Un operativo encabezado por la Justicia Federal de Goya permitió el martes rescatar a 15 trabajadores explotados laboralmente en zonas rurales de Lavalle y Santa Lucía, quienes eran mantenidos en condiciones infrahumanas por un productor local, actualmente bajo investigación.
El procedimiento se realizó bajo la instrucción de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y la fiscalía a cargo del doctor Mariano De Guzmán, en el marco de una causa por trata de personas y evasión impositiva.
Los allanamientos fueron concretados por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Goya” de la Gendarmería Nacional, junto a organismos nacionales que trabajan en la lucha contra la trata.
En los lugares inspeccionados, los investigadores encontraron a 15 personas —entre ellas dos integrantes de la comunidad Qom de Formosa que no hablaban español y cinco trabajadores oriundos de Mendoza— viviendo y trabajando en condiciones precarias y sin acceso a servicios básicos. El resto provenía de parajes rurales cercanos a Lavalle.
“Condiciones infrahumanas” y explotación
Según fuentes judiciales, los trabajadores vivían hacinados, sin agua potable ni instalaciones sanitarias, y eran sometidos a extensas jornadas laborales sin remuneración acorde.
Durante el operativo, se secuestraron una camioneta Toyota Hilux, dinero en efectivo, celulares, dispositivos electrónicos y documentación contable, que serán incorporados como pruebas al expediente.
Las tareas fueron acompañadas por profesionales del Programa de Rescate y Acompañamiento a las Víctimas de Trata de Personas, integrantes del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata – Delegación NEA, y representantes de la Dirección Nacional de Migraciones, AFIP-DGI, Ministerio de Trabajo, UATRE y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleados (RENATRE) de Corrientes.
Denuncia e investigación
La causa se originó tras una denuncia presentada en la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Goya”, donde un testigo alertó sobre presuntos casos de explotación laboral en una finca de Lavalle.
Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía Federal de Goya impulsó la investigación, ordenando tareas de inteligencia y vigilancia que confirmaron las sospechas.
El principal sospechoso sería un productor agrícola local, señalado como responsable de la contratación y retención de las víctimas, quienes trabajaban en su propiedad en situación de vulnerabilidad extrema.
