La docente Elsie Araseli Ojeda obtuvo el Doctorado en Geografía con un estudio que reconstruye, desde 1970 hasta 2024, los procesos sociales, urbanos y estatales que configuraron el riesgo hídrico en la ciudad de Corrientes. Examina las transformaciones del territorio, las técnicas hidráulicas implementadas y las decisiones que permitieron la urbanización de lagunas, con efectos directos en la construcción del riesgo.
La profesora Elsie Araseli Ojeda obtuvo hace pocos días el Doctorado en Geografía de la Universidad Nacional del Nordeste. Su tesis, dirigida por el doctor Diego Martín Ríos (UBA-CONICET) y la doctora María Alejandra Fantin (IIGHI – CONICET), examina cómo diversos grupos socioeconómicos han construido el riesgo de anegamiento en áreas lacustres de la ciudad de Corrientes desde 1970 hasta 2024.
En la defensa de su trabajo, la investigadora fundamentó la conclusión a la que arribó con un análisis cronológico de hechos que dieron forma a la tesis que se titula «Riesgos por anegamientos en una ciudad desigual: Corrientes, sus extremos socioeconómicos y la urbanización de sus lagunas (1970 – 2024)».
El proceso de urbanización que se venía desarrollando en la ciudad de Corrientes generó episodios de precipitación que, sin ser necesariamente abundantes o intensos, dejaban sectores periféricos completamente anegados. En este contexto surgieron los interrogantes que guiaron la investigación: ¿Quiénes son los actores intervinientes en el avance de la ciudad sobre áreas lacustres? ¿Qué papel ocupan las políticas públicas? y ¿Qué conflictos ambientales emergen?
“Los resultados hallados permiten analizar el proceso de urbanización que se viene gestando en la ciudad de Corrientes sobre áreas lacustres y sus efectos indeseados, como lo es el riesgo por anegamiento. Si bien este proceso se desarrolla hace varias décadas, estos aspectos han sido poco considerados y recién en los últimos años despertó el interés en el ámbito académico. Por un lado, se analiza el caso de la laguna Seca, que, aunque han pasado varias décadas desde su ocupación y se han presentado conflictos ambientales, hasta el momento eran escasos los estudios referidos a la cuestión ambiental y particularmente en el campo del riesgo”, comentó la doctora Ojeda.
Por otro lado, la tesis resalta la proliferación que han experimentado las urbanizaciones cerradas en las últimas décadas, combinado con la participación estatal a través de normativas escasas u omisas y las técnicas hidráulicas implementadas en las lagunas para aumentar el acceso a cada propietario a este recurso paisajístico-recreativo. Estos configuraron un escenario de construcción del riesgo del que no se tenía registro en ese sector lacustre del periurbano de Corrientes. En este sentido, particularmente en la tesis se analizan los casos de Don Manuel y Laguna Pueblo Nuevo.
Breve cronología
La generación de riesgos de desastres en los ámbitos urbanos es un proceso que se ha potenciado desde finales del siglo pasado por la ocurrencia de eventos extremos en el marco del Cambio Climático y por la creciente ocupación de los humedales.
La investigación identificó cuatro etapas en la expansión urbana de Corrientes, cada una con paradigmas urbanísticos y técnicas hidráulicas aplicadas sobre arroyos y lagunas. La ocupación de las lagunas cuenta con un antecedente que se remonta a las primeras décadas del siglo XX, cuando la ciudad avanzó sobre los arroyos circundantes y procedió a su entubamiento. Estas acciones encontraban su razón de ser en los preceptos del higienismo: los arroyos eran considerados terrenos desperdiciados, foco de enfermedades y obstáculos para la expansión del trazado urbano.
La laguna Seca, al igual que otros sectores lacustres de la ciudad como la laguna Ñapindá y los paleocauces del río Negro en Resistencia, funcionaban como amortiguadores pluviales, donde el agua escurría por la pendiente hacia esos lugares.
En cuanto al caso en estudio, el Estado, se convirtió en promotor y pionero en la ocupación de áreas anegables a través de la construcción de los conjuntos habitacionales República de Venezuela y 9 de Julio, más conocido como Barrio Laguna Seca, sostiene el trabajo.
Esta política pública dio respuesta en un primer momento al problema planteado, pero ante la presencia de lluvias produjo un escenario-se detalla en la Tesis- para la conformación del riesgo de anegamiento. “Los adjudicatarios de viviendas no fueron los únicos afectados: sino también quienes autoconstruyeron sus viviendas de manera precaria en cercanía a estos conjuntos habitacionales, provenientes del interior correntino y de provincias vecinas, conformándose el Barrio La Olla. Para la mayoría de los recién llegados el traslado significó pasar de la zona rural a la urbana sin mejorar la calidad de vida, con peores condiciones en materia ambiental, sanitaria y edilicia, y con una exposición casi constante a la ocurrencia de anegamientos”.
“La solución diseñada por el Estado fue relocalizar al sector más afectado por las lluvias, es decir, el área más profunda de la laguna. Esta medida cortó lazos comunales al reubicar a los afectados en una zona alejada y se los desconectó de sus fuentes de trabajo. Si bien se logró reducir la exposición a la amenaza natural, se produjo un impacto en el área socioeconómica, dado que se acentuó la deteriorada calidad de vida en la que ya se encontraban. Con las relocalizaciones, muchas unidades domésticas modificaron su estructura, composición y funcionamiento”.
La solución planteada no produjo el resultado esperado. Muchos volvieron a su lugar de residencia, sumado a la falta de control por parte del Estado municipal, que no resguardó la laguna de nuevas ocupaciones. Estos grupos prefieren vivir en una zona de riesgo para asegurar algún ingreso económico y abaratar costos de vida.
El fracaso de la relocalización condujo a que años más tarde se propusiera la mejora de la urbanización en el mismo sector ocupado, sin reubicaciones por fuera de éste. La intervención del PROMEBA fue un indicio del trabajo colaborativo que se puede llevar a cabo por parte de los diferentes niveles del Estado, con una planificación que intentó abarcar distintos actores y una participación de la ciudadanía.
Urbanizaciones Cerradas (UCs)
“A fines de la década del 90, hacia el este de la ciudad en el sector de lagunas, tiene lugar una forma de urbanización liderada por el mercado inmobiliario. Estos emprendimientos son promocionados como una inversión en la región, alejada del ruido y la congestión de la ciudad, ofreciendo contacto con la naturaleza. Los cuerpos de agua se han convertido en uno de los rasgos paisajísticos más valorados por el urbanismo neoliberal y están siendo replicados en varias ciudades de la región como Riachuelo, Paso de la Patria, Santa Ana, y el AMGR.
La llegada de un evento o periodo de excesos de precipitaciones pone en jaque a todo un sistema con un aparente normal funcionamiento. “En Corrientes, el otoño de 2017 puso de relieve dos aspectos: por un lado, la visibilidad que adquirieron las urbanizaciones cerradas como consecuencia de su instalación en áreas lacustres que venían desarrollándose durante periodos secos, y expuso la inacción de las políticas públicas y de las autoridades competentes. Por otro lado, la llegada de la crisis ambiental en un periodo electoral fue aprovechada para acciones asistencialistas e incluso el planteo de un modelo de gestión basado en «soluciones definitivas» a la problemática hídrica”.
En el caso de la UC “Don Manuel”, durante el período seco, vendió algunos lotes ubicados en el contorno de la laguna Perro. A esto se sumó la creación de un camino interno de la urbanización que significó la interrupción en la interconexión natural que se producía entre dos lagunas durante los ciclos húmedos generando un efecto tapón.
Asimismo, la dificultad natural de absorber o de evacuar el agua dada la saturación del suelo y colapso de todo el sistema hídrico, las lagunas aumentaron su superficie anegando a viviendas y piletas de natación que se habían localizado en sus proximidades. Como una solución rápida a la problemática, los desarrolladores de esta urbanización, realizaron obras de canalización que permitieron el trasvase de caudal hacia la cuenca de la cañada Mandiyuratý/laguna Brava. Posteriormente, una vez finalizado el período húmedo, los desarrolladores de esta urbanización solicitaron a la municipalidad de Corrientes, la limpieza y profundización del desagüe que habían construido.
Por otro lado, la UC Laguna Pueblo Nuevo se localiza hacia el este de la laguna Soto, cuenta en su interior con una pequeña laguna, con el objetivo de reducir el perímetro de la cubeta y destinar esa tierra “ganada” a la creación de nuevos lotes, buscaron aumentar la capacidad de contención de agua de la cubeta en profundidad. Para ello, se llevó a cabo la técnica de dragado, delimitación mediante un muro contenedor y desagote hacia la laguna Soto por medio de una estación de bombeo. Con estas acciones se lograron incorporar unos 10 lotes para la comercialización.
Una vez instalado el periodo húmedo del 2017, las técnicas hidráulicas implementadas de nada sirvieron, siendo uno de los más afectados, con el desborde de las lagunas que anegaron las casas circundantes. Esta UC tuvo que aumentar su capacidad de bombeo hacia la laguna Soto y desde allí, el municipio capitalino también intervino con la construcción de 3.000 metros de canales a cielo abierto que conectaron con el Canal 5, para finalmente desaguar en el río Paraná.
Con la lectura de este proceso desde 1970, década en que comenzó a ser ocupada la laguna Seca, es posible advertir que a medida que la ciudad avanza van apareciendo nuevas áreas de humedales posibles de ser urbanizadas. Los actores intervinientes no siempre son los mismos: pueden ser movidos por la necesidad, por el mercado inmobiliario en búsqueda de ganancias o por la acción o inacción del Estado en sus diferentes niveles. Tanto la ocupación de las lagunas como la generación de riesgos y su concreción en catástrofes no se limita a un estrato determinado, sino que se abre a múltiples condiciones socioeconómicas y, por ende, a diferentes grados de vulnerabilidad social.
Las políticas públicas se han materializado a través de la omisión de responsabilidades y la implementación de obras estructurales y no estructurales: el entubamiento de arroyos, construcción de conjuntos habitacionales para sectores populares en una zona anegable, relocalizaciones, normativas favorecedoras para la instalación de urbanizaciones cerradas, vacíos legales en ambientes lacustres y la falta de fiscalización en relación a la urbanización de humedales.
Asimismo, se observaron limitaciones por parte del Estado en los procesos de relocalización y control sobre terrenos en zonas de riesgo como la laguna Seca, mientras que muestra permisividad en el caso de las UCs, incluso realiza inversiones durante y después de las problemáticas relacionadas al anegamiento.
Proyecciones
La investigación identifica la necesidad de profundizar en el entramado político-empresarial que existe en el desarrollo de las urbanizaciones cerradas en zonas lacustres y qué acuerdos se realizan para acceder a ciertas permisividades. “Además, sería necesario conocer el impacto ambiental que genera la urbanización en estos humedales y en sus ecosistemas asociados. El estudio de riesgos de anegamiento podría ser tomado como referencia para otras ciudades contiguas o con condiciones de sitio similares, en las que también se están replicando procesos de urbanización sobre humedales”.
“Este estudio pretende aportar conocimiento al campo de los riesgos por anegamientos en las ciudades de la región y oficiar como advertencia y herramienta para los tomadores de decisiones y la sociedad en general”, sostuvo la doctora Ojeda.
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