Ascúa, Cuevas y funcionarios municipales se becaron a sí mismos

Publicado en agosto 3, 2021.

La inédita resolución dispone que se le pague un monto de $7.786,50 a cada uno de los aspirantes a la “Diplomatura en Gestión Municipal”, entre los que se encuentran el Intendente, el Vice, Concejales y funcionarios de alto rango del gabinete

 


Vale remarcar que entre los considerandos de la Resolución Nº 251 emanada del Departamento Ejecutivo Municipal se señala que “el Estatuto del Personal de la Municipalidad de Paso de los Libres establece el derecho a la capacitación de los agentes municipales”. Y párrafo más adelante indica que “uno de los deberes del empleado es “capacitarse en el servicio”. Pero en esta ocasión no se trata de agentes comunales comunes sino de las máximas autoridades del Municipio, además de una edil y de algunos altos funcionarios del gabinete.

El listado menciona, además del Intendente Martín Ascúa y del Vice Marcelo Cuevas, a la Concejala Celeste Ascúa, al Secretario de Gobierno Javier “Tata” Sigillo, al Titular de Desarrollo Humano Miguel “Lali” Giorgio y a la Secretaria de Acción Social Mariana Borda, entre otros integrantes del organigrama del ejecutivo.

La pomposa diplomatura “procura dotar a los funcionarios de las competencias necesarias para mejorar su desempeño en el desarrollo y planificación de actividades y el control y la transparencia”.

La medida de becarse a ellos mismos tomada por el Jefe Comunal causó muchísimo estupor en la sociedad libreña y mereció un fuerte reproche por parte del bloque de ediles de ECO durante la última sesión del Concejo Deliberante local, quienes sostuvieron que “los agentes municipales sí tienen derecho a que se les pague por una capacitación, pero estos funcionarios utilizan dinero del erario público para becarse y no les corresponde. No hay mercadería en Acción Social, no hay pasajes para la gente humilde, pero si hay plata para que se capaciten ellos. Es una vergüenza y les pedimos que tengan la dignidad de devolver el dinero que recibieron para esto”.

El interrogante que quedó flotando en el ambiente político y judicial, que ya motivó consultas con reconocidos letrados de la ciudad, es si esta maniobra no se encuadraría en una posible malversación de caudales públicos.

 

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