Con un fuerte discurso contra la corrupción en la obra pública y una crítica directa al kirchnerismo, el Gobierno nacional oficializó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. La medida se concretó mediante el Decreto 461/2025, publicado en el Boletín Oficial, y fue anticipada por el vocero presidencial Manuel Adorni en una encendida conferencia de prensa.
“Es un acta de defunción a la corrupción en la obra pública y la firmó el presidente de la Nación”, sentenció Adorni. La referencia alude directamente a la causa “Vialidad”, en la que Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por irregularidades en contratos con Lázaro Báez durante su gestión. El anuncio fue acompañado por un video institucional que repasó los hechos judiciales y puso énfasis en los “años de sobreprecios, abandono de obras y manipulación de contratos”.
Qué implica el decreto
El Decreto 461/2025, de 39 artículos, ordena:
- La disolución definitiva de la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial.
- La creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que absorberá funciones claves como la fiscalización de concesiones viales y ferroviarias.
- La transferencia de competencias viales al Ministerio de Economía, que ahora será responsable del diseño, construcción y mantenimiento de rutas nacionales.
- La reasignación del control de rutas nacionales a Gendarmería Nacional, reemplazando a la ANSV en esa función.
- La reorganización de la Junta de Seguridad en el Transporte, que pasará a llamarse Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación y se enfocará exclusivamente en siniestros aeronáuticos.
En su exposición, Adorni defendió el uso de las facultades delegadas —que vencen el 9 de julio— como herramienta para “reparar el daño causado por gestiones anteriores”. Según dijo, gracias a los 65 decretos firmados en el último año bajo este mecanismo, el Estado ahorró 2 mil millones de dólares.
El vocero también comparó el uso de facultades por parte del gobierno de Javier Milei con los “superpoderes” del kirchnerismo. “El gobierno anterior las usó para encerrar a los argentinos durante la pandemia. Este gobierno las utilizó para desmantelar estructuras corruptas y aliviar el gasto público”, afirmó.
¿Qué pasará con las rutas y el personal?
El Gobierno anunció que licitará más de 9.000 kilómetros de rutas, bajo un nuevo esquema de concesiones privadas. El control de esas obras quedará en manos de la nueva Agencia, que también tendrá potestad para sancionar, suspender licencias y promover acciones penales en casos de incumplimiento.
El personal de los organismos disueltos se mantendrá en funciones hasta que se formalicen las nuevas estructuras. Mientras tanto, la Secretaría de Transporte y el Ministerio de Economía coordinarán la redistribución de bienes, vehículos e inmuebles.
Un cambio de época para la obra pública
La medida representa un quiebre en el modelo estatal de infraestructura vial, que durante décadas fue ejecutado desde Vialidad Nacional. Para el Gobierno, su disolución simboliza la eliminación de una “estructura ineficiente, costosa y sobredimensionada” que operaba —según el decreto— con más personal administrativo que técnico y tercerizaba la mayoría de sus funciones.
La reestructuración también apunta a consolidar el rol del sector privado en la gestión vial y reducir el déficit fiscal. “Esto no es ajuste, es cirugía mayor al sistema de privilegios”, concluyó Adorni.
