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Embarazo de niñas y adolescentes, una cuestión de salud pública (*)

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Anualmente en Argentina nacen aproximadamente 70 mil bebés de niñas y adolescentes de hasta 19 años, es decir, que se producen entre 200 partos por día y en algunas zonas del país se registran hasta 300 nacimientos. Además, 7 de cada 10 embarazos no intencionales se producen en adolescentes de 15 a 19 años; y en niñas-adolescentes menores de 15 años, este número se eleva a 8 de cada 10. 

Por otro lado, el Fondo de Población de las Naciones Unidas para Argentina (UNFPA) señala que en 2021 el 11% del total de bebés del sistema público que nacieron vivos en el país corresponden a madres de 10 a 19 años. A ello podemos sumar que hasta enero de 2022, el Sistema Informático Perinatal (SIP) registró que el 29% que las adolescentes que asistieron a maternidades públicas fueron madres por segunda o tercera vez antes de los 20 años.

Entre las causas de un embarazo precoz, pueden mencionarse la dificultad del acceso a la salud, a los métodos anticonceptivos, la pandemia, la situación socio-económica y culturales; la falta de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas; las situaciones de abuso que sufren niñas y adolescentes por parte de otros adolescentes o adultos intra o extra familiares; la inestabilidad familiar y el uso de drogas y alcohol.

A su vez, las consecuencias físicas, psíquicas y sociales también son múltiples. Las madres adolescentes pueden sentir rechazo al recién nacido; la pérdida de amistades y actividades con sus pares; problemas familiares de adaptación individual o económica; pobreza, depresión; abuso del alcohol, tabaco o drogas psicoactivas. A nivel físico, las jóvenes pueden no contar con todos los nutrientes necesarios para el buen desarrollo fetal por lo que al nacer los bebés pueden registrar bajo peso o nacer prematuramente. Las madres pueden correr un mayor riesgo de hipertensión en el embarazo y enfrentar complicaciones posparto. Es frecuente la anemia, una mayor tasa de mortalidad infantil y una desproporción cefalopélvica, es decir, que la cabeza del bebé sea más ancha que la apertura pélvica de la madre.

El impacto también se observa en el desarrollo educativo de las mamás niñas y adolescentes. Según el Ministerio de Salud de la Nación, el 38% de las mujeres que fueron madres en su adolescencia no completaron el secundario y apenas el 3% accedieron a la educación terciaria.

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Planteado esto, la problemática del embarazo en niñas y adolescentes se convierte en una cuestión de salud pública. Es fundamental la implementación de la ESI así como también garantizar el acceso fácil y equitativo al sistema de salud; y brindar información y acceso a métodos anticonceptivos en pos de prevenir, además, enfermedades de transmisión sexual.

Debemos trabajar conjuntamente en un abordaje integral, que contemple acciones mancomunadas entre los ámbitos de la salud, la educación y el trabajo social. No podemos perder de vista la importancia de potenciar los derechos sexuales y reproductivos de niñas jóvenes y adolescentes para que cuenten con información segura.

En suma, sensibilizar a la sociedad y a todos los actores que intervienen en la problemática traerá resultados a corto, mediano y largo plazo.

*Por Patricia Villabrille. Tocoginecóloga (MN 66042) – Consultorio de Salud Reproductiva del Adolescente de Cam Doctor

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Voto Joven: Democracia garantizada (*)

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El 31 octubre de 2012 se reformó en nuestro país la Ley N° 26.774 “Ciudadanía”, la cual establece el derecho al voto en las elecciones nacionales a las personas jóvenes de 16 y 17 años, para así poder elegir a sus representantes. Tras su sanción casi todas las provincias comenzaron a adoptar su legislación para permitir el voto joven en las elecciones provinciales.

Debemos celebrar que después de 10 años, con una gran voluntad política de todos los partidos políticos correntinos, se le dará participación de manera optativa a los jóvenes de 16 y 17 años para que puedan elegir a sus representantes a nivel provincial.

Al respecto, el Presidente de Jóvenes Pro Ctes, Gauna Roque afirmó que, “Tenemos la oportunidad de involucrar a los más jóvenes en la participación activa en la política, con sus aportes y miradas para que sus demandas sean visibles” – “En el último padrón electoral del 2019, se registró un total de 22.631 (nacidos entre el 2004 y 2005) jóvenes entre 16 y 17 años en corrientes”.

Además, comentó – “Mi trabajo político como referente joven, es brindar toda la información necesaria para que se introduzcan de la mejor manera, haciéndolo de modo habitual y sostenido, considerándolos, escuchándolos, pero fuera del periodo electoral y con la vocación de mejorar algún aspecto.

Y para finalizar concluyó, “Esto requiere de un verdadero trabajo territorial y real. Ahora ellos tienen la posibilidad de elegir quienes van a administrar sus impuestos e intereses a nivel municipal, provincial y nacional, marcando el presente y el futuro.”

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(*) Gauna Roque – Presidente Jóvenes PRO Corrientes – Secretario Nacional de Movilización

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9 de Agosto Día Internacional de los Pueblos Indígenas

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“Los pueblos indígenas padecen las consecuencias de la injusticia histórica, a saber: la invasión, la colonización, la desposesión de sus territorios, la opresión y la discriminación, así como la falta de control de sus propios modos de vida. Los Estados coloniales y modernos, en la búsqueda del crecimiento económico, les han denegado ampliamente su derecho al desarrollo”.

109 Naciones Indígenas en Colombia, desde hace más de 5 siglos han sido invadidas, irrespetadas y violentadas. En Abya Yala (américa para los occidentales) todo empezó con la invasión del 12 de octubre de 1.492

Los Pueblos Indígenas mantenemos Armonía permanente con la Madre Tierra, por eso, la preservamos  patrimonio arraigado espiritual y natural con saberes milenarios.

A pesar de las raíces profundamente asentadas en las tierras originarias mucho antes de las invasiones, se cuentan entre los más desfavorecidos del mundo, sus derechos vulnerados e ignorados constantemente alrededor del mundo.

“Como pueblos milenarios, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC-, antes que ser colombianos, somos los antiguos pobladores de estos territorios y gestionamos nuestro propio proceso, conservamos tradiciones y valores culturales milenarios con los cuales esperamos contribuir al mundo”.

Nuestra lucha es por la pervivencia y la unidad, con autonomía.

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Fuerza Pueblos Indígenas del mundo, en especial las Naciones Runas: Yanakunas, Nasas, Totoróez, Kokonukos, Misak, Uitotos, Koreguajes, Makaguajes y demás Naciones Runas, que a pesar de las invasiones occidentales seguimos defendiendo nuestro Derecho Propio, Derecho Mayor, Ley de Origen, así como nuestra Medicina Tradicional que occidente irrespeta y desvalora con sus químicos y sus EPS.

“El 9 de agosto de 1994 fue declarado el Día Internacional de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas-ONU- para garantizar los derechos humanos de los más de 5mil grupos indígenas que existen en 99 países”.

 “la naturaleza es fuente de vida y sabiduría de ahí que toda agresión contra ella, pone de inmediato en peligro la existencia del indio como parte viviente de la naturaleza”. Manuel Quintín Lame.

(*) Doly Enríquez – Warmy Runa Yanakuna – Periodista y Poeta

“Nadie nos tiene que decir qué hacer en nuestra casa”, integrante de la Guardia Indígena del Kauka

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Ficha limpia, una barrera republicana contra la impunidad (*)

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La ficha limpia robustece el sistema republicano y actúa como barrera o esclusa, estableciendo un piso mínimo de idoneidad moral para acceder a cargos públicos. Impulsarla en todo el país es clave para tener mejores instituciones representativas, recuperar la confianza en la república y combatir la desafección democrática.

La ética pública debe ser el punto de partida para acceder a cualquier cargo público. Si anhelamos que las instituciones republicanas funcionen, sean transparentes, representativas, eficaces y eficientes, debemos establecer condiciones de idoneidad moral que sean una barrera de acceso para aquellas personas condenadas por corrupción y otros delitos.

De eso se trata la ficha limpia. De establecer un piso mínimo de honestidad y transparencia para el acceso a los cargos públicos.

Todo comenzó en Brasil, con la exigencia ciudadana de una iniciativa popular impulsada por 1,6 millones de firmas y 44 organizaciones sociales, que logró imponer en el año 2010 la primera ley de ficha limpia, y que impidió que 2045 condenados sean aspirantes a la función pública, incluido el ex presidente Luis Ignacio “Lula” da Silva, quién había sido sentenciado por sobornos, corrupción activa y pasiva y lavado de dinero.

Desde entonces, la ficha limpia se impuso en países como Uruguay, Chile, México y España, entre otros.

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En Argentina, a pesar de las casi 500000 firmas recolectadas por el Movimiento Ciudadano Ficha Limpia, y el acompañamiento de varios partidos políticos, el proyecto viene siendo frenado y resistido por el kichnerismo en el Congreso de la Nación. No obstante esto, la ficha limpia avanza en el derecho público provincial y municipal. Particularmente, las provincias de Mendoza, Jujuy, Salta, San Juan y Chubut ya cuentan con una ley de ficha limpia, y en otras tantas legislaturas provinciales existen proyectos de ley en tratamiento. Asimismo, adaptados a la normativa local, varios Municipios como Tres de Febrero y San Isidro han hecho lo propio y la iniciativa se expande como reguero de pólvora con el objetivo de tener instituciones más sólidas y transparentes en cada rincón de la República.

En Corrientes, tanto en la legislatura de la provincia como en el concejo deliberante capitalino, existen proyectos en tratamiento que buscan regularla en sus respectivos ámbitos de competencia.

Sus críticos alegan básicamente dos cuestiones para oponerse y rechazar la iniciativa.

En la primera, argumentan la imposibilidad de establecer requisitos que no están establecidos y exigidos en la Constitución nacional (arts. 48, 55 y concordantes). Quienes plantean esto parecen obviar u olvidar el principio de idoneidad, estipulado en el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental.

Bien ha explicado Néstor Sagües que este artículo comprende la idoneidad moral, que “estriba tanto en carecer de antecedentes penales, como en haber tenido una conducta acorde con las pautas éticas vigentes […] cuanto mayor sea la jerarquía del empleo o de la función, mayor debe ser el grado de moralidad a exigirse.”[1]

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Conteste con ello y refiriéndose específicamente a los cargos electivos, sostuvo que “si el legislador regula el recaudo constitucional de idoneidad (art. 16), conforme a pautas razonables, no incompatibles con el marco republicano de la Constitución, conforme a criterios no discriminatorios, esa regulación puede apuntalar el principio de la idoneidad, mejorando y actualizando el mensaje constitucional”[2].

En el mismo sentido se ha expresado el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, señalando que no resulta inconstitucional reglamentar las condiciones de idoneidad por vía legal siempre que ello supere el test de razonabilidad.[3]

Agregamos, además que, si la Constitución ideó sistemas tendientes a excluir a funcionarios y legisladores inidóneos (arts. 53, 59, 60 y 66), resulta coherente con tal objetivo evitar su acceso mediante una ley previa cuando ello deviene de la absoluta falta de idoneidad de una persona condenada.

En ese sentido, el Congreso de la Nación, a través de la Ley Nacional N° 26.097, aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la que en su artículo 7, inciso 2, determina que: “Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer criterios para la candidatura y elección a cargos públicos”.

La propia ley orgánica de partidos políticos, 23.298, se ha inclinado por la solución reglamentaria de la idoneidad, estableciendo que no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos los excluidos del padrón electoral como consecuencia de las disposiciones vigentes (art. 33), excluyendo -entre otros- a las personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones graves de derechos humanos o cuyas conductas criminales se encuentren prescriptas en el Estatuto de Roma como crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, por hechos acaecidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

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Es curioso que ésta última exclusión señalada, que opera como una ficha limpia contra acusados de delitos de lesa humanidad con un auto de procesamiento y sin condena siquiera en primera instancia, fue impulsada por el propio kichnerismo en el año 2009, en razón de introducir el sistema de primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (P.A.S.O). Cabe preguntarse si, en definitiva, a lo que se oponen es simplemente a la ficha limpia para casos de corrupción que, eventualmente, puede llegar a comprometer a sus principales líderes.

Es necesario destacar, finalmente, que el artículo 36 de la Constitución Nacional recoge el valor fundamental de la ética pública, considerando atentatorio contra el sistema democrático el accionar de los que incurrieren en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento ilícito.

En la segunda cuestión, se plantea el principio de inocencia, que, según los críticos de la ficha limpia, se vería comprometida dicha garantía en caso de impedirse el acceso a la función pública a una persona que no tenga condena firme. La ficha limpia, en efecto, tal como viene siendo planteada, prevé la inhabilidad por condenas en primera o segunda instancia, por lo tanto la sentencia podría no estar firme.

No obstante, dichas condenas gozan de la presunción de certeza y legitimidad que le asisten como tales en virtud de haber sido dictadas por un tribunal competente, conforme a derecho y con todas las garantías del debido proceso. Como ha señalado el constitucionalista correntino Mario Midón “Para postularse a un cargo público no pueden valer lo mismo el insospechado comportamiento de un aspirante que la de aquel que en la competencia electoral exhibe dos sentencias condenatorias. No se trata aquí de aplicar los principios generales del derecho penal sobre naturaleza y efectos de la pena, sino de garantizar que los candidatos reúnan condiciones mínimas que presupongan una aptitud razonable para el desempeño de tales funciones”.[4]

Gran parte del malestar y la desafección democrática viene dado por el descuido de las instituciones republicanas, la anomia generalizada, la ausencia de la autoridad de la ley y la constitución, y el consecuente abuso de poder.

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La corrupción es un mal endémico que debe ser desterrado con instituciones fuertes, decisión y virtud política. En gran medida, es la contracara de la pobreza, creando privilegios para una nomenclatura política y económica al servicio de su propia ambición, apropiándose de recursos valiosos que son desviados de sus fines legítimos.

Al final del día, no son tanto las declaraciones de derechos las que garantizan la libertad, sino el diseño republicano de la “sala de máquinas” que impide que nadie vaya por todo, ni tenga la supremacía del poder público para suprimir los derechos enunciados. Es el equilibrio de poderes, los frenos y contrapesos, los que en definitiva garantizan y aseguran el valor supremo de la libertad.

La función pública, a través de la cual se dispone de nuestra vida, libertad y patrimonio, no puede ser el resguardo de la impunidad. Parafraseando lo sostenido alguna vez por Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación, depende de nosotros si las instituciones serán un recinto de alta política o se convertirán, degradadas, en una cueva de ladrones.

(*) Fabián Nieves. Abogado y docente universitario (UNNE). Concejal de la Ciudad de Corrientes (Coalición Cívica – ARI).

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