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Telefónica deberá informar sobre su servicio de internet en las villas

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La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de primera instancia que estableció que las empresas de telecomunicaciones son sujetos alcanzados por la Ley de Acceso a la Información Pública, incluso respecto de su servicio de Internet. Se trata del primer fallo que condena a una empresa de capitales privados por negarse a brindar información pública. Los datos requeridos son insumos clave para defender el derecho de quienes viven en barrios populares de contar con una provisión del servicio de internet en igualdad de condiciones con quienes habitan en el resto del territorio.

El 2 de diciembre, la Cámara rechazó la apelación de TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. y confirmó la sentencia de primera instancia en la que se le ordenó cumplir con la Resolución N° 175/19, mediante la cual la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) la intimó para que en el plazo de diez (10) días hábiles pusiera a disposición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) la información solicitada, tal como lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública.

En agosto de 2021 la jueza del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 12 había sostenido que: “se observa que la Agencia entendió que la accionada es un sujeto obligado y tiene la obligación legal de proveer información en relación a sus servicios, dentro de los cuales se encuentra la información relativa a los usuarios de internet, no pudiendo sostener que dicha información no obra en su poder, o que no está obligada legalmente a producirla, razón por la cual correspondía intimar a la empresa a que entregue la misma en el estado en el que se encuentre conforme lo dispone la Ley de Acceso a la Información Pública.”

Telefónica apeló la citada sentencia, lo que dio lugar a la decisión de la Cámara de Apelaciones que confirmó que la empresa es sujeto obligado en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública “no sólo en su carácter de prestadora de un servicio público de telefonía básica, sino también como prestadora del servicio de internet.”

Esta sentencia resulta de suma importancia, en tanto es la primera vez que una empresa privada resulta condenada en un caso de estas características. Esto significa una ratificación del derecho de acceso a la información que tienen todas las personas, incluso frente a empresas como Telefónica.

En particular, la información que debe entregar es, a su vez, crucial para defender el derecho de quienes viven en villas y asentamientos de contar con una provisión del servicio de internet en igualdad de condiciones con quienes habitan en el resto del territorio y diseñar políticas para garantizarlo conforme lo exige la normativa vigente.

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Javier Milei decretó el cierre definitivo del INADI y generó polémica

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Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dio a conocer la decisión del presidente Javier Milei y advirtió que continuarán desmantelando otras oficinas del Estado que “no sirven absolutamente para nada”.

Tal como lo había anticipado en campaña, Javier Milei tomó la polémica decisión de decretar el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). La medida, que se oficializó mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, se fundamenta en la necesidad de “reorganizar el Estado” y “optimizar recursos”.

Organizaciones sociales, referentes de la lucha por los derechos humanos y sectores de la oposición han expresado su repudio a la decisión, considerándola un retroceso en materia de políticas públicas contra la discriminación. Argumentan que el INADI cumplía un rol fundamental en la promoción de la igualdad y la no discriminación, brindando asistencia y acompañamiento a las víctimas de actos discriminatorios.

Por otro lado, desde el oficialismo se argumenta que las funciones del INADI serán absorbidas por otros organismos del Estado, como la Secretaría de Derechos Humanos, y que se creará un nuevo Consejo Federal para la Lucha contra la Discriminación.

Esta medida fue tomada porque consideran que el INADI se convirtió en un organismo “burocrático e ineficiente”, que no ha logrado cumplir con sus objetivos. Señalan que la discriminación es un problema complejo, que no puede ser abordado por un solo organismo, por lo tanto, las funciones del miemo serán absorbidas por otras áreas del Estado.

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Nación pagará un Bono de $70.000 a jubilados en marzo

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El gobierno argentino anunció un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos ($206.000) a partir de marzo. Esta medida busca paliar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables de la sociedad.

¿Quiénes lo cobrarán?

Jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos ($206.000)

Pensiones no contributivas (PNC)

Pensiones por invalidez

Se abonará en dos cuotas:

$35.000 en marzo

$35.000 en abril

Se acreditará automáticamente en la misma cuenta donde se cobra el haber jubilatorio o pensión.

¿Es un aumento permanente?

No, se trata de un bono extraordinario por única vez.

Reacciones a la medida

Desde la oposición, consideran que el bono es insuficiente y que se necesitan medidas más permanentes para mejorar la situación de los jubilados.

Las organizaciones de jubilados valoran la medida, pero advierten que es necesario un aumento de los haberes que acompañe la inflación.

El bono de $70.000 es una medida que busca aliviar la situación de los jubilados ante la escalada inflacionaria. Sin embargo, no es una solución permanente. Se necesitan medidas más estructurales para mejorar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

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El gobierno también anunció un aumento del 17,04% para las jubilaciones y pensiones a partir de marzo.

Se incrementará el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para jubilados.

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Jujuy. Está preso hace más de un mes por publicar un tuit sobre la mujer de Gerardo Morales

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Marcelo Nahuel Morandini cumple hoy 48 días preso en una cárcel de Jujuy. Ingeniero ambiental y profesor de la Universidad de Salta, está acusado de dos delitos que, sumados como pretende la fiscalía, lo pueden dejar en prisión hasta ocho años: lesiones psicológicas y alteración de la identidad de una menor.

Según el fiscal, Morandini, con un tuit que publicó, puso en duda la fidelidad de Tulia Snopek, la mujer del exgobernador Gerardo Morales, cuestionó su “dignidad” y la de su marido, y así “sembró el virus” que hizo que en las redes sociales se propagaran mensajes que sostienen falsamente que Morales podría no ser el padre biológico de la hija de dos años que tiene con Snopek.

El tuit por el que fue arrestado y está a un paso de ir a juicio, dice: “Hace ya varios años que en Jujuy se hace el carnaval de los tekis (una estafa en la que caen los turistas). Pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del ex gobernador. Imposible aburrirse en kukuy”.

Según el fiscal Hugo Walter Rondón, de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública Nº 1 de Jujuy, las víctimas de Morandini son la mujer del exgobernador, que sufrió un “serio estrés” por los rumores que se difundieron en la web, y la hija de ella y de Morales. “Se perturbó el estado civil de una persona totalmente inocente, generándole un daño que es prácticamente imposible resarcir”, dijo el fiscal, en alusión a la niña, el 5 de enero pasado, en la primera audiencia con los acusados de la causa (a cuyo registro fílmico accedió LA NACION). En esa audiencia, el fiscal explicó los motivos del arresto de Morandini, que había sido horas antes. “La virginidad existencial de una menor de dos años no se puede reparar, será una querella, pero el daño es irreparable”, afirmó. Ese fue un motivo central para sostener que Morandini no podía recuperar la libertad.

El tuit en cuestión fue publicado el 26 de diciembre pasado. Según la fiscalía, ese día empezó un proceso de la viralización. “Uno tira la piedrita y el vidrio se rompe en mil pedazos”, sostuvo Rondón. En este caso, para la Justicia, la piedra la tiraron al menos dos personas porque Morandini no es el único detenido: también fue arrestado, en simultáneo, Humberto Roque Villegas. Los dos siguen presos por orden del juez de la causa, Pablo Pullen Llermanos.

La fiscalía anunció además que el plan es que las detenciones continúen. Advirtió que apunta, sobre todo, a quienes reprodujeron fotos de la hija de Morales junto con leyendas sobre la supuesta sospecha de infidelidad. También estarían buscando a la autora de un audio, que se viralizó por WhatsApp, que daba por cierta esa relación prohibida y decía que obligaría a Los Tekis a cambiar sus planes para el carnaval de este año.

Como una prueba para la causa, la querella presentó un informe psicológico sobre Snopek, que sostuvo que ella mostraba, entre otros síntomas, una “falta de energía psíquica y disminución de su voluntad”, con un “estado emocional displacentero de tensión, tristeza y angustia” y que “a nivel cognitivo” denotaba “una disminución en cuanto a su capacidad para concentrarse”, sumado a “un mecanismo defensivo de aislamiento”.

Morandini y Villegas no se conocían. Morandini –que tuiteaba como “El Morondanga”- tiene 45 años, está casado y es padre dos hijas, de 4 y 8 años. Con su mujer, Lucía Castro Olivera, que es antropóloga, participó de las marchas contra la reforma constitucional promovida por Morales, pero ninguno de los dos tiene militancia política orgánica, dijo a LA NACION Castro Olivera. Villegas tiene 42 años, secundario incompleto y se dedica a la serigrafía. A partir del 31 de diciembre pasado reprodujo una serie de publicaciones en Facebook alusivas a la supuesta infidelidad de Snopek, el caso que, según uno de los posteos que Villegas replicó, es “El culebrón jujeño del año”.

La causa se inició por una denuncia de la mujer del exgobernador. A Morandini y Villegas se los acusó de “lesiones psicológicas agravadas en contexto de violencia de género” (contra Snopek) “en concurso real con el delito de tornar incierta la identidad de una menor de 10 años”.

Este último delito es el previsto en el artículo 139 del Código Penal, que dice que “se impondrá prisión de 2 a 6 años al que (…) por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 años, y el que lo retuviere u ocultare”. En la primera audiencia con los acusados, el fiscal recordó que esta figura penal se aplicó al robo de bebés durante la dictadura y dijo hoy es más amplia y aplica también a este caso. “Hay muchas formas de perturbar el estado civil y la filiación. Y esta es una persona totalmente indefensa”, insistió.

En cuanto a los motivos de las prisiones preventivas, el fiscal dijo, el 5 de enero, que había que tener en cuenta “la pena que podría llegar a aplicárseles” a los imputados, que es alta. Alegó que “algunos abogados”, basados en fallos de la Corte Suprema, dicen que la expectativa de pena no es motivo suficiente, pero que eso es “anacrónico”. También sostuvo que, de quedar en libertad, podrían seguir posteando en redes e incluso “intimidar” a posibles testigos.

Ninguno de los dos acusados declaró en el expediente. Así se los recomendaron -dijeron- los abogados que los representaban cuando los arrestaron. A Villegas lo defiende la defensa pública; Morandini cambió de abogados. Tomaron su caso la exministra de las Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta y Marcos Aldazabal, que ya conocían la justicia jujeña por su experiencia como abogados de Milagro Sala. Ellos pidieron el “inmediato sobreseimiento” de Morandini por “inexistencia de delito”. Dijeron que la hipótesis acusatoria carece “de sustento normativo y fáctico”, que se está afectando la libertad de expresión y que, con la detención, incluso podría estar en juego una “responsabilidad internacional” del Estado Argentino.

LA NACION se comunicó con un vocero del exgobernador y con un abogado de Snopek, que no quisieron hacer declaraciones. Este medio también intentó, sin éxito, contactar al juez y al fiscal de la causa.

Lucía Castro Olivera, la mujer de Morandini, dijo a LA NACION que él está detenido en la cárcel de Gorriti, en un pabellón con 63 personas más y que sólo le permiten salir al patio los lunes, el día de visitas. Relató que los primeros tres días de detención los pasó en una celda de aislamiento.

Según su relato, la detención fue irregular. “Notamos movimientos extraños frente a nuestra casa [viven a las afueras de San Salvador de Jujuy]. Nahuel salió a preguntar qué necesitaban y los hombres le dijeron que buscaban a un albañil enfrente”, contó. Pero en otra ocasión, él llegó a su casa y vio gente entrando a su terreno. Entonces -afirmó Castro Olivera- estas otras personas le dijeron que tenían un problema con el auto y que buscaban agua para el radiador. El tercer episodio, de acuerdo con su relato, fue la extraña aparición de una joven. “Una chica, en la puerta de mi casa, me dice que necesitaba cargar el celular, que había perdido a sus amigas. Yo la dejé entrar”, contó. Después, la joven le dijo que en realidad tenía una citación para entregar a un hombre de apellido Morán, nombre que luego cambió por “Morandini”. Finalmente, le preguntó si aceptaban recibir la citación. “Le dijimos que sí. Llegaron después dos hombres en un auto sin patente. Le dijeron a Nahuel que subiera al auto y que ellos lo llevaban. Él no quiso subir a ese auto sin patente y fue en el auto nuestro”, relató Castro Olivera.

En el expediente se les secuestró el teléfono a los acusados y se investigaron sus comunicaciones por WhatsApp, que fueron citadas, en el caso de Morandini, como prueba en su contra. También se les prohibió a los detenidos, a sus familiares y a sus amigos que hicieran menciones públicas a Morales, a su mujer o a la hija de ambos, relataron los abogados de Morandini. Esta semana se consideró terminada la investigación y la causa marcha a juicio.

Fuente: Paz Rodríguez Niell – diario La Nación

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