La segunda reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2) del Acuerdo de Escazú, el primer tratado en derechos ambientales para América Latina y el Caribe, se realizó en Buenos Aires, con la participación de representantes de organismos ambientales de las provincias y nación, integrantes del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
En representación del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) participó Gabriela Farco, doctora en ciencias biológicas del área ambiental del organismo provincial, integrante de la Comisión de Juventudes del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
El acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe -conocido como Acuerdo de Escazú- realizó su segunda reunión con la participación de representantes de países miembros del 19 al 21 de abril reciente, el Cofema Joven desarrolló un evento asociado con actividades destinadas a promover la participación federal de jóvenes en el marco de la COP2.
Durante el encuentro se realizaron talleres, mesas redondas y debates abiertos con diferentes miembros del estado argentino y de países firmantes del acuerdo México, Colombia, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay entre otros con injerencia en el medio ambiente.
En cada actividad programada, los participantes miembros representantes gubernamentales, ciudadanos defensores de la tierra y medio ambiente y público en general, intercambiaron experiencias e información para implementar a nivel local los principios del acuerdo que tiene como pilares el acceso a la información, la participación y la justicia ambiental; también la formación de autoridades, sensibilización de la ciudadanía y cooperación entre Estados.
La jornada fue un llamado de los países miembros a profundizar su implementación, basándose en la cooperación destinada a fortalecer las capacidades nacionales con ese objetivo.
El Acuerdo de Escazú es el primero de sus características en América Latina y el Caribe, y el único en el mundo que incorpora disposiciones específicas sobre personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales. Fue suscripto por 15 países de la región: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
