El Tribunal Oral Penal de Mercedes dictó sentencia contra el exintendente peronista de Curuzú Cuatiá, Ernesto Gabriel “Lalo” Domínguez, y su exsecretario de Finanzas, Ricardo Antonio Viganó. Ambos reconocieron su responsabilidad en delitos contra la administración pública y fueron condenados a tres años de prisión en ejecución condicional, además de quedar inhabilitados de manera absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
El fallo, homologado en un Juicio Abreviado Pleno, incluyó una multa de 1.500.000 pesos para cada uno, a favor del Municipio de Curuzú Cuatiá. También deberán cumplir reglas de conducta, entre ellas un curso obligatorio de ética pública y transparencia en la gestión.
La fiscal de Curuzú Cuatiá, Dra. Arrúa, con el aval del Fiscal General de la provincia, César Sotelo, pactó el acuerdo con los acusados, quienes aceptaron la responsabilidad por administración fraudulenta y malversación de caudales públicos en concurso real.
El tribunal, integrado por los jueces Troncoso, Muschietti y Ríos, aclaró que si bien la pena parecía leve frente al manejo indebido de fondos públicos por parte de funcionarios electos, el sistema acusatorio vigente no les permitía imponer sanciones mayores sin vulnerar garantías constitucionales.
El desvío de fondos y las compras irregulares
La investigación reveló que los fondos aportados por los vecinos para el Plan de Pavimentación 2012, destinados a obras de calles entre 2015 y 2017, nunca se aplicaron al fin previsto. Se trató de más de un millón de pesos que quedaron sin ejecución en obras públicas específicas.
Además, durante 2017 la gestión contrató en forma directa a la Panadería Cabrales, como única proveedora de alimentos y artículos de despensa, con compras que ascendieron a $9.342.848,42, sin destino comprobable. La maniobra se ejecutó en violación a la Carta Orgánica Municipal, lo que agravó la imputación.