Andrea Calligaris es una ferviente militante santafesina de Javier Milei. Si La Libertad Avanza repite su resultado en las elecciones generales del 22 de octubre, Calligaris ocupará un escaño en el Parlamento del Mercosur (Parlasur) por esa provincia.
En una jugada paralela, simultánea, Andrea Calligaris ocupó otro rol en las Paso (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias), además de candidata libertaria: fue la tesorera de Proyecto Joven, una agrupación progresista, de izquierda, en las antípodas de los libertarios, que recibió el Estado argentino 1.068 millones de pesos (1,8 millón de dólares*) para imprimir 365.792.078 boletas electorales y abastecer a un padrón de 35.394.425 electores.
Pese a los millonarios recursos públicos que recibió, Proyecto Joven sólo obtuvo 74.160 votos, el 0,08 por ciento del total de votos que hubo en el país.
Es el caso más burdo y explícito de cómo el Estado argentino financia la caja negra de la política a través de la impresión de boletas electorales, y como las agrupaciones políticas desplegaron una industria floreciente: la de los sellos electorales.
El mecanismo
Para las Paso de 2023 el Estado argentino estimaba girar al conjunto de agrupaciones políticas de todo el país 10.931 millones de pesos, una cifra equivale a 18,9 millones de dólares comerciales, si contemplamos la cotización del 11 de agosto, el viernes previo a los comicios.
El monto no es definitivo: quedan pendientes reclamos judiciales, por lo que puede variar en algunos millones. El destino de esa fortuna fue financiar la impresión de casi 3.744 millones de boletas en todo el país.
No hay error en esos números: 3.744 millones de boletas para 35,3 millones de personas; 106 boletas por cada mayor de 16 años. Basta una comparación para graficar esto: si se imprimieran todas las boletas que financia el Estado y se las colocaran una al lado de otra, ocuparían una superficie casi similar a la de la Ciudad de Buenos Aires; una sábana de papel para cubrir a la capital del país.
Son tantas boletas que ningún organismo estatal puede controlar que efectivamente esa sea la cantidad que se imprimió, lo que impide saber cuánto de esos fondos se utilizaron en la impresión de las boletas y cuántos fueron a los bolsillos de los gerentes de los sellos partidarios.
Las auditorías son tan laxas, que es responsabilidad de los partidos políticos devolverle al Estado nacional el sobrante de esos fondos. Casi una cuestión de buena voluntad. Al cierre de este informe, y con los plazos para presentar la documentación ya vencidos, sólo una lista de las 1.818 que participaron de las Paso había reintegrado fondos públicos que no utilizó.
En este armazón se refugiaron e hicieron negocios Andrea Calligaris, Mario “el Sapo” Peral o José Bonacci, entre otros; casos que son un muestrario de cómo el sistema de financiamiento público electoral alienta y facilita la corrupción política.https://datawrapper.dwcdn.net/7Ar26/2/
Un negocio en expansión
En las Paso participaron en todo el país 1.818 listas que postularon a 24.144 precandidatos, tanto en la jurisdicción federal –las categorías de presidente y vicepresidente y parlamentarios del Mercosur– como en las 24 provincias, donde se eligieron diputados nacionales, parlamentario regional del Parlasur y senadores nacionales (en ocho provincias).
Sobre ese universo de precandidatos se montó el despilfarro de fondos y el negocio para algunos. En cada elección, la Justicia electoral le exige a cada partido garantizarle a los electores un mínimo de 50 votos (boletas) por cada urna dispuesta en los centros de votación, ubicados en las escuelas. Este año se habilitaron 104.577 urnas en el país.
Por una cuestión material, la única auditoría posible desde el Estado es sobre esa pequeña muestra de votos exigida. Si el resto de las boletas efectivamente se imprimieron, nadie lo controla.https://datawrapper.dwcdn.net/R0etx/14/
Para dar un ejemplo del descontrol que representa el sistema electoral argentino: en el tramo presidencial, el único que se vota en todo el país, participaron 27 listas de precandidatos (solo cinco pasaron a las generales). Recibieron financiamiento público para imprimir las boletas del tramo presidencial por 2.714,6 millones de pesos (4,5 millones de dólares), monto con el cual debieron haber impreso 929,6 millones de boletas para todo el país. Una cifra físicamente imposible de colocar en los espacios dispuestos para votar en las escuelas.
Entonces, el mecanismo de esta trampa es recibir fondos para imprimir millones de boletas, pero apenas entregar a la Justicia electoral las 50 que irán en cada urna, y algunas más para mejorar el simulacro.
De hecho, de las 1.818 listas que se presentaron en todo el país, sólo 235 competirán el 22 de octubre en todo el país y para todas las categorías, apenas el 13% del total. Y de los 24.144 precandidatos, sólo 1.507 fueron consagrados candidatos. Estas listas recibieron fondos públicos para imprimir 787.627.560 boletas. En otras palabras: sólo el 20 por ciento de las boletas impresas fueron de agrupaciones competitivas. Pese a esto, la cifra del despilfarro sigue siendo astronómica.https://datawrapper.dwcdn.net/yxxtN/3/
Este negocio requería otro elemento fundamental: el sello partidario. Uno que se “avivó” de que más importante que competir es “alquilar” la estructura legal de un partido político es Mario “el Sapo” Peral, el apoderado de Unión Popular Federal, partido que en 1955 mandó a fundar Juan Domingo Perón para sobrevivir a la proscripción.
Los sellos de “el Sapo”
Mario “el Sapo” Peral nació en Villa Dolores, una localidad costumbrista y conservadora ubicada en las sierras de Córdoba. Allí vivió Manubens Calvet, uno de los hombres más ricos de su tiempo, con 148 mil hectáreas de propiedades. No era el caso de “el Sapo”, hijo de “Pirucho” Peral, quien fue presidente del centro vecinal de barrio El Porvenir y dueño de una pequeña sodería; y de Dora, propietaria de una verdulería.
Pese a sus orígenes, quienes lo vieron crecer recuerdan que en sus años juveniles recorría las calles de su pueblo como un “dandy”, hablando con la gente y tomando café en los bares de su pueblo. Se fue joven a la capital provincial y volvió “al pago” siempre que hubo elecciones.
“Vengo de una familia de cuna peronista”, contó alguna vez, y agregó: “A los 16 años comencé a hacer política, en la época del Proceso (militar), cuando las urnas eran de madera”. Presidente y apoderado de Unión Popular Federal (partido que en 1955 mandó a fundar Juan Domingo Perón para sobrevivir a la proscripción), asegura que se formó leyendo al General, aunque también a Arturo Humberto Illia, el expresidente radical que fue derrotado en 1966 por los militares, un hombre de honestidad probada y que murió sin un peso de la política, como un simple médico de pueblo, en Cruz del Eje, otro pueblo de Córdoba.
Siempre ligado al peronismo, fue candidato a diputado nacional cuando en 2011 el partido presentó a Eduardo Duhalde como postulante a la presidencia y se movió en la política hasta que, en 2015, asegura, le facilitó a Sergio Massa, el actual ministro de Economía y candidato a presidente por el Gobierno nacional, su sello electoral para montar sobre él la alianza UNA, que conformó con el por entonces gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota.
Luego comenzó a ampliar su horizonte político, y el de su sello: en 2019 fue candidato a legislador en Córdoba, su provincia, cuando puso a disposición de Mario Negri y Luis Juez, dos opositores al peronismo, la marca Unión Popular Federal.
Su primera apuesta nacional en solitario se dio en 2021, cuando armó el frente Unión Popular Federal, en el que participaron seis listas. Fue allí que incluyó a los libertarios, que no tenían partido. Lo hizo en Tribunales, donde Peral les ofreció sumarse horas antes del cierre de candidaturas.
Fue, además, su primera incursión en el mundo de la impresión de boletas, que terminó en un hervidero por el reparto de los fondos entre aquellas seis listas: le reclamaban a Peral manejar el dinero. De aquella elección, Peral asegura que devolvió 12 millones de pesos (había recibido 48 millones), pero eso no está asentado en el balance que presentó a la Justicia electoral.
En las PASO 2023, el presidente y apoderado de UPFl, que a nivel nacional preside Marcelo D’Alessandro, exministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, quedó en el centro de la escena cuando volvió a presentar siete listas para competir para diputados nacionales y parlamentarios del Mercosur.
Su apuesta tomó otra dimensión porque su partido podría terminar cobrando casi 90 millones de pesos (un fallo de la Corte Suprema le da la razón) por la impresión de las boletas luego de haber sacado 9.776 votos (0,47%). “¿Por qué tan poco? Fue el efecto Milei”, se justificó.
Se molesta cuando le dicen que es dueño de una “franquicia” política y reafirma algo que le dijo al exjuez federal Ricardo Bustos Fierro: “Las PASO perjudican a los partidos chicos”. En ese contexto, Peral explica que imprimir los millones de boletas que imprimió le sirve como la única manera de llegar a los votantes.
Es más: dice estar en contra del despilfarro de fondos públicos, aunque es uno de sus beneficiarios directos. Ahora espera que la Justicia termine de desembolsar los fondos que le reclama “ajustados por inflación”, porque Peral no se traga ningún sapo.https://elruido.org/archivos/octubre/670/boleta_mas_cara_xProv_670.html
La creación
Como todo mecanismo, la creación de la fábrica de votos demandó un andamiaje legal: en diciembre de 2009 el Congreso argentino sancionó la “Ley de democratizaciòn, de la representaciòn polìtica, la transparencia y la equidad electoral”, que creó las PASO, lo que les permitió a los partidos políticos tercerizar en la ciudadanía, no en los afiliados, la selección de sus candidatos.
En ese texto, y a contramano de la lógica, se garantizó que cada agrupación reciba recursos para imprimir una boleta partidaria por cada elector empadronado. Ese fue el origen. Con el financiamiento público a cada sello electoral y los laxos controles sobre el uso de los recursos, se multiplicaron las agrupaciones fantasmas.
Sin embargo, el negocio podía ser más rentable aún. En julio de 2015, el frente UNEN, que lideraba Elisa Carrió, presentó un recurso de amparo para que el Estado nacional financie la impresión de boletas para todas sus listas que competían en la interna.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al amparo y le ordenó al Gobierno nacional tratar a cada lista como si fuera una agrupación. Así se puso en marcha el mecanismo, así se descalabró el sistema y así el negocio de imprimir votos en cantidades industriales se volvió exorbitante.
El señor de los sellos
Como este insólito sistema requiere la impresión de boletas en cantidades industriales, no son pocos los que han visto allí un buen negocio. Y más si son del ámbito de la política, como es el caso de José Bonacci. Exconcejal de la ciudad de Rosario y desde 2021 aliado de Javier Milei, decidió hace dos años comprar su propia imprenta, DWP, ubicada en esa localidad de la provincia de Santa Fe.
En esa empresa se imprimieron los votos del frente Liber.Ar, que presentó tres postulantes a la presidencia; de Principios y Valores, donde hubo otras tres listas, una de ellas encabezada por Guillermo Moreno, exfuncionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner; y de Proyecto Joven, el partido cuya tesorera es Andrea Calligaris, candidata de Milei, de La Libertad Avanza.
Además, estas agrupaciones sirvieron para canalizar decenas de candidaturas provinciales. En total, Liber.Ar recibió 449,7 millones de pesos y obtuvo sólo 40.352 votos. Por su parte, a Principios y Valores el Estado le dio 876,1 millones de pesos, para una cosecha de 560.588 votos. Como se dijo más arriba, Proyecto Joven obtuvo 74.160 votos con un presupuesto de 1.068 millones de pesos para imprimir sus votos. Ninguna de estas listas logró el piso electoral para competir en la primera vuelta presidencial.
La familia Bonacci comanda una red de partidos y sellos electorales. De acuerdo con los registros judiciales, José, el padre, fue autoridad del Movimiento Dignidad e Independencia (Modin), el partido de los militares “carapintadas” liderados por el coronel Aldo Rico que encabezaron una serie de levantamientos contra Raúl Alfonsín en los ochenta; también digitó —a través de su hija Rocío— los destinos y fondos del Partido Popular; y fue presidente del Partido del Campo Popular.
La hija de Bonacci, Rocío, una podóloga que admitió públicamente que no le interesa la política, es la tercera candidata a diputada nacional por Santa Fe en la lista de La Libertad Avanza, de Javier Milei, y todo indica que integrará el próximo Congreso Nacional. Su madre, Beatriz Brouwer, será legisladora provincial en Santa Fe desde diciembre, cuando asuma la banca que obtuvo por ir como candidata de Amalia Granata, la exmodelo que llegó como outsider a la política y ahora es referente de sectores conservadores y evangélicos.
Bonacci, además, tiene trato directo con Andrea Calligaris, la ferviente libertaria que fue tesorera del progresista Proyecto Joven, un frente electoral que llevó como uno de sus precandidatos a presidente al prestigioso escritor y periodista Mempo Giardinelli, en las antípodas ideológicas de Milei, y cuyos votos se imprimieron, no casualmente, en la imprenta de Bonacci.
“Proyecto Joven era, aparentemente, un espacio que nos contenía y nos proveía lo que nosotros no teníamos. Fuimos muy inocentes, una inocentada; pero en la buena fe, uno a veces comete errores. No se nos ocurrió pensar lo podrido que estaba eso”, responde Giardinelli al repasar su fallida experiencia.
El periodista y escritor cuenta que los boletas, aunque fueron pagadas por el Estado e impresas en la planta de José Bonacci en Rosario, no aparecieron hasta la noche antes de la elección: “Llegó un camión a mi casa, en Resistencia (provincia de Chaco), la noche antes de los comicios, el sábado a la noche. Cargadisimo de las boletas nuestras que no podíamos repartir… Después las quemamos”.
En una entrevista para esta investigación, Bonacci dijo que en su imprenta se utilizaron 490 toneladas de papel para la impresión de millones de votos durante las PASO. “Este sistema de votación es una cagada. Pero yo no hago las leyes. Cuando mi hija sea diputada nacional, vamos a impulsar la boleta única de papel: tengo el proyecto redactado desde hace años. Yo soy como Eliot Ness, que combatía el tráfico de bebidas hasta que terminó la prohibición y se sentó a tomar una copa”, grafica.
“Por un lado está el negocio del sello partidario y la venta de esta plataforma para presentarse a elecciones sin necesidad de buscar los avales; y el otro es la impresión de boletas. Pero acá, quien hace el negocio de alquilar el partido político es el dueño de la imprenta”, dice Lourdes Lodi, experta en sistemas electorales.
Para el imprentero y candidato, son actividades congruentes: “La imprenta la tengo desde hace dos años, pero no puse un peso; la plata la puso mi socio. Si me preguntás a mí, la pagaron ‘con la nuestra’, porque desde 2007 vengo trabajando con esa imprenta. Si vos me preguntás desde cuándo es mi imprenta, digo que desde siempre, porque la pagué cuatro o cinco veces con los aportes (públicos) para los votos. Yo mismo no me escucho: siempre digo que uno tiene que estar de un lado o del otro del mostrador”, dice Bonacci en modo dueño de la fábrica de votos y armador de sellos electorales.
–Y esto de estar de los dos lados del mostrador, ¿qué beneficio tiene?
–Ahora la plusvalía me quedó a mí.
A lo largo de este siglo, este experto conocedor de las hendijas de las leyes electorales armó una exitosa fábrica de votos. A él le gusta decir de sí mismo que es un “colaborador ad honorem” del tribunal electoral con jurisdicción en su provincia, Santa Fe. Apoderados de otras fuerzas electorales recuerdan a Bonacci como “alguien que siempre está en la puerta del juzgado electoral durante los cierres de listas”. Uno de los abogados lo admite sin medias tintas: “Yo pensaba que era el portero de Tribunales”. Ninguno quiere hablar mal del señor de los sellos: no se sabe cuándo podrían necesitarlo.
En la actualidad su base de operaciones políticas es el partido Unite por la Libertad y la Dignidad (Unite), agrupación que es la continuadora del Modin. Pero, como se contó más arriba, en los últimos años su nombre y el de sus familiares aparecen como autoridades de varios partidos.
“Hace 40 años que vengo cuestionado esta democracia incompleta; esta democracia no es un logro del pueblo, sino que fue la concesión graciosa de un gobierno cívico-militar derrotado en la política, en las armas y en lo peor, derrotado ideológicamente”, dice Bonacci, encolumnado tras la figura de Javier Milei.
–Cuando usted militaba con Aldo Rico, ¿pensaba que él podía ser un líder como Javier Milei?
–Sí señor, sí señor. Lo que pasa es que, en el caso de Rico, lo venció el cuerpo.
Desde 2021, el partido de Bonacci es uno de los andamios legales sobre los cuales apoyó su candidatura presidencial Milei, de escasa estructura administrativa para hacer frente a una elección nacional.“La verdad es que no pasé por todos los partidos. Me gusta plantear que he colaborado en construir la opción libertaria desde 2019”, dice el político-imprentero.
Bonacci dice que él es partidario de que “todo arda”, por eso cree que la revelación de este mecanismo va a sepultar las boletas partidarias. Para dar otro ejemplo del descalabro de este sistema, cuenta una anécdota: dice que acaba de imprimir 600 mil votos del tramo presidencial de la boleta de Javier Milei (La Libertad Avanza) por pedido de Guillermo Montenegro, el candidato a intendente de la ciudad de Mar del Plata de Juntos por el Cambio.
“Montenegro le va a cortar los votos a Patricia (Bullrich, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, coalición que compite contra Milei)”, dice Bonacci.
–¿Se pueden imprimir votos sin la autorización, en este caso, de La Libertad Avanza?
–A mí qué me importa. Le escribí a Milei contándole. Le escribí: “Jefe, cuando usted sea presidente, póngame en la Casa de la Moneda”. Me respondió que como el Banco Central no va a existir más, va a cerrar la Casa de la Moneda.
Cuánto devolvieron
Aunque la ley prevé que las listas reintegren el dinero sobrante de la impresión de boletas, esto prácticamente no ocurre. Como ya se dijo, los controles son laxos frente a la magnitud del negocio y los volúmenes de papel que se utilizan.
Al cierre de esta investigación, y con los plazos de presentación de informes de campaña vencidos, sólo una agrupación había reintegrado al Estado argentino fondos que no utilizó en la impresión de sus votos para las PASO. Se trata del espacio confesional Nueva Unión Celeste, una fuerza política que tiene como bandera su rechazo a la interrupción legal del embarazo.
En este partido no había discusión interna pero, por la ley electoral argentina, igual deben competir para alcanzar el 1,5 % de los votos de su distrito, que habilita a la agrupación a disputar las bancas del Congreso Nacional. Nueva Unión Celeste presentó precandidatos para los tramos senadores nacionales, diputados nacionales y Parlasur regional, todas candidaturas para la provincia de Buenos Aires, la más importante del país.
Por esas tres categorías, el partido “celeste” (el color que identifica a quienes rechazan el aborto) recibió 114,8 millones de pesos, de los cuales reintegró 40,5 millones de pesos. Con ese monto, debió imprimir 39,3 millones de boletas.
Raúl Magnasco, el referente financiero de la agrupación, explica que ajustándose al presupuesto de 2,92 pesos que el Estado argentino le asignó como costo a la impresión de cada boleta, ponderaron que una cantidad lógica era imprimir unas 17 millones de boletas para las 38 mil mesas electorales que se desplegaron en esa provincia, un promedio de 150 boletas por urna y un mínimo stock para que los candidatos puedan repartir en mítines y actividades proselitistas.
Así, utilizaron 74,3 millones de pesos de los fondos públicos. Pese a la devolución del dinero, el despilfarro es inevitable: la agrupación logró solo 64.188 votos en las tres categorías, frente a los 17 millones que se imprimieron.
Las advertencias no oídas
En mayo 2023, cinco meses antes de las PASO, la Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtió sobre la utilización para otros fines de los fondos públicos destinados a la impresión de las boletas que se utilizan en las elecciones nacionales, y ordenó a los auditores judiciales en las provincias que refuercen los controles. Determinó que los pagos a las imprentas sólo podrían realizarse por medio de cheque cruzado o transferencia bancaria, sistemas que permiten tener la trazabilidad del dinero. Además, solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos que preste colaboración para detectar irregularidades.
En el mismo sentido, unos días antes de las primarias 2023, la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, se preguntaba “¿por qué tantos partidos y por qué tantas listas?”. Y respondía: “Algunas agrupaciones son absolutamente desconocidas y ni qué decir de la mayoría de los 27 candidatos a presidente, a los que estamos viendo en la publicidad que paga el Estado a todos los competidores. (…). La razón de esta proliferación de partidos y listas es muy sencilla. En ambos casos la respuesta es: un muy lucrativo negocio”.
Por su parte, un mes después de las PASO, el juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla comunicó a la Cámara Nacional Electoral una advertencia sobre la proliferación de listas internas “con escaso margen de representatividad”.
También en septiembre pasado, la Cámara Nacional Electoral le pidió al Congreso Nacional que modifique la normativa de financiamiento de los partidos políticos, para que se baje el gasto público en la impresión de boletas de votación. Reclamó que se revise el mecanismo de asignación de estos fondos.
La CNE señaló que la normativa vigente “conduce a resultados irrazonables”, y puso el caso del Partido Unión Popular Federal, en Córdoba, la agrupación de “el Sapo” Peral, que reclamó ante la Justicia que le cubran el costo de cada una de las cinco listas que presentó en las PASO.
Alternativas
En una entrevista con Ruido y CONNECTAS, Lourdes Lodi dice que “el problema no es que el negocio (de la impresión de boletas) se da en los márgenes o por fuera de la ley, sino dentro de la ley; es la propia ley la que habilita el negocio”; situación que también motiva a la atomización de la oferta electoral que provoca un “desconcierto y apatía” en el electorado, con “partidos generados ad hoc, días antes del cierre de listas, gracias a leyes electorales de bajos requisitos”.
Para Lodi hay dos soluciones. Sin cambiar la herramienta electoral, una posibilidad sería asignarle al reparto de fondos algún parámetro de racionalidad: por ejemplo, que los fondos para imprimir boletas fueran proporcionales a la cantidad de votos que obtuvo la fuerza en la elección anterior, una forma de alentar la competencia política.
Y quizá la mejor solución: un cambio en la herramienta electoral. De las boletas partidarias a la boleta única (un solo papel con todos los candidatos), que “imprime sólo un padrón y no tantas listas como compiten”. Para Lodi, los partidos políticos no sólo resisten la boleta única por el negocio que esconde la impresión de votos, sino también por “temor a un cambio en la cultura política”.
“A este sistema saben cómo articularlo, saben qué hace el puntero, saben cómo llevar adelante las prácticas tramposas. Con la boleta única se acaban los chanchullos sin que se acabe el financiamiento del Estado a los partidos”, agrega.
En 2015, antes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hiciera lugar a un amparo que abrió la caja de Pandora de negocios partidarios, Carlos Fayt, el único ministro del alto tribunal que votó en contra de darle a cada lista los mismos fondos para la impresión de boletas que a una agrupación, vaticinó que “la pulverización de la representación se vería alentada de otorgarse a cada lista los recursos que la ley concede a toda la agrupación política”. No era tan difícil ver el futuro.
(*) Cotización del dólar comercial al 11 de agosto de 2023.
Imágenes de votos y de Mempo Giardinelli: gentileza La Voz del Interior
Esta investigación se realizó con el apoyo de la fundación Connectas.
