Mientras el mundo avanza hacia fábricas sin trabajadores, Argentina debe decidir si será espectadora del cambio o si construirá una política de Estado para proteger el trabajo del futuro.
La automatización, la robotización y el comando de los procesos productivos mediante inteligencia artificial ya no son una proyección a largo plazo. Son una realidad que está redefiniendo la estructura económica global y modificando, de manera irreversible, la relación entre producción y empleo.
Frente a este escenario, el Congreso de la Nación debería plantearse un debate que aún no forma parte de la agenda pública:
¿Debe el Estado crear un marco legal que capture parte del ahorro laboral generado por la automatización para financiar la reconversión de los trabajadores desplazados?
La propuesta es clara: evaluar la creación de un Fondo Nacional de Reconversión Laboral Tecnológica, financiado con un aporte equivalente al 50% al 70% del ahorro en costos laborales que las empresas obtienen al reemplazar empleo humano por sistemas automatizados o inteligencia artificial.
Este fondo tendría como destino:
- Capacitación en nuevas habilidades tecnológicas
- Formación en carreras emergentes
- Reconversión laboral de trabajadores desplazados
- Actualización y modernización de perfiles existentes
- Programas de transición hacia nuevos sectores productivos
La transformación industrial ya está en marcha a nivel global. China cuenta con fábricas que operan sin un solo trabajador y sin iluminación. Brazos robóticos sueldan y ensamblan, mientras vehículos autónomos transportan piezas en completa oscuridad. Funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, eliminando turnos, descansos y gran parte de la infraestructura asociada al trabajo humano.
El liderazgo chino es contundente. En 2022 instaló más de 290.000 robots industriales —más del 50% del total mundial— y alcanzó una densidad de 392 robots por cada 10.000 trabajadores, frente a un promedio global de 141. Empresas como Foxconn reemplazaron 60.000 empleados en una sola planta, en el marco de la estrategia estatal “Made in China 2025”, que convirtió la automatización en una política de desarrollo nacional.
La inteligencia artificial coordina estos sistemas con niveles de eficiencia inéditos. En la fábrica inteligente de Xiaomi en Beijing, una planta de 330 millones de dólares produce un smartphone cada tres segundos, hasta 10 millones al año, con niveles de calidad del 99,99% y sin supervisión humana directa.
En la industria automotriz, plantas robotizadas ensamblan un vehículo cada 100 segundos. Los sistemas autónomos reducen los tiempos logísticos en más del 40%, mientras el mantenimiento predictivo disminuye paradas en más del 60%. La integración de redes avanzadas como 5.5G ha permitido incrementos de eficiencia productiva del 86% en algunos complejos industriales.
El impacto económico es significativo. Se estima que la automatización puede reducir el consumo energético industrial entre un 15% y un 20%, y generar hasta 3,8 billones de dólares en valor para el sector manufacturero hacia 2035.
Pero el problema central no es tecnológico. Es político y social.
La automatización no elimina el trabajo, pero reduce drásticamente los empleos operativos tradicionales y exige perfiles altamente calificados en inteligencia artificial, robótica, programación, análisis de datos y ciberseguridad.
La pregunta que el Congreso debe responder es directa:
¿Quién financiará la transición laboral en la economía automatizada?
Si el ahorro por sustitución de empleo queda exclusivamente en el sector productivo, el resultado será mayor concentración de riqueza y aumento del desempleo estructural.
Si el Estado interviene con políticas anticipatorias, ese mismo proceso puede transformarse en crecimiento, innovación y desarrollo inclusivo.
Argentina enfrenta este desafío en un contexto de alta informalidad laboral y desempleo, debilidad del sistema de capacitación y limitaciones estructurales de competitividad. Ignorar la transformación tecnológica no la detendrá; sólo trasladará sus costos a la sociedad.
El país necesita abrir un debate legislativo sobre:
- Fiscalidad de la automatización
- Reconversión laboral masiva
- Educación para la economía digital
- Protección del empleo en la transición tecnológica
- Incentivos a la innovación con responsabilidad social
El verdadero riesgo no es que las máquinas reemplacen a las personas.
El verdadero riesgo es que la política llegue tarde.
Porque en la nueva economía global, los países que no regulen la transición no enfrentarán una crisis industrial.
Enfrentarán una crisis social.
La automatización avanza sin pausa.
La pregunta ya no es si el trabajo va a cambiar.
La pregunta es si el Congreso argentino va a legislar el futuro… o va a administrar sus consecuencias.
(*)Por Ing. José Sesma
