Este viernes, se cumple un año exacto desde la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño correntino de 5 años que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, a las afueras de la localidad de 9 de Julio. Un almuerzo familiar, una salida al naranjal y una serie de omisiones e incongruencias dieron origen a uno de los casos más resonantes de los últimos tiempos en la Argentina.
Un año después, el niño sigue sin aparecer, la investigación acumula detenciones, cambios de hipótesis y denuncias de encubrimiento.
El Día de San Antonio, tradicionalmente celebrado en el interior de Corrientes, fue el contexto del encuentro familiar en la casa de la abuela Catalina Peña. A ese almuerzo asistió José Peña junto a su hijo Loan. Tras la comida, tres adultos —Antonio Benítez, Daniel Ramírez y Mónica Millapi— llevaron a seis niños, incluido Loan, a recolectar naranjas a 600 metros de la casa. Fue allí donde se perdió todo rastro de él.
La respuesta inicial fue confusa. Se lo buscó como a un niño extraviado. La Policía rastrilló casi 10 mil hectáreas, se activó la Alerta Sofía y luego Interpol emitió una alerta amarilla. Pero con el correr de las horas, los indicios apuntaron a una hipótesis más siniestra: trata de personas.
Sospechas, arrestos y una red de silencio
Los primeros detenidos fueron Benítez, Ramírez y Millapi, por abandono de persona. A los pocos días, el hallazgo sospechoso de una zapatilla semienterrada —que luego se consideró “plantada”— derivó en la imputación del comisario Walter Maciel por encubrimiento. Posteriormente, perros rastreadores hallaron rastros de Loan en vehículos pertenecientes a María Victoria Caillava, funcionaria municipal, y su esposo, el exmarino Carlos Pérez. Ambos fueron detenidos e imputados por trata de personas.
La hipótesis de que Loan fue entregado a una red de tráfico infantil trascendió rápidamente el plano local promovida por algunos cronistas nacionales y respaldados por organizaciones que politizaron la tragedia. Intervinieron fuerzas federales y la causa pasó a manos de la Justicia Federal, dado el carácter delictivo de trata de menores.
En ese contexto, se sumó una pieza clave y confusa al expediente: Laudelina Peña, tía del menor, primero testificó sin novedades y luego cambió su declaración para afirmar que el niño había muerto atropellado por el matrimonio Pérez-Caillava. Aseguró, incluso, haber plantado la zapatilla. Sin embargo, luego reconoció que mintió y que fue presionada para declarar eso. Fue imputada por sustracción de menores y falso testimonio.
Intervención federal y abogados mediáticos
Con el cambio de carátula a un posible caso de trata de personas, el 24 de junio de 2024, la Justicia provincial se declaró incompetente. La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) se hizo cargo del expediente. Intervino la Policía Federal Argentina y se sumaron dos figuras clave: el abogado correntino Roberto Hugo Méndez, y poco después el mediático Fernando Burlando, quien asumió la defensa de la madre de Loan, María Noguera.
Desde entonces, hubo allanamientos, nuevos testimonios, acusaciones cruzadas y pericias que no lograron determinar el paradero del niño.
Un año sin respuestas: actos, reclamos y dolor
Hoy, al cumplirse 365 días de su desaparición, en Corrientes se realizan manifestaciones en Capital, Goya y 9 de Julio con la consigna: “¿Dónde está Loan?”. Marchas, misas, cadenas de oración vuelven a instalar en la agenda pública un caso que nunca dejó de doler. El Juzgado Federal de Goya amaneció blindado por medidas de seguridad ante posibles protestas.
En 9 de Julio, la comunidad recuerda al niño entre lágrimas, velas y carteles.
Un año de misterio, siete detenidos y un juicio que se acerca
Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024. Estaba en un almuerzo en la casa de su abuela paterna en 9 de Julio. Nunca más se lo volvió a ver. Lo que comenzó como una búsqueda rural, se transformó en uno de los casos judiciales más complejos del país.
Ahora, con más de 90 cuerpos de expediente, el Juzgado Federal de Goya elevó la causa a juicio oral. La resolución fue firmada por la jueza Cristina Pozzer Penzo.
Los siete principales acusados —entre ellos un tío, una tía, un excomisario y una pareja de funcionarios— están imputados por sustracción y ocultamiento de un menor, un delito contemplado en el artículo 146 del Código Penal.
Quiénes son los siete principales acusados:
- Bernardino Benítez (tío político): estaba con el niño al momento de su desaparición.
- Laudelina Peña (tía): testigo clave, luego imputada por falso testimonio, plantación de pruebas y sustracción.
- Daniel “Fierrito” Ramírez: amigo de Benítez. Participó del almuerzo y de la caminata al naranjal.
- Mónica Millapi: esposa de Ramírez. Tiene prisión domiciliaria.
- Victoria Caillava: ex funcionaria municipal. Sospechada de haber recibido al menor.
- Carlos Pérez: ex capitán de navío y esposo de Caillava. Hallaron rastros del niño en su camioneta.
- Walter Maciel: excomisario de 9 de Julio, procesado como partícipe necesario.
La otra causa: diez imputados por encubrimiento y amenazas
En paralelo, se investigan otros delitos conexos como el encubrimiento, la obstrucción de la investigación y amenazas a testigos. Entre los diez imputados hay integrantes de la autodenominada “Fundación Lucio Dupuy”, que habrían intentado desviar el eje del caso.
Los acusados son: Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Pablo Noguera, Leonardo Rubio, Alan Cañete, Delfina Taborda, Verónica Machuca Yuni, Valeria López, Pablo Núñez y Federico Rossi Colombo.
El juicio: 17 imputados y una sola causa
Finalmente, el Juzgado Federal de Goya unificó ambas causas. Así, serán 17 las personas que enfrenten juicio en un solo proceso. De ellas, seis llegarán detenidas y el resto bajo libertad condicional o medidas restrictivas.
La elevación a juicio fue impulsada por el fiscal federal Mariano De Guzmán, con el apoyo de Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, de la Procuraduría de Trata (PROTEX), y la querella de la familia Peña.
