El Gobierno peruano ha dado un paso significativo en la lucha contra el robo de teléfonos celulares al promulgar un decreto legislativo que impondrá penas de hasta 30 años de prisión a quienes cometan este delito. El Ministro del Interior, Vicente Romero, explicó que esta medida tiene como objetivo atacar todo el espectro delictivo, desde aquellos que realizan el robo hasta quienes comercializan los dispositivos.
Romero afirmó con convicción que estas «medidas importantes, severas y drásticas» reducirán significativamente los robos de celulares en el país. «Estamos abordando toda la cadena completa: los ladrones, los compradores y los vendedores. Estoy seguro de que esta medida será efectiva y disuasoria. Muchos podrían considerarla una medida exagerada, pero la oferta y la demanda de teléfonos robados, sin duda, disminuirá. Especialmente para aquellos que utilicen vehículos o armas de fuego, la pena será de 20 a 30 años», afirmó el Ministro.
El decreto que detalla las modificaciones en el Código Penal fue publicado en el diario oficial «El Peruano» la noche del miércoles y se promulgó con base en las facultades legislativas otorgadas por el Congreso para abordar asuntos relacionados con la seguridad ciudadana.
Según la nueva normativa, el robo de «equipos terminales móviles, teléfonos celulares, equipos o dispositivos de telecomunicaciones, redes o sistemas de telecomunicaciones u otros bienes de naturaleza similar» será castigado con una pena privativa de libertad, no menor de 12 ni mayor de 20 años.
En caso de que el robo se realice con material explosivo, vehículos motorizados o cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima, o deje a la víctima o su familia en grave situación económica, la pena privativa de libertad será de 20 a 30 años. Lo mismo se aplicará si se abusa de la incapacidad física o mental de la víctima o si se emplean drogas, sustancias químicas o fármacos en el proceso.
La normativa también aborda la adquisición, venta y compra de estos objetos una vez que han sido sustraídos. Quienes «adquieran, reciban en donación, prendan, guarden, escondan, expongan para la venta, ayuden a negociar, comercialicen, desensamblen o utilicen un bien o sus partes» conociendo su procedencia ilícita serán sancionados con una pena privativa de libertad no menor de dos, ni mayor de cuatro años, además de 30 a 90 días-multa e inhabilitación.
Romero destacó la contundencia de estas medidas, afirmando que quienes roban celulares, compran estos dispositivos, e incluso aquellos que alteran los aparatos, enfrentarán severas sanciones. «La recepción de bienes robados también será castigada con hasta 12 años de prisión. Entonces, ¿quién estará dispuesto a enfrentar una condena de prisión?», concluyó el Ministro del Interior peruano.
Fuente: UHN Plus
