Corrientes se sumó al reclamo nacional contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Miles de personas, entre familias, prestadores de salud y organizaciones vinculadas a la discapacidad, se movilizaron el martes por la tarde-noche en la capital provincial para exigir la restitución de la norma y denunciar el impacto que tendrá su derogación en la vida de miles de argentinos.
La concentración se realizó en la plaza 25 de Mayo, frente a Casa de Gobierno, bajo la consigna “No al veto”. Largas columnas recorrieron las calles céntricas con pancartas, aplausos y cánticos, visibilizando un reclamo que, según los organizadores, busca defender derechos básicos como el acceso a terapias, medicamentos, transporte adaptado y pensiones.
Entre los manifestantes se encontraban terapeutas, profesionales y trabajadores de centros especializados que alertaron sobre la falta de actualización de honorarios desde octubre de 2023 y los pagos demorados de obras sociales que, en el mejor de los casos, se concretan a los 90 días. Esta situación —advierten— ya provocó el cierre de centros y la suspensión de tratamientos.
“Esto significa interrumpir o limitar terapias, transporte adaptado y pensiones que sostienen la vida cotidiana de las personas con discapacidad”, sostuvo la psicóloga Giselle Cesario Spinnenhirn.
Por su parte, Rocío Ríos, licenciada en Educación Especial, remarcó que la medida “es como retroceder 30 años en inclusión”, y agregó: “Que las personas no accedan a sus terapias es condenarlas a vivir encerradas en sus casas”.
La Ley de Emergencia en Discapacidad garantizaba:
- Actualización automática de aranceles y pagos a prestadores.
- Transporte adaptado para asistir a terapias, escuela o trabajo.
- Nueva pensión no contributiva compatible con empleo formal.
- Fortalecimiento institucional de la Agencia Nacional de Discapacidad para mejorar control y transparencia.
Un retroceso con impacto directo en niños y adolescentes
Profesionales y familias coinciden en que los más perjudicados serán niños, niñas y adolescentes con mayores necesidades de apoyo, que requieren múltiples terapias semanales o transporte adaptado diario. En esos casos, cualquier interrupción afecta el desarrollo, la integración social y la calidad de vida.
El malestar no se limita a lo económico. Muchos manifestantes cuestionaron el mensaje político y social que implica el veto. “Más allá de la plata, es lamentable cómo el Gobierno nacional se dirige a las personas con discapacidad. Se está descartando a los más vulnerables”, expresó Ríos.
La movilización en Corrientes formó parte de una jornada nacional de protestas replicada en varias ciudades, donde el reclamo central fue el mismo: defender los derechos conquistados y exigir al Estado que garantice los servicios esenciales para las personas con discapacidad.
