El ahora ex ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, renunció públicamente, a través de un posteo en la red social Twitter a la cartera que presidía. Lo hizo mientras hablaba Cristina Kirchner en un acto en Ensenada.

En un extenso texto de siete carillas, Guzmán, dijo que sus conceptos no habían logrado entusiasmar a otros miembros del Gobierno y advirtió que “la primera vez que le hablé a la Argentina como ministro de Economía de la Nación, conté que nuestro objetivo era tranquilizar la economía. Puede que a varios ese concepto no les genere demasiado entusiasmo, pero a mí siempre me pareció (y me parece) que tranquilizar la economía constituiría una verdadera épica”.

“Una condición necesaria (…) era resolver el problema de las deudas externas insostenibles, que agobiaban tanto al Estado como a la Argentina toda. Ése era un punto de partida. Una condición necesaria, no suficiente, para sacar al país del sendero recesivo con destrucción de puestos de trabajo y de empresas por el que venía transitando, y retomar una senda de progreso económico y social”, agrega en otra parte del texto publicado.

Cabe señalar que la salida de Martín Guzmán del gobierno, no sorprende a nadie porque la presión sobre él se había intensificado, tanto de parte de los mercados como del ala kirchnerista del Gobierno que en los últimos días habían tenido acciones personales en su contra.

La danza de nombres para reemplazarlo comenzó y Sergio Massa está en el centro de la escena política, negociando el sucesor de Guzmán.

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Fue sentenciado nueve veces a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, pero no por lo ocurrido con unas 500 víctimas por las que aún era juzgado. Nunca reveló el destino de la nieta apropiada Clara Anahí Mariani.

Miguel Osvaldo Etchecolatz, el represor que durante la última dictadura militar ordenó la tortura y muerte en 21 centros clandestinos que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, murió este sábado a los 93 años, condenado nueve veces a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, y su figura será recordada en la historia argentina por ser uno de los principales responsables y ejecutores del período más oscuro del país.

No obstante, no llegó a ser condenado por lo ocurrido con unas 500 víctimas por las que aún era juzgado en sendos juicios en La Plata y sin revelar el destino de la nieta apropiada Clara Anahí Mariani, a quien retiró en sus brazos tras acribillar a balazos a su madre, ni el del albañil y militante Jorge Julio López, cuyo testimonio fue clave para que Etchecolatz recibiera, por primera vez en la historia judicial argentina, una condena por genocida.

Etchecolatz, quien falleció a las 5.30 de este sábado en la Clínica Sarmiento de la localidad bonaerense de San Miguel, donde se encontraba internado con custodia policial, partió sin arrepentirse de sus crímenes ni pedir perdón a sus víctimas; por el contrario, siempre justificó su accionar ante los tribunales federales que lo juzgaban y cuya competencia rechazaba.

Sin titubear, mirando a los jueces con sus ojos pequeños y oscuros y sus labios finos curvados en una sonrisa sarcástica que parecía una mueca, aseguraba: “Dicen que yo maté, usan esa palabra hiriente; y yo no maté, yo batí en combate que es distinto, yo respondí a la agresión con el personal que tenía, murieron muchos de los nuestros y de esos pobres jóvenes equivocados o mal orientados”.

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Etchecolatz nació el 1 de mayo de 1929, en Nieves, una estación ferroviaria del partido bonaerense de Azul.

Tras un paso por la escuela pública y de estar pupilo en un colegio religioso de Olavarría, ingresó a la Escuela de Policía Juan Vucetich y poco después comenzó la carrera policial que lo acercaría al jefe de la Policía Ramón Camps, llegando a ser Director de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Estaba casado y tenía tres hijos; una de ellas, Mariana, quien pidió y obtuvo el cambio de apellido en un acto de repudio a lo que hizo su progenitor tanto en su rol policial como por la violencia que ejercía al interior de su familia, donde su sola presencia sembraba el terror; y ya como Mariana Dopazo no dudó en calificar a su padre como “la encarnación del mal en todos los ámbitos”.

Etchecolatz tuvo a su cargo 21 campos clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Buenos Aires, donde ordenó la tortura y muerte de miles de hombres y mujeres alojados allí, como lo determinaron las nueve condenas a cadena perpetua que recibió; la última en mayo de este año.

Fue el responsable de la desaparición de estudiantes secundarios de La Plata, en el hecho que se conoció como La Noche de los Lápices, y fue quien conocía qué pasó con Clara Anahí Mariani, apropiada a los tres meses de vida tras asesinar a su madre Diana Teruggi en un operativo de fuerzas conjuntas en la casa de la niña, en la ciudad de La Plata, el 24 de noviembre de 1976.

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Por varios testimonios se pudo saber que, tras la intensa balacera contra la casa -que incluyó un obús que destruyó parte del frente-, un policía retiró a la beba de la vivienda y la entregó a Etchecolatz, que aguardaba en un vehículo y se la llevó, sin decir nunca a quien la entregó.

En 1986, Etchecolatz fue sentenciado a 23 años de cárcel como responsable de haber ejecutado 91 tormentos pero la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia por aplicación de la Ley de Obediencia Debida.

En el 2001 se lo detuvo por el robo de una beba hija de desaparecidos, Carmen Sanz, nacida en el Pozo de Banfield, y fue condenado a 7 años de prisión y por su estado de salud, se le aplicó el beneficio del arresto domiciliario que le fue revocado en junio de 2006, al constatarse que poseía un arma de fuego en su domicilio.

En el 2004, en el marco del juicio que se siguió al médico de la policía Jorge Bergés, Etchecolatz fue condenado a 7 años de prisión, sentencia que fue recurrida, reduciéndose a 3 años.

En el 2006 comenzó a ser juzgado por el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, donde se oyó uno de los testimonios más conmovedores y precisos sobre el accionar de Etchecolatz en los centros clandestinos a su cargo: fue el que brindó el albañil Jorge Julio López.

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El albañil, que desapareció en el marco de ese juicio el 18 de septiembre de 2006, cuando salió de su casa para ir a escuchar los alegatos del juicio, no dudó en afirmar al declarar que Etchecolatz “era un asesino serial, no tenía compasión”.

El 19 de septiembre de 2006 fue condenado a reclusión perpetua por “delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de un genocidio”, imputación que se aplicó por primera vez en el país.

En el 2011 fue condenado por el accionar represivo y el genocidio aplicado en lo que se denominó Circuito Camps.

En el 2013, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata unificó estas tres condenas por delitos de lesa humanidad que recibió Miguel Etchecolatz en una única de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua.

Mientras se leía la sentencia, Etchecolatz tenía en sus manos un papel donde se leía el nombre de Jorge Julio López, una imagen que resultó escalofriante a más de dos décadas de retornada la democracia y en el marco del avance de los juicios de lesa humanidad.

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En marzo de 2016, el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a Etchecolatz a 25 años de prisión por el secuestro y desaparición en junio de 1977 de los militantes universitarios Daniel Favero y María Paula Álvarez, aunque le fijó una pena única de prisión perpetua debido a las sentencias anteriores que ya existen en su contra.

A pesar de tener tantas condenas por genocida, Ertchecolatz seguía siendo policía de la provincia de Buenos Aires y recién en agosto de 2017 fue exonerado de la fuerza policial provincial. Cuando le fue notificada su exoneración, Etchecolatz firmó y debajo escribió “prisionero de guerra”.

En octubre de 2018 fue condenado a perpetua por los delitos cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la División Cuatrerismo de la Brigada Güemes, en La Matanza, y en la Comisaría 1° de Monte Grande, de Esteban Echeverría.

En el 2020 sumó otra condena a perpetua por los secuestros, torturas y muertes a detenidos alojados en la Brigada San Justo y finalmente, en mayo de este año se lo condenó a perpetua por los secuestros y torturas de siete personas en el excentro clandestino de Pozo Arana, entre ellas el albañil Jorge Julio López, y los asesinatos de cuatro de esas víctimas, entre las cuales está Francisco López Muntaner, uno de los estudiantes secuestrados en el episodio conocido como La Noche de los Lápices. (Télam)

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La aeronave, un Lear 35A que realizaba un vuelo sanitario, había dejado dos pacientes y se disponía a regresar a la ciudad de Buenos Aires. Dos pilotos, una enfermera y un médico fallecieron de forma instantánea.

Dos pilotos, un enfermero y un médico murieron a causa de un accidente aéreo que involucró a un avión sanitario en el aeropuerto de la ciudad fueguina de Río Grande, informó oficialmente la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).

El avión, un Lear 35A cayó a tierra a poco de despegar desde el aeropuerto de Río Grande, cerca de las 14.30. El impacto derivó en una gran explosión que pudo ser oída en distintos sectores de la ciudad fueguina.

El traslado sanitario

La aeronave, que realizaba un vuelo sanitario, había dejado en tierra, minutos antes del accidente, a un bebé de cinco meses y a su madre que habían sido trasladados desde la ciudad de Buenos Aires, confirmaron a Télam fuentes oficiales.

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Ambos fueron parte del vuelo sanitario realizado por la aeronave de la empresa Flying América SA que partió esta mañana a las 8.45 desde el aeropuerto de San Fernando e hizo una escala en Comodoro Rivadavia (Chubut) antes de emprender viaje a Tierra del Fuego.

Luego de aterrizar “normalmente” en Río Grande, tanto el bebé como su madre fueron trasladados en ambulancia hasta el sanatorio CEMEP, donde el niño permanece internado y en “buen estado de salud”, dijeron a Télam fuentes médicas de ese establecimiento.

“El bebé tiene cinco meses. Venía con una traqueotomía. Está con su mamá y está muy bien”, confirmaron los voceros consultados.

El accidente

El accidente aéreo se produjo cerca de las 14.30, mientras la aeronave en la que viajaban “dos pilotos, un médico y una enfermera” realizaba la maniobra de despegue desde el Aeropuerto Internacional Gobernador Ramón Trejo Noel, de Río Grande, poniendo rumbo de regreso hacia Buenos Aires.

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La nave se precipitó a tierra dentro del predio de la Base Aeronaval y a unos mil metros de una zona poblada, ocasionando una “gran explosión” que pudo oírse en distintos sectores de la ciudad fueguina de Río Grande, además de una estela de fuego y humo que pudo ser filmada por algunos pobladores.

La nave figuraba con habilitación vigente para la realización de este tipo de vuelos desde el 19 de octubre de 2021 y hasta el 19 de octubre de 2023, según la nómina oficial de empresa autorizadas para transporte aéreo sanitario (STAS).

Por su parte la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) informó oficialmente que el accidente involucró a la aeronave “Learjet 35, matrícula LV-BPA”, y ocurrió a las 14.36.

La Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Aeronáuticos  de la JST “ha designado a un investigador a cargo que coordinará las tareas del Equipo de Trabajo de Investigación de Campo (ETIC)”, indicó la Junta en un comunicado. 

También mencionó que “se dispusieron todos los mecanismos necesarios para garantizar el acceso a la documentación e información requerida para la investigación” y que “el próximo comunicado oficial se confeccionará 12 horas después de que los investigadores arriben al lugar del suceso, en base al trabajo realizado en el campo por el ETIC”.

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La Junta de Seguridad en el Transporte es un organismo descentralizado, en la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación, creado en el mes de abril de 2020 mediante la Ley 27.514 y la Resolución 98/2020.

“Se trata del primer organismo de investigación multimodal de Iberoamérica que investiga accidentes e incidentes ocurridos en todos los modos de transporte. Su objetivo no es buscar responsabilidades civiles y/o penales, sino contribuir a la seguridad en el transporte con estudios y recomendaciones. Al crearse, absorbió a la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil (JIAAC)”, detalló la propia dependencia.

Desde su página web, la empresa Flying America -dueña del avión sanitario siniestrado- se presenta como “una empresa aérea de capitales privados especializada en vuelos ejecutivos, de carga y sanitarios, abocada a brindar un servicio de máxima seguridad, calidad y eficiencia a través de un equipo de profesionales altamente capacitados para brindar un servicio a la medida exacta de cada cliente”.

Afirma que opera “desde los principales aeropuertos del país”. “Flying America realiza vuelos nacionales como vuelos internacionales siempre manteniendo los más altos estándares de seguridad y calidad”, añade.

Por último, al hablar de la seguridad de su servicio, explicaron que cuentan “con un plantel de profesionales, pilotos, mecánicos y médicos altamente capacitados y con una gran experiencia en el tipo de aeronave en la que trabajan. Gracias a nuestro elevado nivel de seguridad y profesionalismo, hemos sido designados para transportar la Copa del Mundo de Football de la FIFA en su viaje por Argentina”. (Télam)

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