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El kirchnerismo desafió a la Corte y designó a Martín Doñate ante el Consejo de la Magistratura

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Con el acompañamiento de aliados, el oficialismo en el Senado puso a votación los nombramientos de María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde por la mayoría; Eduardo Vischi por la primera minoría; y el mencionado Doñate por la segunda minoría. Ausencia de JxC, que no bajó al recinto.

Sin la presencia de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos en el Senado logró refrendar en el recinto el decreto por el cual se nombran a los cuatro representantes ante el Consejo de la Magistratura, entre ellos a Martín Doñate (UC-FdT) por la segunda minoría, en lugar de Luis Juez (Pro). La votación resultó por unanimidad con 37 votos a favor.

Días atrás, a poco de que culminen los mandatos en el órgano encargado -entre otras funciones- de la selección y remoción de jueces-, la Corte Suprema de Justicia falló a favor del reclamo de Juez y en contra de la designación de Doñate en mayo pasado, cuando se envió al rionegrino luego de la jugada que el oficialismo realizó al partir el bloque en dos y arrebatarle así la condición de segunda minoría al Pro.

Tal cual anticiparon los senadores de FdT en conferencia de prensa la semana pasada, cuando cuestionaron con dureza al máximo tribunal por un “avasallamiento” al Poder Legislativo, al fallar sobre cómo se arman o desarman los bloques, el kirchnerismo nombró a Doñate nuevamente. Además, argumentaron que para el nuevo período se eligieron los representantes de acuerdo al mapa de bloques que actualmente existe en la Cámara. Es decir, consideraron que el cuestionamiento sobre la partición de la bancada queda atrás.

Así, con el apoyo de los aliados Alberto Weretilneck (JSRN), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Clara Vega (Hay Futuro Argentina), se ratificó el decreto 86/22, que lleva la firma de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora, ya que la vicepresidenta Cristina Kirchner se encuentra a cargo del Ejecutivo, por eso tampoco presidió la sesión.

Este accionar fue duramente criticado por la oposición, no solamente porque se designa a Doñate y no a Juez, sino porque esas resoluciones de la Cámara alta nunca pasaron por el recinto para ser avaladas por el pleno. Habitualmente, cada cámara informa directamente al Consejo de la Magistratura y a la Corte Suprema de Justicia sobre quiénes son los nominados. Pero esta vez el oficialismo buscó blindar la decisión ante la posibilidad de un nuevo fallo adverso.

A través del decreto se nombran a la chaqueña María Inés Pilatti Vergara y el porteño Mariano Recalde -actualmente consejeros- por la mayoría, en representación del bloque Frente Nacional y Popular; al correntino Eduardo Vischi, por la UCR, como primera minoría; y al mencionado Doñate, por Unidad Ciudadana como la segunda minoría. Esta composición responde a la ley derogada de 1997 que fue repuesta por la Corte en abril pasado.

En tanto, los miembros suplentes serán Claudia Ledesma Abdala de Zamora, Pablo Bensusán (FNyP-FdT); Silvia Giacoppo (UCR); y Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT).

Abrió la lista de oradores el puntano Adolfo Rodríguez Saá, quien aseguró que la Corte falló “cambiando la jurisprudencia existente, entrometiéndose en la vida de otro poder del Estado y violando de esta manera el texto y el espíritu de la Constitución Nacional”. “Están violando la división de poderes que dicen defender, la vida republicana”, subrayó.

“En el fallo de la Corte lo que está en discusión es si es correcto que los bloques de senadores propongan a los representantes tal cual lo establece la ley”, señaló y afirmó que esa facultad está prevista en “ el artículo 66 de la Constitución Nacional”.

En esa línea, el oficialista dijo que “el reglamento del Senado tiene amparo constitucional” por lo cual “no se puede objetar”. “El reglamento del Senado establece cómo se conforman los bloques le guste o no le guste a los miembros de la Corte”, agregó.

Rodríguez Saá remarcó que los poderes Ejecutivo y Judicial “pueden opinar pero no pueden invalidar las decisiones que tome el Poder Legislativo”. Además, consideró que el fallo de la Corte está “orientado a beneficiar un sector político en detrimento de otro, tratando de generar casi un poder paralelo”. “No es atribución de la Constitución hacer lo que ellos hacen, sumó.

A su turno, el tucumano Pablo Yedlin recordó que el Consejo de la Magistratura “venía trabajando hace 16 años con una ley sin ningún inconveniente” hasta que “en diciembre de 2021 de pronto la Corte declara que esa ley de 16 años era inconstitucional y que, por lo tanto, debíamos hacer una nueva ley”, y en el “mientras tanto” repusieron una ley derogada.

El oficialista defendió que la Cámara alta acató ese fallo porque aprobó un proyecto en abril pasado -que en Diputados sigue sin tratarse-. “No fuimos nosotros los que decidimos volver a esa ley derogada, fue la Corte”, aclaró y apuntó que esa norma es la que “habla de dos senadores por el bloque de la mayoría”. “No puede decirnos (la Corte) cuántos o cómo tienen que ser los bloques”, aseveró.

En la misma postura que el Frente de Todos, el rionegrino Alberto Weretilneck sostuvo que “está absolutamente claro que el fallo de la Corte Suprema que plantea de qué manera se tienen que designar los representantes de este cuerpo es violatorio de nuestra autonomía” y “viola nuestra autodeterminación”.

El senador aliado del oficialismo insistió con que la decisión del máximo tribunal “limita nuestra posibilidad y libertad de organizarnos políticamente”. “Es sumamente grave este fallo”, expresó y señaló que las mayorías y minorías de la cámara “por más que le pese a la Corte no son una cuestión estática, es dinámica”.

Crítica contra la figura de Horacio Rosatti, la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, opinó que este fallo se trata de “un capítulo más del presidente de la Corte, que es el mismo que preside el Consejo de la Magistratura y no es casual”. Lo fustigó por autovotarse y haber aceptado -junto a Carlos Rosenkrantz– “ser nombrado por decreto allá en el gobierno de Mauricio Macri violando la Constitución Nacional”.

“Este es un fallo político que merece respuesta política”, manifestó la kirchnerista, que confesó sentirse “ofendida” por “haber sido avasallada en mis atribuciones como senadora” y consideró que “el cuerpo en su conjunto debería reaccionar frente a un avasallamiento como el del Poder Judicial por sobre las atribuciones que tiene el Poder Legislativo”.

En su discurso, Di Tullio graficó haber sentido que con esta decisión “la Corte Suprema se metía por la ventana del Palacio y se nos llevaba todas las atribuciones”. Del fallo dijo que “tiene cosas que son tiradas de los pelos” y se da porque “necesita Rosatti un Consejo a su medida”.

Tras recordar que la designación de Doñate fue avalada en primera y segunda instancia judicial ante el amparo presentado por Juez, la presidenta de la bancada K recordó que el procurador interino, Eduardo Casal, “le pidió a la Corte que rápidamente se expida”. La Corte que “cajonea miles y miles de expedientes” pero “sin embargo decidió rápidamente resolver este tema que solamente es interés de Rosatti”, cargó.

En el fallo además se “descalifica a la presidenta de este cuerpo, que es parte del Poder Ejecutivo, se le atribuye malicia, mala fe, trampa. ¡La presidenta! Que no pincha ni corta en este cuerpo. No tiene ninguna atribución de decirnos a los senadores y senadoras cómo nos podemos unir, juntar”, exclamó en el recinto mientras en paralelo Juntos por el Cambio realizaba una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias.

Por su parte, la senadora oficialista Lucía Corpacci arremetió contra la ausencia de la oposición: “Es una pena que no esté la oposición sentada en este momento, que habría que advertirles que su lugar de trabajo es este. Es este recinto donde los senadores exponemos nuestro pensamiento, defendemos lo que pensamos y lo que sentimos, y no ante las cámaras de televisión. Es acá donde tienen que estar. Se hizo ya una costumbre que debatan en la televisión y no en el recinto”. 

“Es una verdadera pena, como también es lamentable que parece que no vieron la Constitución que dejaron sobre las bancas. Porque si la hubieran leído, tendrían en claro el artículo 66 que nos da a nosotros la potestad de constituirnos en los distintos bloques”, continuó la catamarqueña.

Además, contra los dichos de Juez relacionados a la democracia, la legisladora opinó que “es vergonzoso que alguien que pretenden que ocupe el Consejo de la Magistratura diga tamaña barbaridad, como que la democracia no le mejoró la vida a nadie. A mí no me da lo mismo que sea el senador Doñate, o cualquier otra, a que sea el senador Juez, porque ese senador no merece ese lugar”.

Última oradora, la vicepresidenta del interbloque Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, defendió la decisión de que el decreto sea refrendado en el recinto porque “estamos claramente ante un conflicto de poderes. Claramente una extralimitación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las facultades constitucionales entrometiéndose en otro poder del Estado, el Congreso de la Nación, y diciéndonos a los senadores, que hemos sido votados y somos representantes de nuestras provincias, cómo debemos agruparnos. Una cuestión constitucional, ya que el artículo 66 de la Constitución Nacional da rango constitucional al reglamento de las Cámaras, y el artículo 55 del reglamento de la Cámara, dice que los senadores podemos agruparnos con la libertad que consideremos”.

“Es una verdadera lástima que señores de la democracia, que han sido votados para representar a sus provincias, no estén defendiendo las instituciones, y están defendiendo a poderes corporativos”, cuestionó a Juntos por el Cambio y siguió: “Porque acá yo no creo que esté en juego una banca del Consejo de la Magistratura. Acá lo que está en juego cómo se defiende una corporación, que defiende a otra corporación, que es el poder real en la Argentina”.

La mendocina aseveró que “la agenda que tiene este Senado es defender a la República, defender la representatividad que tenemos de acuerdo a los votos de cada una de nuestras provincias. Y se pueden enojar, y no venir”. “Como sabían que iban a perder en la votación prefieren ir a la Justicia, donde saben, que, en el sistema a la carta, van a tener más suerte que acá”, lanzó.

“Yo creo que, te puede gustar o no, podes estar enojado, pero los números son los números. Y la verdad es que el Frente Nacional y Popular tiene 21 miembros, la Unión Cívica Radical tiene 18 miembros, el bloque de Unidad Ciudadana tiene 14 y el del Pro tiene 9. Podes enojarte con esa realidad, pero un 14 es un 14 y un 9 es un 9. Y según la ley que la propia Corte estableció (la de 1997),  dice que la segunda minoría es la que sigue en los números. Esto no es subjetivo, no es jurídico, es matemático”, explicó.

Finalmente, la camporista avaló que “lo que estamos votando acá, resolviendo que vamos a refrendar la resolución de la Presidencia, tiene que ver con algo matemático. Además de defender la República, la democracia y el sistema federal. Los números dicen que la segunda minoría es la de Unidad Ciudadana, y el bloque ha establecido que quien nos va a representar es el senador Doñate.  Y estamos muy contentos de poder hacer que este Senado se defienda del atropello de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Fuente: parlamentario.com

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Javier Milei decretó el cierre definitivo del INADI y generó polémica

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Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien dio a conocer la decisión del presidente Javier Milei y advirtió que continuarán desmantelando otras oficinas del Estado que “no sirven absolutamente para nada”.

Tal como lo había anticipado en campaña, Javier Milei tomó la polémica decisión de decretar el cierre definitivo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). La medida, que se oficializó mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, se fundamenta en la necesidad de “reorganizar el Estado” y “optimizar recursos”.

Organizaciones sociales, referentes de la lucha por los derechos humanos y sectores de la oposición han expresado su repudio a la decisión, considerándola un retroceso en materia de políticas públicas contra la discriminación. Argumentan que el INADI cumplía un rol fundamental en la promoción de la igualdad y la no discriminación, brindando asistencia y acompañamiento a las víctimas de actos discriminatorios.

Por otro lado, desde el oficialismo se argumenta que las funciones del INADI serán absorbidas por otros organismos del Estado, como la Secretaría de Derechos Humanos, y que se creará un nuevo Consejo Federal para la Lucha contra la Discriminación.

Esta medida fue tomada porque consideran que el INADI se convirtió en un organismo “burocrático e ineficiente”, que no ha logrado cumplir con sus objetivos. Señalan que la discriminación es un problema complejo, que no puede ser abordado por un solo organismo, por lo tanto, las funciones del miemo serán absorbidas por otras áreas del Estado.

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Nación pagará un Bono de $70.000 a jubilados en marzo

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El gobierno argentino anunció un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos ($206.000) a partir de marzo. Esta medida busca paliar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables de la sociedad.

¿Quiénes lo cobrarán?

Jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos ($206.000)

Pensiones no contributivas (PNC)

Pensiones por invalidez

Se abonará en dos cuotas:

$35.000 en marzo

$35.000 en abril

Se acreditará automáticamente en la misma cuenta donde se cobra el haber jubilatorio o pensión.

¿Es un aumento permanente?

No, se trata de un bono extraordinario por única vez.

Reacciones a la medida

Desde la oposición, consideran que el bono es insuficiente y que se necesitan medidas más permanentes para mejorar la situación de los jubilados.

Las organizaciones de jubilados valoran la medida, pero advierten que es necesario un aumento de los haberes que acompañe la inflación.

El bono de $70.000 es una medida que busca aliviar la situación de los jubilados ante la escalada inflacionaria. Sin embargo, no es una solución permanente. Se necesitan medidas más estructurales para mejorar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables.

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El gobierno también anunció un aumento del 17,04% para las jubilaciones y pensiones a partir de marzo.

Se incrementará el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para jubilados.

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Jujuy. Está preso hace más de un mes por publicar un tuit sobre la mujer de Gerardo Morales

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Marcelo Nahuel Morandini cumple hoy 48 días preso en una cárcel de Jujuy. Ingeniero ambiental y profesor de la Universidad de Salta, está acusado de dos delitos que, sumados como pretende la fiscalía, lo pueden dejar en prisión hasta ocho años: lesiones psicológicas y alteración de la identidad de una menor.

Según el fiscal, Morandini, con un tuit que publicó, puso en duda la fidelidad de Tulia Snopek, la mujer del exgobernador Gerardo Morales, cuestionó su “dignidad” y la de su marido, y así “sembró el virus” que hizo que en las redes sociales se propagaran mensajes que sostienen falsamente que Morales podría no ser el padre biológico de la hija de dos años que tiene con Snopek.

El tuit por el que fue arrestado y está a un paso de ir a juicio, dice: “Hace ya varios años que en Jujuy se hace el carnaval de los tekis (una estafa en la que caen los turistas). Pero este año no se hace. Y todo parece que es porque uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del ex gobernador. Imposible aburrirse en kukuy”.

Según el fiscal Hugo Walter Rondón, de la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y contra la Administración Pública Nº 1 de Jujuy, las víctimas de Morandini son la mujer del exgobernador, que sufrió un “serio estrés” por los rumores que se difundieron en la web, y la hija de ella y de Morales. “Se perturbó el estado civil de una persona totalmente inocente, generándole un daño que es prácticamente imposible resarcir”, dijo el fiscal, en alusión a la niña, el 5 de enero pasado, en la primera audiencia con los acusados de la causa (a cuyo registro fílmico accedió LA NACION). En esa audiencia, el fiscal explicó los motivos del arresto de Morandini, que había sido horas antes. “La virginidad existencial de una menor de dos años no se puede reparar, será una querella, pero el daño es irreparable”, afirmó. Ese fue un motivo central para sostener que Morandini no podía recuperar la libertad.

El tuit en cuestión fue publicado el 26 de diciembre pasado. Según la fiscalía, ese día empezó un proceso de la viralización. “Uno tira la piedrita y el vidrio se rompe en mil pedazos”, sostuvo Rondón. En este caso, para la Justicia, la piedra la tiraron al menos dos personas porque Morandini no es el único detenido: también fue arrestado, en simultáneo, Humberto Roque Villegas. Los dos siguen presos por orden del juez de la causa, Pablo Pullen Llermanos.

La fiscalía anunció además que el plan es que las detenciones continúen. Advirtió que apunta, sobre todo, a quienes reprodujeron fotos de la hija de Morales junto con leyendas sobre la supuesta sospecha de infidelidad. También estarían buscando a la autora de un audio, que se viralizó por WhatsApp, que daba por cierta esa relación prohibida y decía que obligaría a Los Tekis a cambiar sus planes para el carnaval de este año.

Como una prueba para la causa, la querella presentó un informe psicológico sobre Snopek, que sostuvo que ella mostraba, entre otros síntomas, una “falta de energía psíquica y disminución de su voluntad”, con un “estado emocional displacentero de tensión, tristeza y angustia” y que “a nivel cognitivo” denotaba “una disminución en cuanto a su capacidad para concentrarse”, sumado a “un mecanismo defensivo de aislamiento”.

Morandini y Villegas no se conocían. Morandini –que tuiteaba como “El Morondanga”- tiene 45 años, está casado y es padre dos hijas, de 4 y 8 años. Con su mujer, Lucía Castro Olivera, que es antropóloga, participó de las marchas contra la reforma constitucional promovida por Morales, pero ninguno de los dos tiene militancia política orgánica, dijo a LA NACION Castro Olivera. Villegas tiene 42 años, secundario incompleto y se dedica a la serigrafía. A partir del 31 de diciembre pasado reprodujo una serie de publicaciones en Facebook alusivas a la supuesta infidelidad de Snopek, el caso que, según uno de los posteos que Villegas replicó, es “El culebrón jujeño del año”.

La causa se inició por una denuncia de la mujer del exgobernador. A Morandini y Villegas se los acusó de “lesiones psicológicas agravadas en contexto de violencia de género” (contra Snopek) “en concurso real con el delito de tornar incierta la identidad de una menor de 10 años”.

Este último delito es el previsto en el artículo 139 del Código Penal, que dice que “se impondrá prisión de 2 a 6 años al que (…) por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiere la identidad de un menor de 10 años, y el que lo retuviere u ocultare”. En la primera audiencia con los acusados, el fiscal recordó que esta figura penal se aplicó al robo de bebés durante la dictadura y dijo hoy es más amplia y aplica también a este caso. “Hay muchas formas de perturbar el estado civil y la filiación. Y esta es una persona totalmente indefensa”, insistió.

En cuanto a los motivos de las prisiones preventivas, el fiscal dijo, el 5 de enero, que había que tener en cuenta “la pena que podría llegar a aplicárseles” a los imputados, que es alta. Alegó que “algunos abogados”, basados en fallos de la Corte Suprema, dicen que la expectativa de pena no es motivo suficiente, pero que eso es “anacrónico”. También sostuvo que, de quedar en libertad, podrían seguir posteando en redes e incluso “intimidar” a posibles testigos.

Ninguno de los dos acusados declaró en el expediente. Así se los recomendaron -dijeron- los abogados que los representaban cuando los arrestaron. A Villegas lo defiende la defensa pública; Morandini cambió de abogados. Tomaron su caso la exministra de las Mujeres Elizabeth Gómez Alcorta y Marcos Aldazabal, que ya conocían la justicia jujeña por su experiencia como abogados de Milagro Sala. Ellos pidieron el “inmediato sobreseimiento” de Morandini por “inexistencia de delito”. Dijeron que la hipótesis acusatoria carece “de sustento normativo y fáctico”, que se está afectando la libertad de expresión y que, con la detención, incluso podría estar en juego una “responsabilidad internacional” del Estado Argentino.

LA NACION se comunicó con un vocero del exgobernador y con un abogado de Snopek, que no quisieron hacer declaraciones. Este medio también intentó, sin éxito, contactar al juez y al fiscal de la causa.

Lucía Castro Olivera, la mujer de Morandini, dijo a LA NACION que él está detenido en la cárcel de Gorriti, en un pabellón con 63 personas más y que sólo le permiten salir al patio los lunes, el día de visitas. Relató que los primeros tres días de detención los pasó en una celda de aislamiento.

Según su relato, la detención fue irregular. “Notamos movimientos extraños frente a nuestra casa [viven a las afueras de San Salvador de Jujuy]. Nahuel salió a preguntar qué necesitaban y los hombres le dijeron que buscaban a un albañil enfrente”, contó. Pero en otra ocasión, él llegó a su casa y vio gente entrando a su terreno. Entonces -afirmó Castro Olivera- estas otras personas le dijeron que tenían un problema con el auto y que buscaban agua para el radiador. El tercer episodio, de acuerdo con su relato, fue la extraña aparición de una joven. “Una chica, en la puerta de mi casa, me dice que necesitaba cargar el celular, que había perdido a sus amigas. Yo la dejé entrar”, contó. Después, la joven le dijo que en realidad tenía una citación para entregar a un hombre de apellido Morán, nombre que luego cambió por “Morandini”. Finalmente, le preguntó si aceptaban recibir la citación. “Le dijimos que sí. Llegaron después dos hombres en un auto sin patente. Le dijeron a Nahuel que subiera al auto y que ellos lo llevaban. Él no quiso subir a ese auto sin patente y fue en el auto nuestro”, relató Castro Olivera.

En el expediente se les secuestró el teléfono a los acusados y se investigaron sus comunicaciones por WhatsApp, que fueron citadas, en el caso de Morandini, como prueba en su contra. También se les prohibió a los detenidos, a sus familiares y a sus amigos que hicieran menciones públicas a Morales, a su mujer o a la hija de ambos, relataron los abogados de Morandini. Esta semana se consideró terminada la investigación y la causa marcha a juicio.

Fuente: Paz Rodríguez Niell – diario La Nación

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