Por Corrientes al Día
La trama judicial que rodea al clan Sena suma un nuevo capítulo en la provincia del Chaco. Tras ser declarados culpables por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Emerenciano Sena y Marcela Acuña enfrentarán ahora un nuevo proceso por lavado de activos provenientes de fondos públicos, una causa federal que expone un entramado de bienes, millonarias facturaciones estatales, gastos injustificables y un crecimiento patrimonial incompatible con sus ingresos como empleados públicos.
Según el requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal federal Patricio Sabadini, la pareja habría montado, a través de su estructura política y social, un esquema de blanqueo de dinero utilizando como vehículo principal a la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, entidad que manejaba decenas de millones de pesos en transferencias estatales, gran parte retiradas en efectivo, sin demostrar su aplicación real.
Un juicio por lavado que se suma a la condena por femicidio
El nuevo proceso avanzará luego del caso más resonante del país: el femicidio de Cecilia Strzyzowski donde un jurado popular halló culpables a César Sena, autor del homicidio agravado por el vínculo y en contexto de violencia de género y a sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña, como partícipes primarios, acreditando que ambos tuvieron un rol activo en la planificación, ejecución y encubrimiento del crimen.
La audiencia de imposición de penas está prevista para el 26 de noviembre, donde se espera que se formalice la prisión perpetua para los tres condenados. Mientras tanto, la Justicia federal avanza para sentarlos nuevamente en el banquillo, esta vez por maniobras económicas que, según la acusación, funcionaron durante años en paralelo a su poder político.
Qué investiga la Justicia federal: bienes, dinero y un patrimonio inexplicable
De acuerdo al expediente, la maniobra delictiva consistió en poner en circulación fondos de origen ilícito —provenientes de fraudes y desvíos millonarios de la administración pública chaqueña— otorgándoles apariencia de legalidad mediante compras de bienes, retiros en efectivo y uso de la fundación como fachada operativa.
Entre los puntos más salientes de la acusación se destacan:
▸ Adquisición de vehículos de alta gama y bienes rurales
El expediente detalla la compra de camionetas 0 km, camiones, acoplados y un Mercedes Benz Atego, además de inmuebles rurales y departamentos adquiridos mediante boletos que nunca fueron registrados formalmente.
Todo ello contrasta con los ingresos declarados por ambos: salarios docentes y trabajos administrativos.
▸ La Fundación como centro de operaciones
La Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, presidida por Sena y con Acuña como tesorera, facturó cifras millonarias a múltiples organismos estatales. Solo al IAFEP emitió $186 millones en 2023, además de recibir fondos para viviendas que nunca se construyeron.
El análisis contable reveló:
- Gastos inflados entre 238% y 477% en un solo año.
- Falta de registro de empleados.
- Retiros en efectivo realizados casi exclusivamente por Sena.
- Un faltante de $62,7 millones detectado en la intervención oficial.
▸ Facturación estatal y retiros sin justificación
La fundación habría recibido entre 2015 y 2023 acreditaciones por más de $400 millones, según AFIP, prácticamente todas extraídas de inmediato y sin trazabilidad.
Para los fiscales, esa modalidad era clave: los retiros permitían “bancarizar” dinero sin dejar rastros, simulando gastos inexistentes.
▸ Viajes al exterior y movimientos incompatibles
A través de informes migratorios se acreditaron viajes internacionales a Paraguay, Brasil, Uruguay e Italia, imposibles de justificar con los ingresos lícitos que declaraban.
El origen del caso: el allanamiento por la desaparición de Cecilia
La causa por lavado se inició tras el allanamiento del 9 de junio de 2023 en la casa de la familia, en plena búsqueda de Cecilia. Allí se secuestraron más de $6 millones en efectivo, hallazgo que alertó a las autoridades sobre un posible delito económico.
A partir de esa “noticia criminis”, Sabadini abrió la investigación que hoy tiene pedido de elevación a juicio.
El dictamen judicial también describe un sistema de financiamiento paralelo que involucraba cooperativas, asociaciones y un esquema político que les permitió manejar, según la Fiscalía, más de 900 millones de pesos en subsidios, programas y convenios.
Esa red funcionaba, según el expediente, con fines que excedían los objetivos sociales: “una matriz estructural de corrupción con fondos provinciales”.
Mientras el clan espera la sentencia por el femicidio deberá enfrentar:
- Un juicio federal por lavado de activos, con pruebas documentales, contables, bancarias y testimoniales.
- Posibles nuevas imputaciones por defraudación y fraude a la administración pública en causas conexas.
El caso, que comenzó con la búsqueda desesperada de una joven de 28 años, revela ahora un entramado económico que la Justicia definió como un mecanismo sistemático de enriquecimiento ilícito.
Requerimiento del fiscal sabadini:
