El proyecto de ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, fue aprobado en la Cámara de Diputados y se convirtió en ley tras un debate de más de 8 horas de intervenciones de los legisladores de diferentes bloques.

La ley de Etiquetado Frontal de Alimentos tuvo varias voces que se alzaron en su contra, entre las cuales se destacó la de los legisladores nacionales por Tucumán de diferentes espacios políticos, aunque votaron en forma diferente ya que obtuvo con algunas disidencias parciales el acompañamiento de los diputados del FdT.

Principales puntos de la ley de Etiquetado Frontal

• La ley tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas, para promover la toma de decisiones asertivas y activas, y resguardar los derechos de las consumidoras y los consumidores; advertir sobre los excesos de componentes como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz; y promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.

• Quedan obligados a cumplir con la norma “todas las personas, humanas o jurídicas, que fabriquen, produzcan, elaboren, fraccionen, envasen, encomienden envasar o fabricar, distribuyan, comercialicen, importen, que hayan puesto su marca o integren la cadena de comercialización de alimentos y bebidas analcohólicas de consumo humano” en todo el país.
• Los productos que tengan un exceso de componentes críticos (azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías) deberán incluir en su cara principal un sello de advertencia, según corresponda. En tanto, los que contengan edulcorantes, deberán además llevar la inscripción “contiene edulcorantes, no recomendable en niños/as”; y aquellos con cafeína, deberán tener la leyenda “contiene cafeína, evitar en niños/as”.
• Las etiquetas de advertencia se extienden a cajas, cajones, y cualquier otro tipo de empaquetado que contenga los productos en cuestión.
• El sello será un de octógono de color negro con borde y letras de color blanco en mayúsculas. Su tamaño no podrá ser inferior al 5% de la superficie de la cara principal del envase; y no podrá estar cubierto de forma parcial o total por ningún otro elemento. Los envases menores a 10 centímetros cúbicos también deberán llevarlos.
• Los valores máximos de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio establecidos deben cumplir los límites del Perfil de Nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.
• Se exceptúa de la colocación de sello en la cara principal al azúcar común, aceites vegetales y frutos secos.
  Los alimentos con este tipo de sellos tendrán una serie de prohibiciones para la incorporación de ciertas palabras o imágenes en los envases, como por ejemplo personajes infantiles, dibujos animados, entre otros, que fomenten su consumo o compra.
• La iniciativa establece la prohibición de “toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los alimentos y bebidas analcohólicas envasados, que contengan al menos un sello de advertencia, que esté dirigida especialmente a niños, niñas y adolescentes”.
• El Consejo Federal de Educación deberá promover la inclusión de actividades didácticas y de políticas que establezcan los contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional para todos los niveles.
  Los alimentos y bebidas que contengan al menos un sello de advertencia no podrán ser “ofrecidos, comercializados, publicitados, promocionados o patrocinados” en las escuelas.
• El incumplimiento de la ley prevé sanciones para las empresas, que van desde apercibimientos hasta clausuras, acorde a lo establecido en la normativa de Lealtad Comercial -decreto 274/2019-.
• Las industrias grandes tendrán un plazo de seis meses desde la publicación en el Boletín Oficial para adaptarse a la ley, y podrán extender ese plazo por seis meses más a criterio del Poder Ejecutivo. En el caso de las PyMEs, el plazo para la aplicación será de 18 meses, también prorrogables.
• Los alimentos y bebidas cuya fecha de elaboración sea anterior a la entrada en vigencia no se retirarán del mercado, pudiendo permanecer a la venta hasta agotar su stock.
• Se encomienda al Poder Ejecutivo a la reformulación del texto del Código Alimentario Argentino, a efectos de adecuar sus disposiciones con la ley en cuanto corresponda

Fuente: parlamentario.com

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En los últimos 10 años la meta de inflación en el presupuesto se incumple con una diferencia promedio del 18,9%. Ya superada la meta de inflación para este año, el Poder Ejecutivo prevé un irrisorio 33% para el 2022.

La estimación de la Fundación Libertad y Progreso para lo que queda del año, se ubica en torno al 50%. En un escenario optimista, en el 2022 la inflación se ubicaría en torno al 60%, mientras que en un escenario pesimista, más cerca del 80%. Los especialistas señalan la inconsistencia de los presupuestos enviados al Congreso, ya que en los últimos 10 años han sido muy erráticos en cuanto a la estimación de la inflación.

Las razones de la aceleración de la inflación para el año que viene son varias. Primero, el déficit fiscal primario estimado en el presupuesto es del 3,3%. Los especialistas señalan que se podría financiar mediante la intervención del BCRA.  Además, indican que las fuentes de financiamiento vía organismos internacionales y endeudamiento en el mercado interno que se explicitan en la Ley son “demasiado optimistas”. De esta manera, se espera que la asistencia del BCRA sea mayor a la Presupuestada agregándole “más nafta al fuego a la inflación”.

Los analistas alertan que la reducción de los subsidios energéticos al 1,5% del PBI implicará una suba de tarifas y que tendrá un impacto directo en el índice de precios. A este contexto se le suma la crisis energética a nivel global que impulsó el precio del gas a niveles muy altos; la reducción del déficit fiscal por reducción de subsidios se pone en jaque. El alto costo del gas se traducirá en mayores subsidios a pesar de que suban las tarifas.  Y alertan que “Si no hay una fuente alternativa de reducción del déficit fiscal, la emisión monetaria será mayor, empujando los precios al alza”.

Puntualmente Diego Piccardo, economista en la Fundación Libertad y Progreso, señala que el tipo de cambio es otra variable que va a requerir un ajuste el año que viene: “La estrategia electoral de pisar el tipo de cambio como ancla inflacionaria tiene un límite. La apreciación cambiaria no puede ser eterna y tanto el ministro de economía como el Presidente del BCRA lo saben. La cuestión es si el ajuste va a ser discreto (una devaluación en un porcentaje alto del tipo de cambio) o gradual (aceleración de la devaluación del tipo de cambio diario por encima de la inflación)”.

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El economista espera que un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional le dé algo de respaldo a los ajustes de precios relativos que necesita la economía, lo que evitaría que la inflación “se desmadre”.

Finalmente, arrojó una advertencia y adelantó el resultado de las nuevas medidas de la Secretaría de Comercio Interior: “los argentinos vamos a seguir sufriendo una inflación muy alta. Primero, para pagar los desajustes generados por el “Plan Aguantar” del gobierno, y segundo porque las medidas que adopta el gobierno para enfrentar la inflación van por el camino equivocado. No hace más que ver las medidas que adopta el nuevo Secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, al querer controlar más de 1600 precios. Pruebas de que ese tipo de controles han fallado hay muchas”.

Natalia Motyl, economista de la Fundación Libertad y Progreso, señala: “Somos uno de los tres países del mundo con la inflación más alta porque seguimos debatiendo cuestiones de sentido común. Para bajar la inflación el gobierno debe reducir el déficit fiscal. De otra forma, los argentinos seguirán empobreciéndose”.

Para verdaderamente bajar la inflación, es necesario implementar reformas estructurales en lugar de medidas puntuales y oportunistas. Es el exceso de pesos -que se suma a una demanda de dinero en retroceso- lo que provoca el descontrol de precios. Para evitar que el BCRA emita dinero para financiar al Tesoro, es menester reducir el gasto público y, consecuentemente, el déficit fiscal.

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La Coalición Cívica reclamó que la Fiscalía y la DAIA recurran el fallo dictado por el Tribunal en la causa del Memorándum con Irán. “Este fallo es de una enorme gravedad institucional”, señalaron

La Coalición Cívica y sus representantes en la Cámara de Diputados esperan que la DAIA y la Fiscalía recurran el fallo del Tribunal Oral Federal Nº 8 que dictó el sobreseimiento de la ex presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; el actual procurador general, Carlos Zannini; el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena y el senador Oscar Parrilli.

“Este fallo del Tribunal 8 es de una enorme gravedad institucional”, señalaron.

“Manifestamos nuestra preocupación porque luego de transcurridos estos 27 años y mediante un atajo procesal inédito, vuelve a quedar trunco el derecho de los familiares de las víctimas del atentado a la sede de la AMIA, y de todos los argentinos, a obtener justicia y conocer la verdad respecto a lo ocurrido alrededor de un acto terrorista perpetrado en nuestro país que se cobró la vida de 85 personas”, afirmaron los dirigentes de la CC.

“Históricamente, nuestro partido y especialmente nuestra líder política, Elisa Carrió, ha reclamado por memoria, verdad y justicia, tanto respecto del crimen de aquel 18 de julio de 1994, como también debido a las irregularidades que se produjeron a lo largo de su investigación. Hoy nos vemos obligados a insistir en aquel reclamo, ya que estamos convencidos de que son días claves en los que se juegan decisiones muy importantes que nos permitirán acercarnos a la verdad sobre lo sucedido o nos alejarán de ella aun más”, agregaron.

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“Acompañamos a los familiares de las víctimas querellantes en sus reclamos y esperamos que, libres de todo condicionamiento y con la independencia que deben demostrar en la representación del interés común que ejercen por sus cargos, tanto la Fiscalía a cargo como la entidad querellante recurran debidamente el fallo dictado por el Tribunal Oral Federal N° 8, para que el mismo pueda ser revisado por la instancia superior, dada la gravedad institucional de lo que se investiga”, insistieron desde la CC.

“Creemos se trata de un fallo cuestionable porque, como dijimos, resulta inédito en cuanto a la oportunidad y la forma en que fue dictado, e impide la realización de un Juicio Oral y público que permita resolver todas las cuestiones jurídicas discutidas, de cara a la sociedad y determinar cómo han ocurrido los hechos que dieran origen a la firma del Memorándum de entendimiento firmado por la Argentina en claro beneficio del país señalado como el responsable del atentado”, concluyeron.

FUENTE: https://www.radiojai.com/