La libertad de expresión es el termómetro de toda democracia. Hoy, los ataques a la prensa no son un simple conflicto, sino una peligrosa regresión que amenaza con silenciar el debate público, impedir la transparencia y degradar la República.
La PRENSA libre constituye uno de los pilares esenciales de toda república democrática y saludable. Un contrapeso natural frente al poder político, la herramienta que permite controlar, fiscalizar y transparentar los actos de gobierno, un derecho fundamental que, como lo establecen tratados internacionales, incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas sin interferencias. Es precisamente por eso que ha sido históricamente uno de los primeros objetivos de los regímenes autoritarios: cooptarla, silenciarla o distorsionarla.
Hoy, frente a los ataques que nuevamente se ciernen sobre el periodismo, no puedo más que expresar mi profundo rechazo a esta ola de desconfianza, censura y hostigamiento hacia uno de los derechos más reconocidos en el mundo por los países que aspiran a gobiernos honestos y confiables. La libertad de prensa es un corolario de la libertad de expresión, el derecho de investigar y reportar sin limitaciones ni censura previa, un derecho que se extiende a todos, desde el periodista profesional hasta el “periodista ciudadano” que utiliza las redes sociales y blogs. Sin embargo, en la actualidad nos enfrentamos a una nueva amenaza, una forma de “neo-censura”, que convierte a los medios en portavoces del Estado, silenciando temas que podrían poner en riesgo sus ingresos y desviando su enfoque del periodismo de investigación a la opinión y el entretenimiento.
En este sentido es necesario separar las medias verdades de las mentiras completas. Es cierto que la salud del periodismo argentino no atraviesa su mejor momento. Años de populismo, corrupción y medios convertidos en cajas de resonancia del poder han erosionado una parte su credibilidad. Lo analizamos en profundidad en el libro “El periodismo que sobra”, escrito junto a Martín Damasco y disponible globalmente a través de Walmart. Sin embargo, se tratan de casos aislados dentro de una realidad no justifica el atropello actual ni la criminalización de la prensa.
El escándalo de los audios —por más que se intente minimizar— es un hecho grave, que no se puede tapar con excusas. Es un tema sensible que ha despertado el interés y desconfianza de gran parte de la ciudadanía, poniendo en cuestión la transparencia que se prometía. Pero este episodio no es un hecho aislado. Desde los primeros días de gestión se percibe una hostilidad hacia la crítica periodística, como si la discrepancia fuese un delito. La corrupción kirchnerista y el periodismo militante hicieron daño, sí. Pero la respuesta no puede ser el apriete, la censura ni la intimidación generalizada. Para los excesos existen figuras legales mucho más apropiadas como el derecho a réplica, además de la calumnia o la injuria, que no implican coartar la libertad de informar, ni impedir la publicación de material de interés público.
¿Por qué el gobierno no recurre a esos mecanismos? En su lugar siguen intentando tapar el sol con las manos. La historia ofrece lecciones claras sobre las consecuencias de una prensa silenciada. Durante las dictaduras militares en Argentina, muchos medios locales ignoraron las atrocidades del régimen, permitiendo que la tortura y las desapariciones continuaran en la oscuridad, este solo uno de los tantos ejemplos en la historia local que demuestran el peligro de la prensa cómplice.
El caso Watergate, que derribó al gobierno de Richard Nixon, nunca llevó a prohibir la labor periodística. Ni siquiera entonces, frente a una crisis institucional mayúscula, se intentó acallar a la prensa. Los periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, destaparon una red de espionaje político que comprometía al más alto nivel del poder ejecutivo de los Estados Unidos. La investigación periodística, lejos de ser censurada, fue protegida, lo que demostró que una prensa libre es la única garante de la transparencia y la rendición de cuentas.
En contraste con la situación actual, el caso Watergate reafirma una verdad irrefutable: la prensa tiene que ser libre, o no es prensa. La libertad de prensa no se toca: es la garantía que impide que una república se degrade en tiranía.
(*) Por Nelson Damian Cabral – Escritor / Periodista / Asesor en comunicación
