional mediante el contacto directo con la gestión pública.
Asimismo, ambas instituciones acordaron el desarrollo conjunto del curso de extensión universitaria “Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, una propuesta destinada a agentes y profesionales del Ministerio, graduados y estudiantes avanzados de la Facultad, con el objetivo de fortalecer la capacitación en la promoción y protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. La iniciativa será articulada por la Dirección de Protección de Niñez y Adolescencia (DiPNA) del Ministerio junto con la Facultad de Derecho.
Con estos convenios, el Ministerio de Justicia y la Facultad de Derecho consolidan una agenda de trabajo conjunto orientada a promover la formación continua, fortalecer las capacidades institucionales y generar nuevas herramientas para mejorar las políticas públicas vinculadas al acceso a la justicia y la protección de derechos.
