(https://www.bancomundial.org/es/news) Margarita, una activa estudiante de 13 años que vive en Imbabura, Ecuador, tiene la esperanza de regresar a clases presenciales después de más de un año de no ir a la escuela y de aprendizaje virtual como resultado de la pandemia de COVID-19. Su familia tuvo incluso dificultades para conseguir las herramientas necesarias para conectarse a internet desde casa de modo que ella participara en las actividades pedagógicas en línea. “Con la pandemia las clases fueron virtuales, pero nosotros no teníamos señal [a internet] para que yo pudiera estudiar”. Margarita no es la única. La COVID-19 ha causado interrupciones sin precedentes en la educación en todo el mundo.

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19 EN EL APRENDIZAJE

Los niños en todo el mundo han perdido una cantidad enorme de tiempo de clase. En el pico de la pandemia en abril de 2020, se estima que los cierres de escuelas relacionados con la COVID-19 interrumpieron la educación de más de 1600 millones de niños en 188 países. A nivel mundial, desde febrero de 2020 hasta febrero de 2022, los sistemas educativos no impartieron enseñanza presencial durante 141 días de instrucción en promedio, y esta situación afectó de manera desproporcionada a los niños más pobres.

Si bien algunos países reabrieron las escuelas de manera rápida, muchos las mantuvieron cerradas durante períodos excepcionalmente prolongados. Otros las reabrieron solo de forma parcial. Numerosos países que tenían resultados de aprendizaje deficientes antes de la pandemia tendieron también a mantener las escuelas cerradas por más tiempo, y las interrupciones prolongadas en la enseñanza agravaron estas desigualdades.

El mundo enfrenta una crisis dentro de una crisis. Las estimaciones de la pobreza de aprendizajes muestran que incluso antes de la COVID-19, la crisis del aprendizaje ya se estaba profundizando. Nuevos datos publicados en “The State of Global Learning Poverty: 2022 Update” (i) (La situación mundial de la pobreza de aprendizajes: Actualización de 2022) indican que en 2019 la pobreza de aprendizajes —la proporción de niños que no pueden leer y comprender un texto simple a los 10 años— era un 57 % más alta de lo que se pensaba anteriormente. Tras los cierres de escuelas prolongados y debido al acceso desigual a la enseñanza remota y presencial, la pobreza de aprendizajes ha aumentado un tercio en los países de ingreso bajo y mediano, y se estima que el 70 % de los estudiantes de 10 años no pueden entender un relato sencillo.

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Además, las tasas de deserción escolar se incrementan en algunos países, junto con el matrimonio a temprana edad, el embarazo precoz, el trabajo infantil y los problemas de salud mental.

La desigualdad en el aprendizaje va en aumento. Los cierres de escuelas han profundizado las disparidades existentes en la educación, y las pérdidas de aprendizaje son peores para los niños más vulnerables. En todo el mundo, los estudiantes de familias de condición socioeconómica más baja se vieron afectados de manera desproporcionada por las interrupciones en la educación relacionadas con la COVID-19. A nivel global, al menos 463 millones de niños no pudieron acceder a programas de aprendizaje a distancia de radiodifusión y digitales en medio de los cierres de las escuelas, y 3 de cada 4 estudiantes que no pudieron participar en esas actividades pertenecían a familias pobres o vivían en zonas rurales.

En Ghana, la brecha de aprendizaje entre los estudiantes de nivel socioeconómico alto y los estudiantes de nivel socioeconómico bajo se amplió tanto en alfabetización como en matemáticas.

En México, la proporción de estudiantes que no pueden leer un texto simple aumentó 15 puntos porcentuales en el caso de los alumnos de nivel socioeconómico alto y 25 puntos porcentuales en el caso de los alumnos de nivel socioeconómico bajo.

Pérdidas de aprendizaje en todo el mundo

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Fuente: Unicef, Unesco y Banco Mundial (2022), ¿Dónde estamos en la recuperación de la educación? (PDF, en inglés). Sobre la base de 65 estudios en los que se informan pérdidas/ganancias de aprendizaje simuladas (sombreado más claro) y observadas realmente (sombreado más oscuro), que abarcan un total de 104 países y territorios.

En Camboya, los estudiantes que no pudieron demostrar competencia básica aumentaron del 34 % al 45 % en lengua jemer y del 49 % al 74 % en matemáticas.

En las zonas rurales de Karnataka, India, solo el 16 % de los estudiantes de tercer grado podía realizar una resta simple en 2020, en comparación con casi el 24 % en 2018.

En Sudáfrica, los estudiantes de segundo grado tuvieron pérdidas de aprendizaje equivalentes a hasta el 70 % de un año de aprendizaje.

CIERRES DE ESCUELAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

América Latina y el Caribe se vio afectada de manera desproporcionada en términos sanitarios, económicos y educativos durante la pandemia, y ha sufrido uno de los períodos más largos de cierres de escuelas. Alrededor de 170 millones de estudiantes se vieron privados de recibir educación presencial durante aproximadamente 1 de cada 2 días de clases desde el inicio de la pandemia (Reseña del Grupo Banco Mundial: Mi Educación, Nuestro Futuro). Millones de niños y adolescentes corren el riesgo de abandonar los estudios debido a que están retrasados en el ámbito académico.

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“Si no actuamos ahora para recuperar las pérdidas de aprendizaje, una generación completa de niños y jóvenes será menos productiva en el futuro y tendrá menos oportunidades de progreso y bienestar”. “Este es el momento para actuar, para prevenir estas pérdidas, para apoyar el futuro de la próxima generación”.

Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

Las pérdidas de aprendizaje previstas y reales son muy altas, y más graves en los primeros grados y entre los niños más pequeños y los niños de entornos socioeconómicos más bajos. Se espera que los puntajes promedio de la educación primaria en lectura y matemáticas disminuyan a niveles registrados hace más de 10 años, cuando las mejoras ya eran muy lentas. Es posible que alrededor de 4 de cada 5 alumnos de sexto grado no puedan comprender e interpretar adecuadamente un texto de longitud moderada.

Se proyecta que estas pérdidas de aprendizaje se traduzcan en una disminución del 12 % en los ingresos a lo largo de la vida de los estudiantes actuales. La salud psicosocial y el bienestar también se han visto muy afectados.

Según nuevas estimaciones, los objetivos de pobreza de aprendizajes anteriores a la pandemia están ahora fuera de alcance. La comunidad internacional se comprometió en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) a eliminar la pobreza de aprendizajes para 2030. Sin embargo, en 2019, quedó claro que el mundo estaba muy lejos de lograrlo. Ante esta evidencia, el Banco Mundial estableció también un objetivo provisional complementario de reducir a la mitad la pobreza de aprendizajes. Después de la COVID-19, esas ambiciosas metas parecen completamente inalcanzables. A esta crisis en la educación se debería responder con ambición, no con aceptación, y se necesita un compromiso político, respaldado por medidas, para acelerar la recuperación del aprendizaje.

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La recuperación del aprendizaje: mitigar los efectos de la pandemia y revertir las pérdidas

El aprendizaje en el futuro y décadas de beneficios económicos y sociales están en juego. Se necesitan medidas urgentes para garantizar que la actual generación de estudiantes reciba una educación que sea al menos tan buena como la de las generaciones pasadas y futuras.

Las trayectorias de aprendizaje en el futuro están en peligro. Las pérdidas de aprendizaje pueden seguir acumulándose una vez que los niños regresen a la escuela. Los niños corren el riesgo de aprender menos cada año en comparación con las cohortes anteriores a la pandemia.

Las pérdidas de aprendizaje pueden consistir en aprendizaje no obtenido, esto es, el aprendizaje que no se produjo debido al cierre de las escuelas, el olvido del aprendizaje adquirido anteriormente, y también podría incluir la pérdida de aprendizaje en el futuro.

Un programa de recuperación pedagógica cohesivo puede conducir a una recuperación acelerada del aprendizaje

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La buena noticia es que se conocen las maneras de recuperar el aprendizaje perdido debido a la pandemia. Un programa de recuperación pedagógica adaptado al contexto, que consiste en estrategias basadas en evidencias, puede ayudar a los estudiantes a volver a las trayectorias de aprendizaje que tenían antes de la pandemia.

El nuevo Marco para la Recuperación y Aceleración del Aprendizaje (el marco RAPID) (PDF, en inglés) introduce cinco medidas de política para establecer un programa de este tipo. Si bien las dos primeras medidas de política (esto es, acercarse a los estudiantes y mantenerlos en la escuela, y evaluar los niveles de aprendizaje periódicamente) apoyan una recuperación equitativa, e incluyen el seguimiento y la planificación, las tres medidas restantes constituyen estrategias para mejorar la enseñanza, el aprendizaje y el bienestar. La composición del programa debería ser flexible para que los países puedan tener acceso a una gama de opciones de políticas y seleccionarlas, combinarlas y adaptarlas a su propio contexto.

El desafío central de la recuperación del aprendizaje es que los objetivos deben alcanzarse en menos tiempo que en el caso de las cohortes anteriores a la pandemia. Para ello es necesario un marco acelerado que promueva el retorno urgente de los niños a la escuela, evalúe los niveles de aprendizaje, y apoye una enseñanza y un aprendizaje más eficaces. El marco RAPID ayuda a los países a:

Aceleración de la recuperación del aprendizaje con acciones de política de RAPID realizar evaluaciones regulares. Las mediciones de referencia del aprendizaje ayudan a tomar decisiones informadas sobre dónde y cómo movilizar recursos a nivel de los sistemas para prevenir la pérdida de aprendizaje y la deserción escolar entre los estudiantes más vulnerables. Será fundamental disponer de mejores datos e indicadores. Los actuales esfuerzos para recopilar y utilizar datos tienden a ser fragmentados y poco frecuentes, especialmente en los países de ingreso bajo y mediano, donde los efectos de la crisis del aprendizaje se dejan sentir con mayor intensidad.

Acercarse a todos los niños y mantenerlos en la escuela. La medida normativa más inmediata es mantener las escuelas abiertas y lograr que los niños vuelvan a la escuela. A medida que las escuelas reabran, es fundamental hacer un seguimiento de la reinscripción de los niños y entender por qué algunos estudiantes no han regresado a la escuela.

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Priorizar la enseñanza de los conocimientos básicos. Dada la asombrosa pérdida de tiempo lectivo, los esfuerzos de recuperación del aprendizaje deben centrarse en el contenido elemental perdido y dar prioridad a las habilidades y los conocimientos más fundamentales que son necesarios para avanzar. Esto requerirá ajustes en los métodos de enseñanza, como la instrucción focalizada para alcanzar los niveles de aprendizaje de los estudiantes, así como asegurar que el plan de estudios se centre en las habilidades y los conocimientos básicos que los niños necesitarán en sus respectivos grados.

Incrementar la eficiencia de la instrucción, por ejemplo, mediante programas de recuperación del aprendizaje. Para recuperar el aprendizaje perdido, los sistemas escolares deberán apoyar iniciativas que aumenten la cantidad de aprendizaje dentro de las aulas, como maestros mejor formados y el uso de estrategias de recuperación centradas en el estudiante (a saber, programas de autoaprendizaje individualizados, tutoría y orientación, programas de aprendizaje acelerado y programas de recuperación para los estudiantes que han abandonado la escuela).

La tecnología y la innovación desempeñan también una función en el logro de estos objetivos. La educación a distancia e híbrida ha llegado para quedarse. Al proporcionar a los maestros acceso a la tecnología y las habilidades necesarias para utilizarla eficazmente con el fin de mejorar la prestación de servicios educativos, se puede ayudar a preparar los sistemas de enseñanza para futuras crisis y ayudar a los maestros a subsanar las brechas de aprendizaje.

Desarrollar la salud y el bienestar psicosociales. La pandemia ha agravado los riesgos para los niños y los jóvenes que ya son vulnerables, entre ellos las mujeres y las niñas, los niños con discapacidad y los niños que viven en situaciones prolongadas de conflicto o desplazamiento. Abordar la salud mental y las necesidades psicosociales de los niños y los jóvenes y apoyar su bienestar es una medida importante en sí misma, pero también es fundamental para garantizar que ellos puedan aprender.

En marzo de 2022, un informe conjunto de Unicef, la Unesco y el Banco Mundial (i) proporcionó información actualizada sobre lo que están haciendo los países en términos de políticas e iniciativas para la recuperación de la educación. Alrededor de 90 países respondieron que están implementando programas específicos para mitigar las pérdidas de aprendizaje.

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Antes de la pandemia, el Gobierno de Gujarat (India) introdujo pruebas de evaluación periódicas (PAT) —evaluaciones formativas semanales en el aula para cada asignatura—, que se vinculaban con los calendarios escolares y se asignaban de acuerdo con los resultados de aprendizaje.

El uso de las PAT en una plataforma digital permite monitorear los resultados de aprendizaje de los estudiantes y adaptar el aprendizaje a los niveles de los alumnos. Durante la pandemia, los resultados de las PAT se utilizaron para personalizar la educación remota al nivel de cada estudiante.

En octubre de 2021, el Ministerio de Educación de Vietnam dio a conocer directrices curriculares que animan a las escuelas a adaptar los planes de estudios a sus necesidades específicas, en gran parte centrando la instrucción en el material más importante.

Para cada área de contenido, dichas pautas definen los resultados de aprendizaje previstos y sugieren cómo consolidar y focalizar la enseñanza y la evaluación del plan de estudios oficial. Algunas de las sugerencias para una enseñanza focalizada son: hacer que los estudiantes lean antes de la clase; hacer que los maestros hagan una selección de las lecciones que abarcan el mismo contenido y las mismas habilidades, y racionalizar el contenido duplicado dentro de las asignaturas y entre ellas.

Las directrices proporcionan también orientación sobre cómo los docentes pueden trabajar con los padres para ayudar a los niños a aprender, por ejemplo motivando a los estudiantes a practicar la lectura y hacer ejercicios de ortografía en el hogar.

En Kenya, Tusome (“Leamos” en suajili) es una alianza emblemática entre la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Ministerio de Educación que se centra en cuatro intervenciones clave: mejorar la instrucción en el aula, mejorar el acceso a materiales didácticos, ampliar el apoyo y la supervisión de la enseñanza, y colaborar con actores clave del área de la alfabetización a nivel sistémico.

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Como resultado, los alumnos lograron avances considerables en inglés (la proporción de estudiantes que no leían disminuyó del 38 % al -12 %) y en suajili (la proporción disminuyó del 43 % al 19 %).

ESTRATEGIA DE ÁFRICA OCCIDENTAL Y CENTRAL PARA REDUCIR LA POBREZA DE APRENDIZAJES

A pesar de los avances recientes, la educación en la región está en crisis. El 80 % de los niños de 10 años en África occidental y central no saben leer ni comprenden un texto sencillo, y más de 32 millones de niños no van a la escuela, lo que representa el mayor porcentaje de todas las regiones del mundo.

Imagine que las niñas y los niños llegan a la escuela preparados para aprender, reciben una educación de calidad e ingresan al mercado laboral con las habilidades necesarias para convertirse en ciudadanos productivos y realizados. Los líderes de África occidental y central respaldaron esta visión en el Llamamiento a la Acción de Accra en Materia de Educación (i) durante una reunión ministerial conjunta organizada por el vicepresidente de Ghana, Dr. Mahamadu Bawumia y en la que participaron más de 40 ministros de Finanzas y Educación de África occidental y central. En el evento, se dio a conocer la nueva estrategia regional de educación del Banco Mundial “From School to Jobs: A Journey for the Young People of Western and Central Africa” (i) (De la escuela al mundo laboral: Una travesía para los jóvenes de África occidental y central), en que se establecen objetivos ambiciosos para lograr resultados a gran escala para 2030. El Banco Mundial pondrá en marcha la estrategia a nivel de los países y pondrá en práctica y hará un seguimiento de los compromisos de Accra, especialmente para aumentar el financiamiento del sector de educación y focalizarse en los objetivos de la estrategia, que incluyen reducir la pobreza de aprendizajes.

Si se implementan bien y se mantienen en el tiempo, muchas de las políticas delineadas en el documento pueden revertir las pérdidas de aprendizaje, fortalecer la lucha contra la pobreza de aprendizajes en el largo plazo, y servir de motores para que los sistemas de todo el mundo obtengan mejores resultados.

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UN COMPROMISO PARA REVERTIR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA

Un fuerte compromiso político —tanto a nivel nacional como mundial— de dar prioridad al aprendizaje de todos los niños es un primer paso crucial para revertir el déficit de aprendizaje derivado de la pandemia. Un compromiso real significa metas claras, priorización de las políticas y los recursos, y financiamiento.

La recuperación debe comenzar con un compromiso político a nivel nacional. Para lograr una aceleración del aprendizaje amplia y sostenida, estas intervenciones a corto plazo deben implementarse a gran escala, y esta implementación tiene que formar parte de una estrategia nacional de reformas estructurales a largo plazo. Se necesitan coaliciones nacionales en favor de la educación para respaldar un compromiso de alto nivel. Para recuperar las pérdidas de aprendizaje de los niños y los jóvenes se necesita el esfuerzo de los educadores, las familias y los administradores de todo el sistema educativo.

También se requiere un compromiso mundial. Una coalición de organizaciones está creando conciencia sobre estas cuestiones, promoviendo metas ambiciosas pero realistas, proporcionando conocimientos y evidencias de lo que funciona, y brindando apoyo financiero. Entre estas organizaciones se encuentran el Grupo Banco Mundial; la Unesco; Unicef; el Ministerio de Relaciones Exteriores, del Commonwealth y de Desarrollo del Gobierno del Reino Unido (FCDO); USAID, y la Fundación Bill y Melinda Gates.

El Banco Mundial apoya a los países mientras trabajan para acelerar la recuperación del aprendizaje. Como la principal fuente de financiamiento externo para la educación en los países en desarrollo, la cartera del Banco, dotada de más de USD 23 000 millones, tiene como objetivo mejorar el aprendizaje y proporcionar a todos el acceso a la educación que necesitan para tener éxito. En los últimos tres años, el financiamiento del Banco para educación se ha duplicado en comparación con la década pasada. Los proyectos benefician al menos a 432 millones de estudiantes y a 18 millones de maestros, es decir, un tercio de los alumnos y casi una cuarta parte de los docentes de los países clientes.

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Se invita a los países de todo el mundo a respaldar el Compromiso para la Acción sobre el Aprendizaje Básico que reconoce que el aprendizaje básico proporciona los elementos esenciales que sustentan otros tipos de aprendizaje, conocimientos y competencias a un nivel superior. Al hacerlo, se sumarán a miembros de la comunidad mundial de la educación y otros asociados, entre ellos la sociedad civil y organizaciones juveniles, que se comprometen a adoptar medidas urgentes y decisivas para reducir a la mitad la proporción mundial de niños que no pueden leer y comprender un texto simple a los 10 años de aquí a 2030.

Con la implementación urgente de estas políticas, es posible recuperar y acelerar el aprendizaje y crear sistemas educativos más eficaces, equitativos y resilientes. Esto es lo que se necesita para aumentar el aprendizaje tanto como sea posible para 2030, y continuar esa labor posteriormente, y garantizar que todos los niños y jóvenes tengan la posibilidad de forjar el futuro brillante que se merecen.

Los datos utilizados para calcular la pobreza de aprendizajes han sido posibles gracias al trabajo de la Alianza Mundial para el Seguimiento del Aprendizaje dirigida por el Instituto de Estadística de la Unesco, que estableció niveles mínimos de competencia que permiten a los países comparar el aprendizaje en diferentes evaluaciones nacionales y transnacionales. Los economistas del Banco Mundial utilizan simulaciones para calcular la magnitud probable del aumento de la pobreza de aprendizajes. En estas simulaciones se tienen en cuenta algunas variables clave, como la duración de los cierres de las escuelas, las tasas de aprendizaje antes de la COVID-19 y la probable eficacia de la educación a distancia durante el período en que las escuelas estuvieron cerradas.

Cerca del 98 % de la energía generada en Uruguay proviene de fuentes renovables, especialmente hidroeléctrica, solar y eólica, gracias a una rápida transición energética.

Ahora, el país va por su “segunda transición energética” para descarbonizar el resto del consumo de energía que todavía depende de los fósiles, particularmente el transporte.

El gobierno espera avanzar en la expansión de la movilidad eléctrica y al mismo tiempo define los primeros proyectos pilotos de hidrógeno verde, hoy en alta demanda para el transporte de carga.

(https://es.mongabay.com) por Fermín Koop. Recorrer los más de 600 kilómetros de la costa de Uruguay es cruzarse varias veces con grandes molinos de viento, ubicados en los 49 parques eólicos con los que cuenta el país. Los molinos no están solos: en muchos casos conviven con miles de vacas y extensos cultivos de soja, maíz y girasol. Agricultores alquilan sus terrenos, reciben un ingreso y son parte de la primera transición energética que ya vivió esta nación.

Casi sin combustibles fósiles en su pequeño territorio, Uruguay logró transformar completamente su economía energética hace ya una década. En la actualidad, cerca del 98 % de la energía del país proviene de fuentes renovables, principalmente hidroeléctrica, solar y eólica. Una transición energética adelantada al resto de América Latina gracias a voluntad política y participación ciudadana.

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“Logramos beneficios ambientales y económicos. La matriz uruguaya es hoy 500 millones de dólares por año más barata que lo que era antes de la transformación. Eso es el 1 % del PBI de Uruguay”, sostiene Ramón Méndez, secretario de Energía entre 2008 y 2015, cuando se dio la transición. “Además, se generaron 50 mil puestos de trabajo y tenemos emisiones 30 veces menores que el promedio mundial per cápita”, agrega.

Ahora, con el compromiso de alcanzar la carbono neutralidad en 2050, el desafío es encarar lo que en Uruguay llaman la “segunda transición energética” mediante la total descarbonización de su consumo de energía, todavía dependiente del petróleo en el sector del transporte. Allí aparece la movilidad eléctrica y el hidrógeno verde en el mediano plazo para el desarrollo energético de Uruguay.

UN CAMBIO ACELERADO

El paso de Uruguay a las energías renovables se remonta a una grave sequía que comenzó en 1997 y duró hasta 2007, y que redujo la generación hidroeléctrica existente a más de la mitad. El gobierno trató de cubrir ese bache aumentando las importaciones de petróleo de sus vecinos Argentina y Brasil. El costo fue muy alto y las emisiones de carbono se incrementaron.

La crisis hizo que el sector político reconociera la necesidad de aumentar la capacidad de producción de energía. En 2005, el presidente Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, un grupo político de izquierda, asumió el cargo por primera vez y vio una solución a los dilemas superpuestos de seguridad energética y compromisos ambientales: instalar más parques eólicos y solares junto con biomasa.

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“El disparador fue la subida de los precios del petróleo que se importaba en ese momento. Teníamos estudios que nos mostraban que todavía no era el momento de pasar a renovables a gran escala, pero con esos precios decidimos hacerlo igual”, afirma Francisco Fontana, asesor de presidencia en UTE, empresa pública que genera, transmite y distribuye energía eléctrica en Uruguay.

El gobierno de Vázquez no actuó en forma aislada. A pesar de contar con mayoría en ambas cámaras del parlamento, recurrió a otros partidos para lograr un consenso. En 2008, convocó a una Comisión Multipartidaria de Energía, la cual elaboró un acuerdo para el desarrollo energético al 2030. En ese documento se promovía la diversificación de las fuentes energéticas a métodos renovables y el aumento de la eficiencia.

Para lograrlo, se pusieron en marcha medidas para fomentar la inversión privada. UTE dejó de ser la única empresa en generar energía y se otorgaron contratos a privados con una garantía de precio de 20 años, con la obligación de que el Estado comprara toda la energía generada por el viento. Para premiar la rapidez, se pagaron tarifas más altas a los proyectos en terminar primero.

Se esperaba contar con 300MW de energía eólica en línea en 2015, pero se terminó con más de 700MW y mucho más por venir. Uruguay finalmente completó 49 parques eólicos con 700 molinos y una capacidad de 1.600MW, además de 260MW en energía solar. Entre 2017 y el 2020, el 97 % de la electricidad que se generó en promedio vino de energías renovables, con picos del 100 % en ciertos momentos.

“No tenemos el mejor viento del mundo, pero el territorio es bastante plano, sin montañas, con 90 % abajo de los 200 metros del nivel del mar. Por eso no hay grandes obstáculos para que circule el viento. Y el potencial es enorme, podríamos poner molinos en todos lados”, sostiene Oscar Ferreño, director de relaciones institucionales y regulación en Ventus, empresa desarrolladora de proyectos renovables.

Con ello, Uruguay pasó de ser importador de combustibles fósiles de Argentina y Brasil a exportador de energía renovable a ambos países vecinos, generando nuevos ingresos. Además, logró la autosuficiencia energética, ajeno a circunstancias externas como las tensiones actuales con el gas natural y el petróleo por la guerra en Ucrania que ya han afectado a gran parte del mundo.

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LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

Finalizada su transición a las renovables, con una inversión de 8000 millones de dólares desde 2010 a la fecha, Uruguay está preparado para asumir nuevos desafíos. Allí aparece la llamada segunda transición, que pretende abordar usos energéticos que todavía no han sido cubiertos por las renovables, es decir, que todavía dependen del petróleo.

Más de 1500 vehículos eléctricos recorren hoy las calles y rutas de los casi 175 000 kilómetros cuadrados del país, entre autobuses, taxis, utilitarios y autos particulares. UTE desarrolló una red de 150 cargadores eléctricos (dispositivos para cargar la batería de los vehículos) que abarca todo el país, la cual se complementa con redes de carga privadas. La empresa EverGoUruguay, por ejemplo, aspira a tener 380 cargadores instalados en los próximos tres años.

En diciembre de 2017, Uruguay inauguró la primera “ruta eléctrica” de Latinoamérica, que cuenta con cargadores eléctricos en todo su recorrido. En ese momento unía la ciudad de Colonia del Sacramento (suroeste) con la de Punta del Este (sureste), dos de las más visitadas por los turistas durante el verano, pero desde entonces ha tenido ampliaciones. UTE espera llegar a fines del 2023 con una estación pública de carga cada 50 kilómetros de ruta.

“Vivo en Punta del Este y voy dos veces por semana a Montevideo (la capital de Uruguay). Con un auto diésel gastaba 1700 pesos uruguayos (40 dólares) en un viaje ida y vuelta. Ahora compré un auto eléctrico, que es más caro que un diésel. Pero una carga para ir y volver de Montevideo me cuesta 78 pesos (2 dólares)”, afirma Rodrigo Zorrilla de San Martín, gerente de operaciones en EverGoUruguay.

Zorrilla, también vicepresidente en la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (AUDER), considera que Uruguay demorará cerca de una década en transformar todo su transporte a eléctrico. Para lograrlo hace falta expandir la red de carga, dar incentivos de parte del Estado, como préstamos y reducciones de impuestos, sostiene. De todos modos, estima que Uruguay cerrará el año con 2000 vehículos eléctricos.

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El Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) presentó este año un conjunto de medidas para apoyar el desarrollo de la movilidad eléctrica. Se creó una Mesa de Movilidad Eléctrica con el sector privado, se redujeron impuestos a los vehículos eléctricos, se accedió a financiamiento de Naciones Unidas para impulsar el sector y se lanzó un programa para motos y triciclos eléctricos, entre otras medidas.

“Uruguay se ha posicionado como un caso ejemplar a nivel mundial en lo que fue su matriz de generación eléctrica. Ahora tenemos que avanzar a la segunda transición, y la segunda transición es atender desafíos. Estos son, por un lado, el avance hacia la electrificación en el transporte”, sostuvo el ministro Omar Paganini, resaltando la necesidad de dar incentivos y superar “barreras culturales” de la movilidad eléctrica.

EL HIDRÓGENO VERDE

El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo. Es usado como insumo en la producción de fertilizantes, fabricación de acero y refinación de petróleo, con una demanda de 70 millones de toneladas por año. Se obtiene a partir de la electrólisis del agua, proceso que usa la electricidad para separar el hidrógeno del oxígeno. Si la energía usada se obtiene de renovables, no se generan emisiones.

La reciente alza del petróleo y el gas natural ha disparado el interés de gobiernos y empresas por el uso del hidrógeno como combustible para aviones, camiones y trenes. Si bien en los autos particulares se pueden utilizar baterías eléctricas, ello es más complejo de implementar en el transporte pesado, que requiere de baterías mucho más grandes. Ante ello, aparece el hidrógeno como una posible alternativa.

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Para Uruguay, su generación de electricidad casi enteramente renovable significa una gran oportunidad para producir hidrógeno verde, tanto para exportar como para abastecer demandas locales de transporte. Desarrollar el sector le permitiría al país descarbonizar el transporte de carga pesada y acercarse a la carbono neutralidad, sostiene Diego Oroño, secretario ejecutivo en AUDER.

BUSES ELÉCTRICOS EN URUGUAY.

“Un camino es la movilidad eléctrica, pero ataca solo a un sector del transporte, el particular y eventualmente la carga liviana. Ahí aparece la oportunidad del hidrógeno para todo el resto. El hecho de que Uruguay haya recorrido el camino de la primera transición genera un contexto favorable para empezar esta segunda etapa y descarbonizar otros sectores”, agrega Oroño, también docente en la Universidad de la República.

UTE, cuatro ministerios (Industria, Economía, Ambiente y Transporte) y la empresa pública de combustibles ANCAP, junto a la Administración Nacional de Puertos integran el grupo de trabajo sobre hidrógeno en Uruguay. El país espera generar 30 mil puestos de trabajo y una facturación de 1700 millones de dólares anuales con el hidrógeno verde, de acuerdo a la hoja de ruta del sector presentada este año.

El desarrollo previsto por el gobierno para el sector está dividido en etapas. Hasta 2025 se buscará impulsar el desarrollo del mercado local y generar las bases para los primeros proyectos. El gobierno ya recibió 10 propuestas que buscan acceder a un fondo de 10 millones de dólares para proyectos piloto. Luego de 2025 se espera expandir el mercado doméstico y desarrollar el de exportación.

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Los inversores en hidrógeno verde también tendrán un valor agregado en Uruguay. UTE presentó este año un sistema de certificación de la energía basado en la tecnología Blockchain, el cual garantiza el origen de la energía generada. Así se asegura de que el hidrógeno fue efectivamente generado con fuentes de energía renovables, sostiene Fontana, asesor de presidencia en UTE.

Pero desarrollar el sector también trae sus desafíos. Alcanzar el millón de toneladas de hidrógeno por año al 2040, tal como desea Uruguay, requerirá instalar 20GW en energías renovables y 10GW en electrolizadores, de acuerdo a la hoja de ruta. Además, al ser una industria nueva, existe un gran cuello de botella en la formación de profesionales para desempeñarse en el sector.

“Hay que empezar a formar gente urgentemente. La carrera por los recursos económicos para desarrollar los proyectos de hidrógeno va a ser fuerte, pero la carrera por los recursos humanos va a ser igual de fuerte”, sostiene Leopoldo Suescun, investigador e integrante de la RedH2uy, organización de académicos que busca la promoción, investigación y desarrollo del hidrógeno verde en Uruguay.

Si bien todavía no se conoce la cantidad de empresas y plantas de hidrógeno verde que se instalarán en Uruguay, han surgido preguntas sobre el consumo de agua que será necesario para su producción. El gobierno estima que necesitará 10 millones de metros cúbicos de agua por año para producir un millón de toneladas de hidrógeno, la meta al 2040, algo que no ve como significativo.

“La existencia de agua dulce es muy abundante y apropiada para la producción de hidrógeno verde”, se lee en la hoja de ruta del sector. “La producción de hidrógeno al 2040 requeriría un volumen de agua muy bajo, si se compara con usos de agua actuales del sector agrícola e industrial del país”.

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En un estudio se destaca la necesidad de aplicar políticas para frenar la inflación sin agravar el riesgo de recesión.

Según un informe del Banco Mundial Cuando los bancos centrales de todo el mundo aumentan simultáneamente las tasas de interés para responder a la inflación, el mundo podría estar avanzando poco a poco hacia una recesión mundial en 2023 y una serie de crisis financieras en los mercados emergentes y las economías en desarrollo que les podrían causar daños duraderos, según un nuevo estudio integral del Banco Mundial.

Los bancos centrales de todo el mundo han estado subiendo las tasas de interés este año con un grado de sincronización no visto en las últimas cinco décadas, una tendencia que probablemente continuará hasta bien entrado el año próximo, de acuerdo con el informe.

Sin embargo, es posible que la trayectoria prevista en la actualidad de los aumentos de las tasas de interés y de otras medidas de política no sea suficiente para reducir la inflación mundial a los niveles registrados antes de la pandemia. Los inversionistas esperan que los bancos centrales aumenten las tasas de política monetaria mundiales hasta casi un 4 % de aquí a 2023, una cifra que representa un aumento de más de 2 puntos porcentuales por sobre el promedio de 2021.

En el estudio se plantea que, a menos que las disrupciones en el suministro y las presiones del mercado laboral disminuyan, esos aumentos de las tasas de interés podrían dejar la tasa de inflación básica mundial (sin incluir la energía) en alrededor del 5 % en 2023, casi el doble del promedio quinquenal antes de la pandemia. Para reducir la inflación mundial a una tasa coherente con sus objetivos, es probable que los bancos centrales deban aumentar las tasas de interés en 2 puntos porcentuales adicionales, según el modelo del informe. Si esto estuviera acompañado de tensiones de los mercados financieros, el crecimiento del PIB mundial se reduciría al 0,5 % en 2023, una contracción de 0,4 % en términos per cápita que cumpliría con la definición técnica de una recesión global.

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“El crecimiento mundial se está desacelerando de manera abrupta, y es probable que se produzca una mayor desaceleración a medida que más países entren en recesión. Me preocupa profundamente que estas tendencias persistan, con consecuencias duraderas que son devastadoras para las personas en los mercados emergentes y las economías en desarrollo”, dijo David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial.

“Para lograr tasas de inflación bajas, estabilidad monetaria y un crecimiento más rápido, los responsables de formular políticas podrían trasladar el foco de atención desde la reducción del consumo hacia el aumento de la producción. Las políticas deberían apuntar a generar inversiones adicionales y mejorar la productividad y la asignación de capital, que son fundamentales para el crecimiento y la reducción de la pobreza”.

En el estudio se destacan las circunstancias extraordinariamente difíciles bajo las que los bancos centrales luchan contra la inflación en la actualidad. Varios indicadores históricos de recesiones mundiales ya son advertencias intermitentes. La economía mundial se encuentra ahora en su retroceso más pronunciado tras una recuperación posterior a una recesión desde 1970. La confianza de los consumidores en el mundo ha bajado de manera más pronunciada que en el período previo a las anteriores recesiones mundiales. Las tres economías principales del mundo —Estados Unidos, China y la zona del euro— se han desacelerado abruptamente. Bajo estas circunstancias, incluso si una conmoción moderada afecta a la economía mundial durante el próximo año, esta podría entrar en una recesión.

En el estudio, sobre la base de conocimientos obtenidos de recesiones mundiales anteriores, se analiza la evolución reciente de la actividad económica y se presentan escenarios para 2022-24. Una desaceleración —como la que está en marcha— exige normalmente la aplicación de políticas anticíclicas para apoyar la actividad económica. Sin embargo, la amenaza de la inflación y el limitado espacio fiscal están llevando a los responsables de formular políticas en muchos países a retirar el apoyo normativo, incluso cuando la economía mundial se desacelera marcadamente.

La experiencia de la década de 1970, las respuestas de políticas a la recesión mundial de 1975, el período posterior de estanflación y la recesión mundial de 1982 ilustran el riesgo de permitir que la inflación se mantenga elevada durante mucho tiempo mientras el crecimiento es débil. La recesión mundial de 1982 coincidió con la segunda tasa de crecimiento más baja en las economías en desarrollo en las últimas cinco décadas, solo superada por el año 2020. Provocó más de 40 crisis de deuda y con posterioridad se produjo una década de crecimiento perdido en muchas economías en desarrollo.

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“La reciente aplicación de políticas más restrictivas en materia monetaria y fiscal probablemente resulte útil para reducir la inflación”, dijo Ayhan Kose, vicepresidente interino de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones del Banco Mundial. “Sin embargo, dado que [las políticas] están altamente sincronizadas en los países, podrían agravar tanto el endurecimiento de las condiciones financieras como la agudización de la desaceleración del crecimiento mundial. Los responsables de formular políticas en los mercados emergentes y las economías en desarrollo deben estar preparados para gestionar los posibles efectos secundarios del endurecimiento simultáneo de las políticas a nivel mundial”.

En el estudio se plantea que los bancos centrales deberían mantener sus esfuerzos por controlar la inflación, y que se puede hacer sin provocar una recesión mundial. No obstante, se requerirá una acción concertada por parte de diversos responsables de formular políticas:

Los bancos centrales deben comunicar con claridad las decisiones en materia de políticas, salvaguardo al mismo tiempo su independencia. Esto podría ayudar a anclar las expectativas inflacionarias y reducir el grado de restricciones necesarias. En las economías avanzadas, los bancos centrales deberían tener presente los efectos secundarios transfronterizos del endurecimiento de la política monetaria. En los mercados emergentes y las economías en desarrollo, deberían reforzar las regulaciones macroprudenciales y crear reservas de divisas.

Las autoridades fiscales tendrán que calibrar cuidadosamente la retirada de las medidas de apoyo fiscal y, al mismo tiempo, garantizar la coherencia con los objetivos de la política monetaria. Se espera que la porción de países que endurecerán las políticas fiscales el año próximo alcance el nivel más alto registrado desde principios de la década de 1990. Esto podría aumentar los efectos de la política monetaria en el crecimiento. Los responsables de formular políticas deberían también establecer planes fiscales a mediano plazo que gocen de credibilidad y proporcionar alivio específico a los hogares vulnerables.

Otros responsables de la formulación de políticas económicas deberán sumarse a la lucha contra la inflación, adoptando medidas firmes para impulsar el suministro mundial. Entre estas medidas se encuentran:

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o   Reducir las limitaciones del mercado laboral. Las medidas de política deben ayudar a aumentar la participación en la fuerza laboral y disminuir las presiones sobre los precios. Las políticas del mercado de trabajo pueden facilitar la reasignación de los trabajadores desplazados.

o   Aumentar la oferta mundial de productos básicos. La coordinación a nivel global puede contribuir considerablemente a aumentar el suministro de alimentos y energía. En el caso de los productos básicos energéticos, los responsables de formular políticas tendrían que acelerar la transición hacia fuentes de energía con bajas emisiones de carbono e introducir medidas para reducir el consumo energético.

o   Fortalecer las redes del comercio mundial. Los responsables de formular políticas deberían cooperar para aliviar los cuellos de botella en el suministro mundial. Además, respaldar un orden económico internacional basado en normas, que proteja contra la amenaza del proteccionismo y la fragmentación que podrían afectar aún más las redes comerciales.