La causa por la desaparición del niño de 5 años, Loan Danilo Peña, ya está en manos de la Justicia Federal ante la hipótesis firme de un caso de trata de personas. El caso se instrumentó en la Oficina Judicial (OFIJU) con intervención del Juez de Garantías en turno, el sábado 15 de junio cuando se formó el expediente caratulado “LEGAJO JUDICIAL IDE 2462706257 -Criminis- LEGAJO JUDICIAL N° 11312/24 (LIF N°82037/24 UFIC)-GOYA -Iurix-”.
Desde la intervención del órgano jurisdiccional, el sábado 15 de junio, se establecieron 6 prisiones preventivas por tiempo indeterminado (sin plazo de duración), se realizaron 24 audiencias y se dictaron 23 resoluciones en 10 días, de los cuáles 7, por los feriados, fueron inhábiles.
Jueces que intervinieron según los turnos
Los jueces de Garantías intervinientes fueron tres, por el sistema de turnos adoptados por el Superior Tribunal de Justicia.
En este marco, la causa se inició con Carlos Antonio Balestra, quien actuó hasta el 16 de junio, luego intervino Lucio Raúl Lopez Lecube a partir del 17 hasta el 23 de junio y por último Darío Alejandro Ortiz, quien accionó el 24 de Junio y en una primera audiencia dictó la prisión preventiva para los últimos tres detenidos y luego declaró la incompetencia, haciendo lugar a la solicitud del Ministerio Público, y envió la causa a la Justicia Federal.
Imputados
Los imputados son cuatro hombres y dos mujeres.
Los primeros que tuvieron una medida de coersión provisoria (detención) fueron Bernardino Antonio Benítez (tío de Loan), Daniel “Fierrito” Ramírez y Mónica del Carmen Millapi (estos dos, son una pareja amiga del tío de Loan).
La que luego derivó en la prisión preventiva decidida por el juez Lucio Raúl López Lecube el día martes 18 de junio.
El viernes 21 de junio se detuvo a Walter Adrian Maciel (Comisario de 9 de julio), Carlos Guido Pérez (Capitán de Navío de la Armada que se retiró en el 2017 y esposo de Caillava) y María Victoria Caillava (ex funcionaria del municipio de 9 de julio).
La prisión preventiva la decidió el juez Darío Alejandro Ortíz el 24 de junio.
Lo que se le imputa a cada uno
A Bernardino Antonio Benítez se le imputa captación de personas con fines de explotación, agravado por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de partícipes primarios.
A Daniel “Fierrito” Ramírez: captación de personas con fines de explotación, agravado por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de partícipes primarios.
A Mónica del Carmen Millapi: captación de personas con fines de explotación, agravado por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de partícipes primarios
Al Comisario Walter Adrian Maciel: encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito y la calidad de funcionario público.
A Carlos Guido Pérez: captación de personas con fines de explotación, agravado por ser la víctima menor de 18 años en carácter de coautores materiales.
Y María Victoria Caillava: captación de personas con fines de explotación, agravado por ser la víctima menor de 18 años, en carácter de coautores materiales.
Se realizaron 24 audiencias
En 10 días, de los cuales 7 fueron inhábiles, por los feriados del paso a la inmortalidad de los próceres Martín Miguel de Güemes y Manuel Belgrano se celebraron 24 audiencias. Las bilaterales fueron ocho: 5 cámaras Gessell, 2 de medidas de coerción, y una de incompetencia y 16 audiencias unilaterales.
Se dictaron 23 Resoluciones
Desde el 15 al 24 de junio los jueces dictaron 23 Resoluciones.
Entre las resoluciones se adoptaron medidas de investigación, cautelares y de coerción. Sin comprometer la reserva del caso porque se encuentra una investigación en curso ante las autoridades de la Justicia Federal se hicieron 5 Cámaras Gessell a los niños que estaban con Loan para que aporten datos, allanamientos varios, secuestros, requisas pericias sobre distintos objetos, entre otras.
Fiscales del Ministerio Público
Los fiscales del Ministerio Público que intervinieron fueron Juan Carlos Castillo (Fiscal Sustituto) y Guillermo Barry (UFRAC – Goya), quienes a su vez cuentan con el resultado de cada una de esas medidas que figuran en el legajo de Investigación Fiscal además de todos los elementos de cargo que fueron recolectados porque resultan útiles a la hipótesis delictiva.
