Por Corrientes al Día
El Gobierno Nacional oficializó una profunda actualización del régimen legal que regula la tenencia y portación de armas de fuego en todo el país. La medida, que fue dispuesta mediante el Decreto 397/2025, lleva las firmas del presidente Javier Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro del Interior Guillermo Francos, y redefine aspectos centrales de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 20.429.
La reforma busca un doble impacto: desburocratizar los trámites para usuarios legales y, al mismo tiempo, endurecer los controles sobre el uso y circulación de armas, mediante nuevos filtros técnicos, psicológicos y penales.
Menos trabas, más vigilancia
Entre los principales puntos de la reforma se destacan:
- Extensión de la validez de credenciales de legítimo usuario, lo que reduce la frecuencia de renovaciones para quienes cumplen con los requisitos legales.
- Descentralización del control de portación para personal de fuerzas de seguridad, armadas y penitenciarias en actividad: ahora la autorización dependerá directamente de cada institución, eliminando pasos intermedios.
- Autorización administrada de armas semiautomáticas de alto poder: se reemplaza el esquema de prohibición general por un régimen controlado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que evaluará cada caso.
El nuevo decreto reemplaza artículos clave del histórico Decreto 395/75, con una visión más ajustada a los distintos perfiles de usuarios: civiles, fuerzas del orden, militares y asociaciones deportivas de tiro.
La ministra Patricia Bullrich destacó que la medida “permite que el Estado recupere capacidad de control sin entorpecer el derecho de los ciudadanos que cumplen la ley”. A su vez, el Gobierno remarcó que la reforma fortalece a la ANMAC como organismo rector en la materia y busca una mayor trazabilidad del armamento en circulación.
Esta reforma se enmarca en una política de seguridad nacional que prioriza la eficiencia administrativa, el control inteligente y el respeto por los derechos de los legítimos usuarios.
