Hay una escena que resume mejor que cualquier editorial el estado de la política argentina. Un funcionario que durante meses salió a la pantalla a explicarle al país por qué había que ajustar, por qué el Estado era un despilfarro, por qué la “casta” era el mal de todos los males, pero ahora resulta tener una propiedad en un country de lujo que no estaba del todo clara en su declaración jurada, refacciones millonarias pagadas en efectivo y un patrimonio que genera preguntas incómodas. Preguntas que, en cualquier gobierno que se precie de republicano, deberían tener respuestas urgentes.
El nombre es Manuel Adorni. El cargo, Jefe de Gabinete de la Nación. El escándalo, ya en todos los medios, es uno que no deberíamos normalizar bajo ninguna excusa.
Las denuncias publicadas detallan como Adorni habría realizado refacciones de envergadura en una propiedad ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Las obras —que incluirían una pileta y trabajos de lujo— habrían sido abonadas en efectivo por un monto cercano a los 245.000 dólares. La propiedad, además, no habría figurado con la debida claridad en sus declaraciones patrimoniales previas.
No estamos hablando de una omisión menor. No estamos hablando de una diferencia contable de la que cualquier ciudadano podría ser víctima por descuido. Estamos hablando de sumas que, para el ciudadano común, ese mismo al que se le pide que aguante el ajuste, que no le queda otra, que el sacrificio es necesario, representan décadas de trabajo honesto. Pagadas, al parecer, en billetes. En efectivo. Como se pagaban las cosas en los tiempos que este gobierno prometió enterrar.
Luego de meses y meses de seguir viendo la misma metodología oscura de la era k, no puedo más que ser directo, porque la situación lo exige. Una parte sustancial del capital político de La Libertad Avanza se construyó sobre la denuncia de la corrupción kirchnerista, sobre la idea de que había una “casta” que se enriquecía mientras el pueblo se empobrecía, sobre aquella la promesa repetida hasta el cansancio de que los nuevos iban a ser distintos. Adorni fue, durante meses, uno de los rostros más visibles de ese mensaje. Su función era explicar, defender y humanizar ese discurso frente a las cámaras.
Que sea precisamente él quien hoy deba responder estas preguntas no es un detalle menor. Es el corazón del problema.
Porque la corrupción no duele solo por el dinero que se pierde. Duele, sobre todo, por la traición al contrato implícito que cada funcionario firma cuando asume: el compromiso de que el poder público se ejerce en nombre del bien común, con transparencia, con rendición de cuentas y sin el fin de enriquecimiento personal. Cuando ese contrato se rompe, y encima lo rompe alguien que se presentó como la alternativa moral a quienes lo rompían antes, el daño institucional es doble.
La transparencia y el control republicano no son herramientas para atacar al adversario político. Son principios. Y los principios, por definición, se aplican para todos o no son principios: son simplemente armas.
A diferencia de lo que el oficialismo intenta plasmar, los que criticamos este comportamiento nefasto no es que nos oponemos al ajuste fiscal, a la reducción del Estado, ni que se revisen privilegios que durante décadas fueron intocables. Todo lo contrario: los compartimos estos ítems como necesidades históricas. Pero ninguna de esas políticas, por más necesarias que sean, puede funcionar como paraguas moral para blindar a funcionarios ante sospechas serias de enriquecimiento ilícito. El mérito de una política económica, que incluso también es cuestionable (como el triste caso de los jubilados), no absuelve la conducta personal de quien la ejecuta.
Eso no es republicanismo. Es corporativismo de nuevo cuño.
Adorni debe dar explicaciones claras, públicas y documentadas. No alcanza con el silencio oficial, no alcanza con la chicana hacia “los medios opositores”, no alcanza con el cinismo de convertir cada pregunta incómoda en una conspiración, o de intentar colar ideas de espionaje cuando solo se intenta perseguir a la prensa.
La Justicia debe actuar con la misma velocidad e intensidad con que lo haría, o debería hacerlo, frente a cualquier otro funcionario, de cualquier signo político. El Congreso tiene la obligación de ejercer el control que la Constitución le encomienda. Y la ciudadanía tiene el derecho de exigir que las declaraciones juradas de quienes administran el Estado sean un reflejo fiel de la realidad, no documentos de diseño.
La nueva Argentina que este gobierno prometió construir no puede edificarse sobre los mismos materiales que la anterior. Si la casta era el problema, la solución no puede ser una casta con otra narrativa y blindada en el poder.
La ética pública no es un lujo de tiempos de bonanza. Es la condición mínima de cualquier democracia que se tome en serio a sí misma.
Y eso, en Corrientes como en Buenos Aires, no está sujeto a negociación.
(*) Por Nelson Damian Cabral — Corrientes
