La iniciativa cosechó 134 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones. Se crea un Fondo Fiduciario al que deberán aportar los bancos. También se modifica el índice para la actualización de la cuota, la cual no podrá superar el 30% de los ingresos de los deudores.

Con el interbloque Juntos por el Cambio dividido, en la madrugada de este jueves se dio media sanción por 134 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones al proyecto de ley que busca llevar un alivio a los deudores de créditos UVA, un universo de casi 100 mil personas.

Las fisuras en el principal interbloque opositor, que habían quedado expuestas en comisiones, cuando la UCR firmó, junto al Frente de Todos, el dictamen de mayoría, mientras que el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz impulsó uno de minoría, que acompañaron con disidencias el Pro y la CC-ARI, se reflejaron en el tablero de votación.

Además del Frente de Todos, votaron a favor del proyecto los diputados del Frente de Izquierda y el interbloque Provincias Unidas. También los miembros de la UCR, aunque un pequeño puñado se abstuvo.

En Juntos por el Cambio, la división fue transversal no solo a nivel interbloque, sino en cada bloque, ya que, en el Pro, Evolución Radical y la CC-ARI hubo quienes votaron en contra y quienes lo hicieron por la abstención. Por La Libertad Avanza, Javier Milei y Victoria Villarruel; por Avanza Libertad, José Luis Espert; y por Buenos Aires Libre, Carolina Píparo, se opusieron.

De acuerdo al texto aprobado, consensuado entre distintas propuestas, se crea el “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios”, y se establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

A su vez, la iniciativa estipula que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado. Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al 1ro. de enero de 2023.

Entre otros puntos, se determina que quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. El mecanismo para esta posibilidad deberá ser determinado por el Banco Central.

Se prevé que en caso que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo que se crea se hará cargo de hasta tres cuotas, mientras que las posteriores serán refinanciadas por acuerdo de partes.

Este Fondo, denominado “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)”, tendrá como objetivo cubrir descalces entre salario y UVA/UVI. El texto indica que “las entidades financieras deberán integrar el FFCPH con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”.

El FFCPH se integrará también con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos promovidos. No obstante, la participación en el FFCPH será voluntaria por parte de los tomadores de créditos.

El Fondo también se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales -entre otros-, pero se aclara que no recibirá aporte corriente alguno por parte del Tesoro ni del Banco Central, ni tampoco de los deudores.

La diferencia entre la cuota calculada en base a salarios y la calculada en base a UVA/UVI será compensada a los bancos por el FFCPH. Si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada por UVA/UVI, prevalecerá la más baja.

Se establece la suspensión de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares en trámite por el término de un año y se encomienda al Banco Central a promover líneas de crédito similares, entre otros puntos.

Las voces a favor y en contra

La titular de la Comisión de Finanzas, Alicia Aparicio (FdT – Buenos Aires) inició el debate como miembro informante y explicó varios puntos del dictamen de mayoría: “El FFCPH se constituirá con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos UVA promovidos recientemente”.

Así también, advirtió que “se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales”. Asimismo, aclaró que ni el Tesoro Nacional, ni el Banco Central “promoverán líneas de crédito similares”.

Finalmente, aseguró que ningún beneficiario del crédito Uva que se encuentra en calidad de moroso “no será desalojado ni embargado”. “No habrá medidas cautelares ni judiciales en perjuicio de los deudores”.

Así, propuso tres modificaciones, una de ellas en el final del artículo 3 para agregar la frase “serán asumidos por orden causado”. En el artículo 7 se agrega en el primer párrafo “si de los saldos adeudados vigentes al momento de ejercer la opción implica que el importe de la cuota a abonar supera el 30% de los ingresos actuales considerando en/los deudores y computados en igual forma a lo previsto en el momento del otorgamiento de la financiación a opción del deudor se podrá extender la duración del plazo en no más del 25% de aquel originariamente pactado”. El artículo 24 en el primer párrafo debe decir “fondo fiduciario de compensación y promoción hipotecario”.

De la vereda de enfrente, el economista Martín Tetaz explicó las diferencias con dictamen de minoría que presentó: “No puede haber crédito UVA con una moneda inestable, pero es beneficioso con un contexto sin inflación”. “Nuestro planteo es no crear un problema donde no existe”, agregó.

En esa línea, clasificó los puntos que diferenciaron a su proyecto con el que mencionó la diputada preopinante: “No es cierto que el que sacó crédito UVA debe más que antes, al contrario, debe menos en dólares”, y añadió: “No es un problema del mecanismo UVA, es un problema de la alta inflación porque es un sistema justo que exige devolver exactamente lo mismo que prestó”.

“Hasta que no se recupere la brecha entre el salario real y el valor del metro cuadrado no habrá créditos hipotecarios”, indicó Tetaz. Así también, propuso que se incluya la posibilidad que la familia opte por atar su cuota a un índice de salarios.

Finalmente, explicó la posibilidad de crear un mecanismo para que la persona venda su casa con el crédito UVA. “El crédito más barato del mercado vale tres veces más que el más alto del UVA”, cerró.

El impulsor del debate sobre Créditos UVA, el radical Julio Cobos (Mendoza) expresó: “Buscamos recuperar el crédito hipotecario que no existe porque se rompió la equidad contractual entre el salario y el crédito tratando de ajustar”.

De esa manera, explicó que “a partir de septiembre del 2018, el salario perdió valor” y con esto “buscamos apuntalar al sistema hipotecario para reconstruirlo”. “Los tres poderes del Estado debieron intervenir en este tema que ya tiene 11 proyectos que se presentaron, y llevamos cuatro años debatiendo el tema”.

Además, sostuvo que “la morosidad no existe porque hubo cuotas congeladas”, y agregó que “el que saca un crédito UVA, lo último que deja de pagar es el crédito de la vivienda”.

“El problema lo generó el Estado con los altos índices inflacionarios, aunque la propiedad se revaloriza, pero la gente compra para vivir no para hacer negocios”, señaló.

Del mismo modo, afirmó que “para construir consensos hay que ceder”. Igualmente, definió que “si el país recupera los valores normales de inflación, esta ley va a resultar abstracta”. “Los créditos UVA representan el 2 por ciento de los préstamos y el 0,9 de los privados y es un problema insignificante para el sistema financiero”, cerró.

A su turno, el presidente del bloque de la CC-ARI, Juan Manuel López, contó que es tenedor de un crédito UVA y planteó: “Me parece que esa situación, por más de que esto no sea según las diferentes clasificaciones de los conflictos de interés, es un estándar que hay que cumplir de exponer los intereses que los legisladores tenemos a la hora de realizar nuestras votaciones”.

“La situación de los legisladores en materia de conflicto de interés es diferente a la de los funcionarios del Ejecutivo porque nosotros no somos reemplazables por un superior o trasladar la cuestión a otro ministerio. Las distintas previsiones que hay intentan que la posibilidad de que algún conflicto se presente se resuelva con la manifestación, al menos, del posible conflicto del legislador”, contó y planteó que es algo que los legisladores deben hacer “en cada oportunidad”.

Así, adelantó: “En ese sentido no estoy a favor del dictamen de mayoría. En mi caso en particular voy a votar en contra porque el dictamen y la propuesta de Tetaz me parecía más inteligente para mantener la herramienta del Crédito Hipotecario y para dar algunas soluciones al pequeño universo del 1% de los tenedores de créditos que no puede cumplir y al porcentaje indeterminado que les cuesta demasiado cumplir con esa obligación. El crédito hipotecario tiene una exención impositiva que tiene más de 20 años nominada en 20 mil pesos desde el 2000”.

“Hay algunas soluciones que podría haber implementado este Congreso y decidió no hacerlo por distintas razones. Yo en general las desconozco. En diciembre del 2019 el Congreso votó una Ley ómnibus con una infinidad de artículos en la que uno de ellos le encomendaba al Banco Central alguna solución utilizando la teoría de la imprevisión y, gasta ahora, el Banco Central ha demorado en dar solución. Seguimos trabados en promover soluciones. Tenemos que rechazar el dictamen de mayoría y reconocer que el problema de la inflación no lo ha solucionado nadie en cuatro años”, cerró López.

El economista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) señaló que los contratos que, por esta ley se van a alterar, son contratos mercantiles y explicó que son “voluntarios, no coactivos”. “Que el Estado use su fuerza coactiva para modificar los contratos voluntarios, es una afectación de las reglas de juego severas en cualquier sociedad y más en un país que acumula 9 default y 5 confiscaciones de depósito”.

En segundo lugar, planteó: “Si el origen no es el sistema financiero, supongamos que hubiera deudores de vivienda única que fueron financiados por los promotores o por una escribanía, la desigualdad ante la ley es brutal. Acá lo único que es contemplado en casos iguales son los deudores del sistema financiero. No hay explicación de por qué tienen que ser tratados diferentes los deudores financieros o escribanía, más aún ¿por qué se endeudan en UVA y no en dólares o en ladrillos o en cualquier otro índice? ¿cuál es la razón? A mí me resulta incomprensible”.

“La suspensión de acciones judiciales, eso es muy grave hacerlo por ley porque significa que suspendemos los derechos de los actores por un acto príncipe y eso, naturalmente a largo plazo, afecta severamente, no a este mercado que prácticamente no existe, más aún para ser total transparente yo hubiese sugerido que nadie se endeudara porque en nuestro país no hay cultura para tener mercado de capitales, ni financieros, no hay cultura de deudas, entonces en la idea acá hay diputados que dicen que desconozcamos las deudas de todo tipo…por suerte esto tampoco es culpa del FMI, pero siempre está el mismo latiguillo”, planteó.

En cuarto lugar, manifestó: “El problema de la acción de la política pública es el problema de los casos aislados que tengan una verdadera dificultad y, en ese caso, lo que debería votar el Congreso es una ley para prever esos casos y, como el grueso de las deudas son de la banca pública casi el 80% son prestamos que el Estado no interviene, pero si el único que da estos préstamos son los bancos estatales. En ese caso bastaría una disposición del Poder Ejecutivo generando una alternativa de financiamiento”.

“Con esta ley se está poniendo un impuesto a los depósitos. Es un milagro que hoy alguien deposite en la Argentina, al que deposita hay que darle un beso en la mejilla porque confiscamos los depósitos cinco veces, hemos defaulteado la deuda cinco veces, y ahora la idea brillante que tenemos es ponerles un impuesto a los depósitos porque nadie va a creer que va a ser trasladado porque sería absurdo que alguien piense eso”, sumó.

En tanto, comparó: “Esta idea de los UVA se usa hace 60 años en Chile con las sociedades de fomento, en Uruguay, en ambos países a creado un mercado de crédito que es 20 veces que el mercado argentino; destruyendo esto estamos dolarizando. Es incomprensible de por qué en Chile y en Uruguay funciona y acá no”.

“El problema no es la inflación, no es verdad, sino que el nivel de vida en el país está bajando porque cada vez nos descapitalizamos más, nos empobrecemos más y fomentamos actividades que nos empobrecen, informalizando el mercado de trabajo, cada vez más pobres y menos productivos. Ese es el problema, no se arregla con una ley, se arregla cambiando las políticas e instituciones. Acá les gusta pulverizar el patrimonio de los bancos estatales con este tipo de medidas y hacer más regresivo el sistema impositivo”, remató.

Por su parte, el economista José Luis Espert (Avanza Libertad) sostuvo que con esta ley “será peor el remedio que la enfermedad”, minimizó el problema de los créditos UVA al comparar que “es utilizar un tanque de guerra para matar a un mosquito”.

En esa idea, el nuevo integrante del interbloque de JxC expresó: “El Congreso se está metiendo en un contrato entre privados que afectará la seguridad jurídica”. “Vamos a agregar más intromisión del Estado solo por 1400 casos, encima fue intervenido por varios Decretos de Necesidad y Urgencia”, cuestionó.

“Nos vamos a poner a los bancos en contra y pedirán mayor tasa de interés a los próximos beneficiarios de créditos hipotecarios. Este proyecto es una caja de pandora”, señaló. “El verdadero problema es la tasa de inflación y no le estamos dando solución a los inquilinos al no derogar la ley de alquileres”, cerró.

Promediando el debate del tema, la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Paula Penacca, contextualizó el debate en el recinto que están dando para “intentar resolver un gran problema que nuestro proyecto político no generó, que nuestra gestión no generó”.

Y apuntó contra el gobierno de Cambiemos: “Es un problema que comenzó en 2016 cuando el macrismo en ese momento en le Gobierno, decidió crear ese tipo de crédito y, además, rompió una política crediticia, de acceso a la vivienda, que fue construida desde la concepción de la vivienda como un derecho que había existido desde el 2012 que fue el PROCREAR”.

En esa línea, respaldó el PROCREAR como una política de “acceso a la vivienda digna que se llevó adelante durante el gobierno de Cristina Kirchner significó poder inculcar ese derecho de tener vivienda digna. Lo que significó para le pueblo 197 mil créditos en solo 3 años, una inversión porque para nosotros esto no es un gasto que representó el 0,4 del PBI, la generación de 440 mil puestos de trabajo como un beneficio extra, y una capacidad de cobro casi total, solo el 0,05% de incobrabilidad”.

“Fue una política 100% virtuosa y no fue la única. No solo dejamos en el 2015 esta política virtuosa, sino también una sociedad con bajísimos niveles de endeudamiento y no solo las familias, sino la deuda estatal y empresarial”, ponderó y apuntó contra la oposición: “No nos sorprende que hayan llevado esta política porque en la Ciudad de Buenos Aires lo llevan hace 16 años”.

En el cierre, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, consideró que “cuando se aprobó la ley, si se hubiera aprobado con estas cosas que estamos proponiendo en esta modificación, no hubiéramos tenido ningún tipo de problema”. El porteño reveló que en 2016, cuando el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger le comentó el proyecto, él le dijo que “iba a terminar muy mal”, porque el crédito se ajustaba por un índice que no era el del ingreso de los tomadores del préstamo. “Era claro que la política que ellos venían a aplicar era la política de depreciación del salario”, cuestionó.

En su intervención, el oficialista aclaró que esta discusión “no se trata de negocios inmobiliarios, sino que un determinado sector de la sociedad, con un determinado nivel de ingresos, que puede llegar a la vivienda”, pero enfatizó que “esta no es la solución del problema de la vivienda en Argentina, ni por asomo” ya que “hacen falta políticas públicas de otra envergadura”.

Al mencionar el tema de la inflación, que se tocó durante todo el debate, el diputado comparó: “La inflación es a la economía lo que la fiebre a una persona. Las personas no se enferman de fiebre, tienen fiebre y hay que buscar la razón por la que la tienen”. “Se habla de la inflación como un fenómeno autónomo y hay que dar la discusión de por qué hay inflación”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó como causas “la puja distributiva a favor de los grupos económicos” y que hasta el FMI “reconoció que los altos niveles de deuda generan inflación”. “Claro que hay que atacar la inflación, pero no hay que atacarla generando recesión, generando ajuste para hacerle pagar las consecuencias a la población. Hay que atacarla metiéndose con la puja distributiva, con las ganancias de los grandes grupos económicos y con los que fugan. El problema no es el déficit fiscal, sino los que fugan, los que no pagan, los que se la llevan”, remarcó.

Finalmente, ponderó que con el radical Julio Cobos “hemos consensuado este dictamen después de un arduo trabajo que muestra que se pueden llegar a acuerdos y todos hemos concedido”. “Esto no resuelve el problema, pero lo morigera; resuelve la situación para atrás de los deudores vigentes y crea una expectativa positiva hacia adelante para quien quiera tomar un crédito de acá en adelante”, finalizó.

Fuente: parlamentario.com