por Corrientes al Día
La seccional Corrientes del Sindicato de Camioneros atraviesa su peor crisis institucional en años. Denuncias por presuntas maniobras de malversación, desplazamientos de autoridades, fallos judiciales resistidos y una obra social al borde del colapso configuran un escenario que ya desbordó el plano sindical y quedó en manos de la Justicia Federal y del Superior Tribunal de Justicia de la provincia.
La interna se desencadenó tras la denuncia del entonces secretario general, Emilio Rotela, por presuntas irregularidades en el manejo de fondos millonarios dentro del gremio. Poco después, Rotela fue desplazado, lo que dio inicio a una batalla interna que escaló rápidamente. La Justicia Federal ordenó su restitución y suspendió asambleas, incluyendo las que buscaban expulsarlo y aprobar balances, pero esas resoluciones no fueron acatadas por la conducción que actualmente controla el gremio, la denominada Lista 15.
Parálisis institucional y una obra social en crisis
Mientras las decisiones judiciales encuentran resistencia, la seccional opera en un estado de virtual paralización: asambleas impugnadas, órganos internos cuestionados y un funcionamiento administrativo irregular que genera incertidumbre entre los afiliados. La obra social también se ve afectada. Demoras en autorizaciones, dificultades operativas, reclamos por falta de prestaciones y un clima de tensión permanente golpean directamente a los trabajadores y a sus familias.
Lejos de tratarse de una disputa entre dos sectores, el conflicto se amplió con la participación de nuevas listas internas que cuestionan la legitimidad de la conducción y denuncian irregularidades. Estos grupos reclaman un proceso de normalización transparente, con participación de todos los sectores y supervisión judicial y gremial.
La disputa ya está en la Cámara Federal y el STJ
La escalada judicial no tiene antecedentes recientes en la seccional. Amparos, cautelares, impugnaciones de asambleas, denuncias por presuntas irregularidades económicas y planteos por incumplimiento de fallos conforman un voluminoso expediente que ya llegó a la Cámara Federal de Apelaciones y al Superior Tribunal de Justicia. Ambos organismos deberán emitir una resolución definitiva que permita restituir el orden institucional y evitar un deterioro mayor del entramado sindical.
La crisis en Corrientes se da en un contexto nacional de creciente desgaste del liderazgo del clan Moyano. Las sedes del gremio y de la obra social en la provincia exhiben fuerte simbología ligada a Hugo Moyano, mientras distintas jurisdicciones del país atraviesan procesos de fractura interna, reclamos de renovación y cuestionamientos al modelo de conducción familiar. En ese tablero, Corrientes aparece como una pieza especialmente sensible.
Afiliados vulnerables
Mientras la interna se profundiza, son los trabajadores quienes pagan el costo. Trámites demorados, decisiones cuestionadas, servicios de salud resentidos y falta de previsibilidad en la defensa de derechos laborales forman parte de un cuadro que deja a los afiliados en situación de vulnerabilidad. Distintos sectores coinciden en que sin una intervención judicial clara y un proceso de normalización real, la crisis seguirá erosionando derechos básicos y prestaciones esenciales.
En esta disputa no se define simplemente quién conducirá el gremio. Lo que está en debate es la transparencia en el manejo de los recursos, la credibilidad institucional y la capacidad del sindicato de brindar respuestas y servicios a miles de trabajadores correntinos. Hasta que no haya un fallo firme de los máximos tribunales y un llamado a la normalización, Camioneros Corrientes continuará bajo un fuego cruzado que paraliza su estructura y golpea directamente a sus afiliados.
