Tras un proceso de insistencia legislativa frente al veto presidencial en octubre de 2025, la Ley de Financiamiento Universitario fue finalmente promulgada. Sin embargo, su aplicación efectiva permanece suspendida por decisión del Poder Ejecutivo, alegando falta de previsión de recursos. Esta situación ha llevado el conflicto al ámbito judicial, donde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) consiguió una medida cautelar contra el Poder Ejecutivo, cuya ejecución está suspendida.
Existen diversas estimaciones acerca del costo fiscal de la medida, que oscilan entre los $2.5 y los $3.6 billones. El Poder Ejecutivo -además de los argumentos jurídicos- manifestó su inquietud por el costo fiscal que supondría cumplir con la ley y el impacto que tendría en el equilibrio de las cuentas públicas. Pero cuando hay derechos fundamentales en juego -como en este caso, el derecho a la educación-, el Estado tiene serios problemas para invocar el argumento de la “restricción presupuestaria” si dicha situación de escasez fue creada -en parte- por su propia voluntad anterior e inmediata.
A la luz de este principio, deben analizarse decisiones recientes como la modificación del impuesto sobre los Bienes Personales en 2024. Aprobada por el Congreso a instancias del Poder Ejecutivo, esta medida implicó una merma recaudatoria estimada en torno al 0,2% del PIB anual en 2024 y 2025, equivalente a valores actuales a $5 billones en dos años.
Las universidades nacionales atraviesan una reducción presupuestaria de magnitud excepcional desde el retorno de la democracia. Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto cayó un 29%, alcanzando el nivel más bajo desde 2006. En términos per cápita, el financiamiento por estudiante se redujo a $2,4 millones, el valor más bajo al menos desde 2004. Asimismo, en marzo de 2026, el salario de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva se ubicaba un 25% por debajo del nivel registrado tres años antes.
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