por Corrientes al Día
El Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó el decomiso de bienes por más de $684.990 millones pertenecientes a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados en la Causa Vialidad. La decisión alcanza a 122 inmuebles, empresas, hoteles y propiedades identificadas como parte del patrimonio construido mediante maniobras ilícitas entre mayo de 2003 y diciembre de 2015.
La resolución, firmada por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, actualizó el monto original fijado en 2021, que era de $84.835 millones. Ahora, tras el informe de peritos contadores y criterios validados por la Corte Suprema, se estableció la cifra final como parte de una reparación integral del daño ocasionado al Estado.
Qué bienes serán decomisados
La medida impacta directamente sobre las principales empresas vinculadas al esquema de obra pública en Santa Cruz: Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Loscalzo y Del Curto, además de hoteles, terrenos y departamentos distribuidos en Buenos Aires, CABA y Santa Cruz. Entre ellos se incluye un inmueble a nombre de Cristina Kirchner y otras propiedades cedidas a Máximo y Florencia Kirchner.
El tribunal dispuso además la ejecución prioritaria de los bienes que se encuentren todavía en poder de los condenados. Si esos activos resultaran insuficientes para cubrir el monto actualizado, se avanzará sobre bienes pertenecientes a otros involucrados como Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Pavesi y Raúl Daruich.
Por qué se ordenó el decomiso
El fallo señala que quedó demostrado un circuito de beneficios indebidos mediante la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz, lo que generó una red de cartelización, sobreprecios, obras inconclusas y controles simulados. Ese engranaje, según el tribunal, derivó en el vertiginoso crecimiento patrimonial de Báez y en la participación funcional de Cristina Kirchner.
El TOF 2 rechazó los planteos de las defensas sobre supuestas afectaciones a terceros, al afirmar que el decomiso no requiere una trazabilidad contable perfecta, sino una vinculación razonable con los beneficios obtenidos ilícitamente. También citó tratados internacionales, entre ellos la Convención de la ONU contra la Corrupción, remarcando que el decomiso es una herramienta clave para impedir la impunidad económica en casos de corrupción estructural.
Qué destino tendrán los bienes
Los activos pasarán a la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y Decomisados, y la Corte Suprema será notificada para definir su eventual afectación al servicio de justicia. Según la sentencia, la ejecución de estos bienes deberá orientarse a reparar el daño social causado, con especial énfasis en Santa Cruz, donde las obras inconclusas y sobrevaluadas deterioraron gravemente la infraestructura vial.
