Nuevas medidas buscan garantizar la imparcialidad en espacios estatales y la protección de derechos educativos.
El Gobierno Nacional implementó dos decretos clave publicados en el Boletín Oficial que prohíben la propaganda política en edificios públicos y regulan la influencia partidaria en el ámbito educativo. Estas normativas buscan preservar la neutralidad del Estado y proteger el derecho de niños y adolescentes a una educación libre de imposiciones ideológicas.
Los decretos 1084/2024 y 1086/2024, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Ministros Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, establecen lineamientos claros para limitar prácticas que podrían interpretarse como proselitismo político en bienes estatales.
Restricciones en edificios públicos
El decreto 1084/2024 prohíbe la exhibición de imágenes, símbolos, obras o referencias que puedan ser consideradas propaganda política o culto a la personalidad en edificios, oficinas, obras públicas, monumentos y otros bienes estatales. Además, restringe la denominación de estos espacios con nombres de personalidades políticas hasta que hayan transcurrido al menos 10 años desde su fallecimiento o el acontecimiento histórico que se pretenda homenajear.
Asimismo, se impide asignar nombres a bienes del Estado que correspondan a personas vinculadas con actos de fuerza contra el orden constitucional y democrático.
Sanciones por incumplimiento
El decreto también prohíbe a los funcionarios públicos utilizar recursos del Estado para promover su imagen, afiliación política o ideología. La ciudadanía podrá denunciar violaciones a estas disposiciones, y su incumplimiento será considerado una falta grave en el ejercicio de la función pública.
A través del decreto 1086/2024, se introdujeron modificaciones a la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Se incorporó la prohibición explícita de imponer ideologías político-partidarias en las escuelas, considerando esta práctica una vulneración al derecho a la educación, la dignidad y la libertad de conciencia de los menores.
El texto legal resalta que estas imposiciones afectan la integridad personal de niños, niñas y adolescentes, enfatizando la importancia de un sistema educativo libre de influencias partidarias.
