La diligencia que ordenó la jueza Silvina Domínguez para desalojar los predios usurpados terminó con siete mujeres detenidas. Sin embargo, los hombres lograron escapar hacia la zona boscosa y prometieron volver.

La detención de siete mujeres es el resultado, al menos parcial, de la cinematográfica diligencia que ordenó la jueza federal subrogante Silvina Domínguez para desalojar los predios usurpados por la agrupación Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi. Sin embargo, los hombres que forman la autodenominada comunidad mapuche lograron escapar hacia la zona boscosa.

Por ello, varias horas después del inicio del operativo, la ruta siguió cortada hasta las 20.30, cuando se liberó la circulación, mientras que los efectivos continuaron trabajando en el territorio recuperado para evitar que la comunidad intente volver a tomar el control.

De acuerdo a información a la que accedió Infobae, el origen de la diligencia dispuesta por la magistrada fue la denuncia que presentó Luis Dates, propietario de la cabaña “Los Radales”, que fue usurpada durante el transcurso de la semana pasada.

El 1° de agosto, la propiedad de Dates fue vandalizada por los mismos encapuchados. El domingo 25 de septiembre ocurrió lo mismo con una casilla que Gendarmería Nacional tenía apostada en la misma propiedad, para evitar que sea usurpada, lo que finalmente ocurrió el martes 27.

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A partir de la presentación que realizó el damnificado, Domínguez dispuso el desalojo de toda la franja situada en el paraje turístico, ubicado a 35 kilómetros de Bariloche.

El Ministerio de Seguridad de la Nación cumplimentó la manda judicial este martes desde las 7.30 de la mañana. Luego de un enfrentamiento entre los encapuchados y los grupos tácticos de la Policía Federal, siete mujeres que permanecieron en el territorio fueron detenidas y trasladadas a dependencias de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), en el aeropuerto internacional de Bariloche. Sin embargo los hombres que integran la comunidad, lograron escabullirse entre la tupida vegetación del lugar y no fueron capturados.

La permanencia de las mujeres y los niños –cinco de ellos acompañaron a sus madres cuando fueron trasladadas– forma parte de una estrategia que ya fue utilizada por la misma comunidad, durante el frustrado desalojo de los predios de Parques Nacionales, en 2017.

En la ocasión, los varones que integran la agrupación lograron escapar de las garras policiales y luego intentaron recuperar el territorio. En ese contexto, fue asesinado de un disparo por la espalda uno de sus integrantes, Rafael Nahuel.

Una vez que la comunidad logró retomar el control sobre esos predios, inició una escalada de usurpaciones que incluyó tierras pertenecientes a organismos públicos y también privados.

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El objetivo de la diligencia de este martes era identificar y detener a los integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu y desalojar los predios que habían sido usurpados. No obstante, la misma se cumplimentó parcialmente, ya que los cabecillas de la banda lograron escabullirse y permanecen prófugos.

“Vamos a volver al territorio, más allá del resultado de la militarización de Villa Mascardi”, sentenciaron fuentes allegadas al pueblo originario. Las autoridades judiciales tienen conocimiento sobre cuáles son las intenciones de la agrupación, motivo por el que dispuso continuar custodiando los terrenos con los mismos equipos tácticos que participaron del allanamiento.

Cómo fue la logística

El grupo, integrado principalmente por efectivos de la Policía Federal, se congregó en la base operativa del Ejército Argentino, a 9 kilómetros del centro de Bariloche, cerca de las 4 de la mañana.

Si bien el objetivo era iniciar la movilización hasta Villa Mascardi de inmediato, debieron aguardar hasta el amanecer para poder hacerlo, lo que aletargó el traslado hasta el lugar de conflicto.

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En el territorio, mientras tanto, los integrantes de la agrupación mapuche realizaban guardias para tratar de dilucidar cómo sería el despliegue de los uniformados.

En cuanto el convoy arribó al paraje, a las 7:27 de la mañana, se produjo un crudo enfrentamiento entre los integrantes de la comunidad, quienes arrojaron piedras y elementos contundentes, y los uniformados, que respondieron con gases lacrimógenos y armamento no letal.

Esa situación se extendió por más de 20 minutos, aunque en ese lapso los varones que desafiaban a los efectivos, emprendieron la fuga hacia la parte alta de la montaña.

“Conocen el terreno como la palma de su mano, en minutos lograron huir hacia la parte boscosa y no pudieron ser atrapados”, confiaron a este medio fuentes vinculadas al comando unificado de fuerzas que formó parte del operativo.

Mientras tanto se implementaron distintos retenes a lo largo de la ruta 40, tanto en el sector norte, con uniformados de Policía de Río Negro, Gendarmería Nacional y Prefectura, como también en el sur, entre Villa Mascardi y El Bolsón.

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El tránsito quedó limitado únicamente para los vehículos de la repartición policial. La diligencia se extendió durante toda la jornada, tiempo en el que Domínguez y la fiscal federal subrogante Cándida Etchepare permanecieron en las inmediaciones.

Incluso cerca de las 16, ambas funcionaras realizaron un sobrevuelo en toda la zona, a bordo de un helicóptero de la Policía Federal Argentina.

Pasadas las 20 la ruta permanecía interrumpida al tránsito. En el otro extremo de Bariloche, en el acceso norte, la Policía de Río Negro dispuso un estricto control vehicular, constatando los códigos QR de los documentos de identidad, para detectar a posibles personas vinculadas a los pueblos originarios.

Fuente: infobae.com

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El Gobierno Nacional aumentó la recompensa para quienes brinden información sobre el paradero de Sofía Herrera, la niña que fue vista por última vez en Tierra del Fuego hace 14 años cuando tenía 3 de edad.

A través de la Resolución 628/2022, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso “el incremento de la recompensa oportunamente ofrecida (un millón de pesos), a la suma total de PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000), destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Sofía Jazmín HERRERA, D.N.I. N° 45.887.803, quien fuera vista por última vez el día 28 de septiembre de 2008, en el Camping John Goodall distante a 60 kilómetros de la ciudad de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego”.

“Las personas que quieran suministrar datos, deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Recompensas” de la cartera de Seguridad, al número telefónico 134, precisó el Poder Ejecutivo.

“El pago de la recompensa será realizado en este Ministerio o en el lugar que designe el representante de esta Cartera de Estado, previo informe del representante de la autoridad interviniente sobre el mérito de la información brindada, preservando la identidad del aportante”, se aclaró en la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Además, la cartera a cargo de Aníbal Fernández encomenzó a la Dirección Nacional de Comunicación Institucional la difusión en medios gráficos de circulación nacional de la presente resolución e instruyó a las Fuerzas Federales de Seguridad “la difusión y publicación en todas sus formas de un afiche con los datos de la recompensa y con las imágenes de la niña de cuando tenía 3 años y de cómo se vería hoy que tendría 17 años.

El pasado miércoles 28 de septiembre se cumplieron 14 años de la desaparición de Sofía Herrera, quien fue vista por última vez en un camping de Tierra del Fuego y desde ese entonces su búsqueda se mantiene activa. Al cumplirse un nuevo aniversario de su desaparición, se decidió hacer una manifestación en una plaza cercana a la vivienda de la familia, en la ciudad de Río Grande.

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Caso Sofía Herrera

El 28 de septiembre de 2008 la familia Herrera junto a uno amigos decidieron pasar un día en el camping John Goodall, ubicado a 59 kilómetros al sur de Río Grande. Antes de llegar al lugar, la familia se detuvo en un supermercado a comprar comida y fueron a una estación de servicio donde se encontraron con Noemí Ramírez y Silvio Giménez, quienes a su vez estaban con sus hijos de 2 y 9 años.

El camping de 15 hectáreas se caracterizaba por ser casi desértico y estar cercado con un alambre de un metro de altura y seis hilos, siendo el primero de púas. Mientras disfrutaban de la jornada y sin percibirlo, la pequeña que en aquel entonces tenía 3 años se separó del grupo y desde ese entonces se desconoce su paradero.

A lo largo de los años surgieron diversas pistas pero los análisis descartaron todas las posibilidades y la desilusión se incrementa debido a que la Justicia sigue sin encontrar a los principales sospechosos de la causa. Uno de ellos es José Dagoberto Díaz Aguilar, a quien apodan “Espanta la Virgen”, un hombre de nacionalidad chilena y costumbres nómades, que deambula por zonas rurales de Argentina y Chile.

El caso de Sofía Herrera se convirtió en un ícono de la desaparición de personas en el país debido a que motivó a la elaboración de un protocolo de emergencia para situaciones de características similares. El mismo fue denominado “Alerta Sofía” y consiste en una línea telefónica exclusiva (08002227634) para recolectar datos, que se suma al sitio web www.sofiaherrera.com.ar donde no solo se publica el proceso de la investigación e imagen actualizada de la nena.

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En un mundo donde Estados Unidos o países europeos como Hungría restringen el acceso al aborto, Argentina es un ejemplo en el reconocimiento de la autonomía reproductiva. Sin embargo, a la hora de implementar la ley de interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE), persisten barreras que las usuarias de los servicios de salud deben superar, tanto en el sector público como en el privado.
Desde la sanción de la ley, y pese a las resistencias de ciertos sectores y ataques judiciales frustrados, el sector público de salud registró 73.487 interrupciones del embarazo y aumentó en 420 la cantidad de efectores que garantizan la práctica. Si bien estos datos no niegan la persistencia de barreras, como, por ejemplo, la baja disponibilidad de servicios que aún aqueja a algunas jurisdicciones, al menos rinde cuentas sobre los avances. Amnistía Internacional continúa monitoreando y documentando el Estado de la implementación de la ley a nivelfederal, y en esta oportunidad difunde el resultado de una primera investigación sobre lo que sucede en el sector privado. 

Acceso al informe:

La situación en el sector privado

Lamentablemente no se ha producido información pública que releve, al menos, a nivel nacional, cuántas IVE/ILE fueron garantizadas por el sector privado y de la seguridad social, pese a la enorme relevancia de dicho sector en Argentina. A través del acompañamiento de casos y de acceso a información pública, Amnistía Internacional ha identificado barreras en el acceso a servicios de IVE/ILE que todavía enfrentan usuarias y afiliadas de Obras Sociales (OS) y Entidades de Medicina Prepaga (EMP).

“En un país con un territorio tan vasto y en el que al menos el 60% de la población cuenta con cobertura privada de salud, para que las personas puedan acceder a sus derechos sexuales y reproductivos es necesario un fuerte compromiso de todos los actores de dicho sector. Las obras sociales y empresas de medicina prepaga deben brindar a sus afiliadas la cobertura integral obligatoria de la IVE e ILE, mediando un trato digno y pleno acceso a la información. La Superintendencia de Servicios de Salud y las autoridades de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor deben fortalecer los equipos de trabajo que resuelven los reclamos por obstáculos de acceso a IVE, aplicar las sanciones correspondientes frente a incumplimientos, y exigir garantías de no repetición para que ninguna otra mujer tenga que enfrentar nuevamente barreras en el ejercicio de derechos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

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Amnistía Internacional celebra los esfuerzos que realizan países como Argentina, Colombia y México, que, a contramano de países europeos o de EE.UU. avanzan en el reconocimiento de la autonomía reproductiva de las personas con capacidad de gestar. La organización continuará haciendo campaña para que el aborto sea legal en todo el mundo y vuelva a serlo en lugares que hoy en día muestran una preocupante tendencia regresiva.

Información complementaria: 

Salta y el caso Miranda: La semana pasada fue sobreseída Miranda Ruiz, médica que estaba imputada sólo por haber hecho su trabajo; es decir, por haber garantizado un aborto en Salta.
Si bien la provincia ha realizado importantes esfuerzos para garantizar la práctica, aún hay muchos desafíos. A partir del diagnóstico de la “escasez de profesionales no objetores de conciencia” en la provincia y frente a la obligación de garantizar el acceso, el Ministerio de Salud adoptó normativa y organizó capacitaciones para aumentar la capacidad de respuesta de los centros de salud en cada área sanitaria de la provincia. Sin embargo, referentes locales advierten que es necesario continuar ampliando la oferta de servicios para cubrir la demanda en toda la provincia. Sólo unos pocos profesionales garantizan interrupciones legales en edades gestacionales avanzadas, por lo que deben trasladarse o trasladar a las pacientes de un lado a otro de la provincia a fin de garantizar el acceso a esa práctica.
Además, no hay información en centros de salud y en el espacio público sobre dónde y cómo acceder a la práctica, ni se puede acceder a ella de manera espontánea. Los centros de salud derivan a las pacientes que consultan al 0800 del Ministerio de Salud de la Nación, y si bien existen líneas telefónicas locales, no se han difundido ampliamente entre la población. El Ministerio informó que está próximo el lanzamiento de una campaña con cartelería pública con un código QR que incluiría información sobre el derecho al aborto, que incluiría canales de reclamo por obstáculos en obras sociales y empresas de medicina prepaga. Pese a ello, no consta que se vaya a difundir activamente información precisa sobre los lugares, días y horarios en donde se puede acceder a una consulta, lo que es central para mejorar sustancialmente el acceso a la práctica.

Los reclamos recibidos por los organismos nacionales de control y supervisión de dicho sector dan cuenta de que, desde la sanción de la ley, cientos de usuarias se enfrentaron con graves obstáculos de acceso a la práctica. Un 35% de las reclamantes ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación y un 54% de los reclamos ante la Dirección Nacional de Defensa de las y los Consumidores denunciaron que se le negó el acceso a la práctica. La cuarta parte de los reclamos debieron resolverse en el sistema público de salud, aumentando el colapso y cuello de botella que, en algunos casos, enfrentan los efectores de ese sector. Además, una empresa de medicina prepaga fue multada en 4 millones de pesos por negar la cobertura correspondiente de control post aborto a una usuaria e incumplir el deber de brindar información y un trato digno. En otro caso, la prepaga debió bonificar con 12 cuotas a la usuaria por las mismas razones.

Contacto con Amnistía Internacional

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La organización difunde su formulario de denuncia para aquellas personas que experimenten barreras en el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.