Por Corrientes al Día
La investigación por presunto lavado de activos vinculada con la cadena de gimnasios EXEN sumó un nuevo capítulo. El fiscal general Patricio Sabadini pidió imputar a cuatro sociedades comerciales que, según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, habrían sido utilizadas para incorporar dinero de origen ilícito al circuito económico formal en Chaco y Corrientes.
El requerimiento fue presentado ante la jueza federal de Resistencia Zunilda Niremperger y alcanza a EXENGYM S.R.L., RANA S.R.L., EXEN ACADEMY S.A.S. y PAMPAFITNESS S.A.S.
Además de solicitar que las empresas sean incorporadas a la causa como personas jurídicas imputadas, Sabadini requirió citar a declaración indagatoria a sus representantes legales.
Como medida cautelar, el fiscal solicitó la suspensión temporal de las actividades comerciales y de la personería jurídica de las cuatro sociedades. El objetivo señalado en el dictamen es impedir que continúen las maniobras bajo investigación.
El planteo se apoya en el artículo 304 del Código Penal, que establece la posibilidad de responsabilizar a una persona jurídica cuando el lavado de activos es cometido en su nombre, con su intervención o en su beneficio.
La solicitud deberá ser analizada y resuelta por el Juzgado Federal de Resistencia. Hasta que exista una decisión judicial, se trata de un pedido formulado por la Fiscalía en el marco de una causa todavía en trámite.
Qué gimnasios administra cada sociedad
De acuerdo con el dictamen fiscal, EXENGYM S.R.L. explota los establecimientos Exen Illia, Exen Santiago, Exen Las Heras y Exen Barranqueras.
Por su parte, RANA S.R.L. tiene a su cargo Exen Club; EXEN ACADEMY S.A.S., la sede Exen Guaraní; y PAMPAFITNESS S.A.S., el gimnasio Exen Pampa.
Según la acusación, las cuatro sociedades tienen entre sus integrantes, administradores o representantes a personas vinculadas con el expediente.
El fiscal sostiene que estas estructuras habrían desarrollado una actividad comercial real mediante la compra de máquinas, el alquiler de inmuebles, la apertura de cuentas bancarias y billeteras virtuales y la emisión y recepción de facturas.
Sin embargo, para la Fiscalía, esas operaciones habrían servido como cobertura para la “inserción, disimulación y reciclaje de fondos de origen ilícito”.
Bajo sospecha por una rápida expansión
Uno de los puntos centrales de la investigación es el crecimiento acelerado de la cadena. Según la reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal, EXEN abrió seis establecimientos en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, mientras avanzaba con una séptima sede en la ciudad de Corrientes.
La expansión se produjo durante un período de 17 meses, entre febrero de 2025 y julio de 2026.
Sabadini consideró que el volumen de las inversiones no tendría correspondencia con la capacidad económica que, según la investigación, podían acreditar los imputados.
“El nivel de actividad y el volumen de inversión inyectado no guardan correlato ni coherencia mínima con la densidad demográfica, las características socioeconómicas ni la capacidad de consumo de las zonas geográficas elegidas”, sostuvo el fiscal.
Para el representante del Ministerio Público, la apertura de siete locales en un lapso reducido habría requerido una disponibilidad inmediata y sostenida de fondos que no podría explicarse solamente con los ingresos generados por la actividad de los gimnasios.
Cinco procesados y embargos millonarios
La investigación comenzó a partir de información aportada por una persona acogida al régimen del arrepentido en otro expediente. Ese testimonio habría vinculado a una presunta organización narcocriminal con el grupo familiar posteriormente investigado por lavado de activos.
En agosto, Sabadini atribuyó a los acusados la presunta puesta en circulación de fondos de origen ilícito, que podrían provenir del narcotráfico u otros delitos de acción pública.
El 28 de agosto, la jueza Niremperger procesó con prisión preventiva a cinco personas. Cuatro fueron consideradas, en esta instancia, coautoras de lavado de activos agravado por habitualidad, mientras que la restante fue procesada como partícipe necesaria.
La magistrada también ordenó embargos por más de 8.700 millones de pesos.
Dentro de los elementos valorados en la resolución aparece la maquinaria instalada en las siete sedes, cuyo valor fue estimado en aproximadamente 1.877.888 dólares. La jueza señaló una “discordancia objetiva” entre la magnitud de la expansión y la información reunida sobre el origen de los recursos empleados.
