- Un joven cordobés fue procesado por usar fotos de sus compañeras en montajes sexuales generados con inteligencia artificial.
- Lo acusan de causar daño psicológico grave y podría enfrentar una pena que va de 3 a 20 años de prisión.
- Las claves del caso y el reclamo de especialistas para regular y prevenir esta problemática.
Por Ruido
Un joven de 19 años fue procesado en Córdoba por usar inteligencia artificial para generar imágenes pornográficas falsas de sus compañeras de colegio y publicarlas en internet.
El caso se elevó a juicio y está encuadrado como lesiones graves calificadas por mediar violencia de género, en el marco de la Ley de Protección Integral a las Mujeres y su reciente reforma con la llamada Ley Olimpia.
Se trata de una causa judicial que tiene aristas novedosas: aunque en Argentina no existe una figura penal específica para la violencia digital, la fiscalía argumentó que el impacto emocional en las víctimas, que eran menores de edad, fue tan grande que encaja en el delito de lesiones graves.
Para sostener esta acusación, el abogado de las víctimas y la fiscalía se respaldaron en los informes psicológicos que describen cuadros de estrés postraumático, ansiedad, aislamiento y vergüenza persistente.
El abogado de tres de las 16 jóvenes afectadas, José D’Antona, propuso desde el inicio este encuadre legal: “Si no lo hacíamos así, la causa podía quedar en el limbo legal. Necesitábamos que se entendiera la magnitud del daño”, dijo a Ruido, medio que conforma la Red Federal de Periodismo e Innovación.
La denuncia fue recibida por el fiscal Pablo Cuenca, a cargo de la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género del sexto turno de Córdoba. Tras un año de investigación, elevó la causa a juicio. De ser condenado, el imputado -identificado por sus iniciales J.M.C- podría recibir entre 3 y 20 años de prisión.
Su defensa, encabezada por el abogado Claudio Orosz, ya adelantó a Ruido que apelará la elevación a juicio y cuestionará tanto la prueba como la calificación legal. El juez de Control deberá confirmar o rechazar la elevación a juicio.
Pero el caso no queda allí. La situación del joven se agravó luego de que en el análisis de su computadora y celular encontraron un video sobre abuso sexual infantil. Por ese video (que se corresponde con el delito 128 del Código Penal) fue imputado por la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual del segundo turno de Córdoba a cargo de Ingrid Vago.
¿Qué pasó y por qué se lo acusa?
Según el requerimiento de elevación a juicio, se le atribuye haber descargado imágenes de sus compañeras (menores de 18 años) de redes sociales, creando deepfakes sexuales mediante face‑swapping (una técnica de inteligencia artificial que permite insertar rostros reales sobre cuerpos ajenos) y publicarlas en el sitio Poringa con sus nombres reales y descripciones denigrantes.
Aunque la Justicia ordenó la desindexación de imágenes de estos sitios, aún en el buscador de Google el nombre de algunas de las jóvenes sigue siendo asociado a páginas porno, lo que le da continuidad al daño provocado en su reputación.
¿Qué consecuencias sufrieron las víctimas?
Producto de esta exposición, las víctimas sufrieron ansiedad, temor, vergüenza y síntomas compatibles con trastorno de estrés postraumático, que les demandó de un tratamiento psicológico prolongado.
Las pericias psicológicas a L.L.H. y F.K. indicaron que padecían efectos consistentes con trastorno de estrés postraumático moderado, aislamiento, miedo, cambios en ánimo, sueño y autoestima, según consta en la resolución judicial a la que accedió Ruido.
¿Cómo se usó la IA para hacer esas imágenes?
Se utilizó face‑swapping, una técnica que se usa para intercambiar la cara de una persona en una foto o un video a través de la inteligencia artificial. En este caso, las víctimas fueron colocadas en escenas sexuales explícitas sin su consentimiento.
Los peritos forenses confirmaron en la investigación el uso de IA y recuperaron metadatos y firmas de manipulación digital en los archivos.
La psicopedagoga y especialista en violencia digital, Mariana Savid, explicó a Ruido que hay aplicaciones que pueden “desnudarte en segundos” y sin mencionar los nombres de estas herramientas “para no difundir algo que puede fomentar su mal uso”, mostró a este medio cómo se puede realizar la práctica tan sólo subiendo la imagen de una persona.
¿Hay regulación para esto?
Argentina incorporó la violencia digital con perspectiva de género en la Ley 26.485 a través de la Ley Olimpia (Ley 27.736, vigente desde 2023). Esto permite que actos como la difusión de imágenes sexuales no consentidas puedan encuadrarse como lesiones graves (del artículo 90 del Código Penal), en lugar de simples contravenciones. Esta causa pone a prueba cómo este marco legal se adapta al uso de tecnología y la inteligencia artificial.
Necesidad de legislación y prevención
La psicopedagoga Mariana Savid, que brinda capacitaciones en escuelas en las que trata el tema con adolescentes, advirtió que los chicos sienten que un ‘fake’ es un chiste: “No ven la gravedad hasta que le ocurre a alguien cercano. Se puede destruir la reputación de una persona”, le dijo a Ruido.
“La solución no es tecnológica, es educativa si no vamos a tener un ‘inframundo digital’ lleno de violencias disfrazadas de bromas”, dijo. Y agregó: “Hay datos que son alarmantes, como los publicados por la organización Chicos.net que indica que el 73% de los chicos está expuesto a contenido sexuales y que 7 de cada 10 víctimas de deepfake son mujeres de 18 años”.
La especialista hizo hincapié en la necesidad de que las escuelas aborden la ciudadanía digital, el uso responsable y ético de estas tecnologías y no solo “usuarios técnicos”.
Por su parte, el fiscal Cuenca remarcó a Ruido la necesidad de un marco normativo específico en el Código Penal y el trabajo de prevención: “Necesitamos que el Congreso recepte en la ley penal nuevas formas de violencia que se expresan en el plano digital. Y además en este caso particular que se provocaron lesiones psicológicas muy profundas en las víctimas, debe llamarnos la atención para prevenir futuros hechos”.
“Todos los agentes de educación deben involucrarse en el tema, tanto la familia, como la escuela, clubes de barrio, grupos sociales y el propio estado. Creo que falta mucha prevención y concientización de la problemática”, agregó.
Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.
