El Tribunal Oral Federal 2 informó que la expresidente Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad deberán devolver al Estado más de 684.990 millones de pesos, el equivalente a más de 500 millones de dólares, por los perjuicios ocasionados en el marco de la adjudicación de obra pública durante sus gobiernos.
La cifra fue determinada por peritos contables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que actualizaron el monto original utilizando los índices del INDEC hasta mayo de 2025. La resolución le otorga a los imputados un plazo de 10 días hábiles para realizar el depósito correspondiente. En caso de incumplimiento, la Justicia avanzará con la ejecución y subasta pública de los bienes.
El informe judicial detalla una larga lista de bienes que podrían ser embargados para cubrir el millonario decomiso. Solo en el caso de Cristina Kirchner, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola ya tienen identificado un conglomerado de 26 propiedades, cuentas bancarias, vehículos, inversiones financieras y tres empresas familiares: Los Sauces, Hotesur y COMA S.A.
La exmandataria también figura como cotitular de cuentas comitentes, cajas de seguridad y tenencias de bonos en la Caja de Valores, además de poseer un automóvil Honda. Varios de estos bienes han sido cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, quienes también enfrentan procesos judiciales por lavado de dinero.
Por su parte, Lázaro Báez, principal beneficiario de las licitaciones viales investigadas, posee un inmenso patrimonio que incluye más de 170 inmuebles distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y Chubut, además de empresas constructoras como Austral Construcciones, Gotti S.A., Loscalzo y Del Curto SRL.
Entre sus activos más emblemáticos se encuentran las estancias Cruz Aike, Río Olnie, El Rincón y Los Gurises, algunas de las cuales fueron escenario de excavaciones judiciales en 2018 en busca de dinero oculto.
Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta.
El caso se convirtió en un emblema de la corrupción durante los gobiernos kirchneristas, y esta nueva etapa marca un punto de inflexión: la recuperación efectiva de los fondos públicos sustraídos.
Mientras tanto, desde el entorno de la expresidenta volvieron a denunciar persecución política y “lawfare”, una narrativa que probablemente volverá a agitar la grieta en el año electoral.
Con información de Todo Noticias
