La red de trata que operaba mediante planes sociales en la provincia de Chaco fue expuesta por el recién asumido gobernador, Leandro Zdero y la ministra de seguridad, Patricia Bullrrich, pero operó sin problemas durante los gobiernos anteriores.
Las víctimas, recién se animaron a denunciar cuando el nuevo gobierno, tanto nacional como provincial, les dieron garantías de cambio y seguridad de que no quedarían expuestas a represalias por parte de las organizaciones sociales que las obligaban a tener que prostituirse a cambio de un plan social.
Esta red funcionaba en la provincia de Chaco, donde el intermediario (dirigente social) retenía las tarjetas, obligaba a las víctimas a asistir a marchas con fines políticos, sustraía parte del dinero suministrado por el Gobierno y en muchos casos pedía favores sexuales.
“Estas prácticas extorsivas no tienen más lugar en este Gobierno. No más intermediarios”, afirmó Patricia Bullrich.
