“Los pueblos indígenas padecen las consecuencias de la injusticia histórica, a saber: la invasión, la colonización, la desposesión de sus territorios, la opresión y la discriminación, así como la falta de control de sus propios modos de vida. Los Estados coloniales y modernos, en la búsqueda del crecimiento económico, les han denegado ampliamente su derecho al desarrollo”.

109 Naciones Indígenas en Colombia, desde hace más de 5 siglos han sido invadidas, irrespetadas y violentadas. En Abya Yala (américa para los occidentales) todo empezó con la invasión del 12 de octubre de 1.492

Los Pueblos Indígenas mantenemos Armonía permanente con la Madre Tierra, por eso, la preservamos  patrimonio arraigado espiritual y natural con saberes milenarios.

A pesar de las raíces profundamente asentadas en las tierras originarias mucho antes de las invasiones, se cuentan entre los más desfavorecidos del mundo, sus derechos vulnerados e ignorados constantemente alrededor del mundo.

“Como pueblos milenarios, desde el Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC-, antes que ser colombianos, somos los antiguos pobladores de estos territorios y gestionamos nuestro propio proceso, conservamos tradiciones y valores culturales milenarios con los cuales esperamos contribuir al mundo”.

Nuestra lucha es por la pervivencia y la unidad, con autonomía.

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Fuerza Pueblos Indígenas del mundo, en especial las Naciones Runas: Yanakunas, Nasas, Totoróez, Kokonukos, Misak, Uitotos, Koreguajes, Makaguajes y demás Naciones Runas, que a pesar de las invasiones occidentales seguimos defendiendo nuestro Derecho Propio, Derecho Mayor, Ley de Origen, así como nuestra Medicina Tradicional que occidente irrespeta y desvalora con sus químicos y sus EPS.

“El 9 de agosto de 1994 fue declarado el Día Internacional de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas-ONU- para garantizar los derechos humanos de los más de 5mil grupos indígenas que existen en 99 países”.

 “la naturaleza es fuente de vida y sabiduría de ahí que toda agresión contra ella, pone de inmediato en peligro la existencia del indio como parte viviente de la naturaleza”. Manuel Quintín Lame.

(*) Doly Enríquez – Warmy Runa Yanakuna – Periodista y Poeta

“Nadie nos tiene que decir qué hacer en nuestra casa”, integrante de la Guardia Indígena del Kauka

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La ficha limpia robustece el sistema republicano y actúa como barrera o esclusa, estableciendo un piso mínimo de idoneidad moral para acceder a cargos públicos. Impulsarla en todo el país es clave para tener mejores instituciones representativas, recuperar la confianza en la república y combatir la desafección democrática.

La ética pública debe ser el punto de partida para acceder a cualquier cargo público. Si anhelamos que las instituciones republicanas funcionen, sean transparentes, representativas, eficaces y eficientes, debemos establecer condiciones de idoneidad moral que sean una barrera de acceso para aquellas personas condenadas por corrupción y otros delitos.

De eso se trata la ficha limpia. De establecer un piso mínimo de honestidad y transparencia para el acceso a los cargos públicos.

Todo comenzó en Brasil, con la exigencia ciudadana de una iniciativa popular impulsada por 1,6 millones de firmas y 44 organizaciones sociales, que logró imponer en el año 2010 la primera ley de ficha limpia, y que impidió que 2045 condenados sean aspirantes a la función pública, incluido el ex presidente Luis Ignacio “Lula” da Silva, quién había sido sentenciado por sobornos, corrupción activa y pasiva y lavado de dinero.

Desde entonces, la ficha limpia se impuso en países como Uruguay, Chile, México y España, entre otros.

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En Argentina, a pesar de las casi 500000 firmas recolectadas por el Movimiento Ciudadano Ficha Limpia, y el acompañamiento de varios partidos políticos, el proyecto viene siendo frenado y resistido por el kichnerismo en el Congreso de la Nación. No obstante esto, la ficha limpia avanza en el derecho público provincial y municipal. Particularmente, las provincias de Mendoza, Jujuy, Salta, San Juan y Chubut ya cuentan con una ley de ficha limpia, y en otras tantas legislaturas provinciales existen proyectos de ley en tratamiento. Asimismo, adaptados a la normativa local, varios Municipios como Tres de Febrero y San Isidro han hecho lo propio y la iniciativa se expande como reguero de pólvora con el objetivo de tener instituciones más sólidas y transparentes en cada rincón de la República.

En Corrientes, tanto en la legislatura de la provincia como en el concejo deliberante capitalino, existen proyectos en tratamiento que buscan regularla en sus respectivos ámbitos de competencia.

Sus críticos alegan básicamente dos cuestiones para oponerse y rechazar la iniciativa.

En la primera, argumentan la imposibilidad de establecer requisitos que no están establecidos y exigidos en la Constitución nacional (arts. 48, 55 y concordantes). Quienes plantean esto parecen obviar u olvidar el principio de idoneidad, estipulado en el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental.

Bien ha explicado Néstor Sagües que este artículo comprende la idoneidad moral, que “estriba tanto en carecer de antecedentes penales, como en haber tenido una conducta acorde con las pautas éticas vigentes […] cuanto mayor sea la jerarquía del empleo o de la función, mayor debe ser el grado de moralidad a exigirse.”[1]

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Conteste con ello y refiriéndose específicamente a los cargos electivos, sostuvo que “si el legislador regula el recaudo constitucional de idoneidad (art. 16), conforme a pautas razonables, no incompatibles con el marco republicano de la Constitución, conforme a criterios no discriminatorios, esa regulación puede apuntalar el principio de la idoneidad, mejorando y actualizando el mensaje constitucional”[2].

En el mismo sentido se ha expresado el actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, señalando que no resulta inconstitucional reglamentar las condiciones de idoneidad por vía legal siempre que ello supere el test de razonabilidad.[3]

Agregamos, además que, si la Constitución ideó sistemas tendientes a excluir a funcionarios y legisladores inidóneos (arts. 53, 59, 60 y 66), resulta coherente con tal objetivo evitar su acceso mediante una ley previa cuando ello deviene de la absoluta falta de idoneidad de una persona condenada.

En ese sentido, el Congreso de la Nación, a través de la Ley Nacional N° 26.097, aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la que en su artículo 7, inciso 2, determina que: “Cada Estado Parte considerará también la posibilidad de adoptar medidas legislativas y administrativas apropiadas, en consonancia con los objetivos de la presente Convención y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, a fin de establecer criterios para la candidatura y elección a cargos públicos”.

La propia ley orgánica de partidos políticos, 23.298, se ha inclinado por la solución reglamentaria de la idoneidad, estableciendo que no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos los excluidos del padrón electoral como consecuencia de las disposiciones vigentes (art. 33), excluyendo -entre otros- a las personas con auto de procesamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, hechos de represión ilegal constitutivos de graves violaciones de derechos humanos, torturas, desaparición forzada de personas, apropiación de niños y otras violaciones graves de derechos humanos o cuyas conductas criminales se encuentren prescriptas en el Estatuto de Roma como crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional, por hechos acaecidos entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

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Es curioso que ésta última exclusión señalada, que opera como una ficha limpia contra acusados de delitos de lesa humanidad con un auto de procesamiento y sin condena siquiera en primera instancia, fue impulsada por el propio kichnerismo en el año 2009, en razón de introducir el sistema de primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (P.A.S.O). Cabe preguntarse si, en definitiva, a lo que se oponen es simplemente a la ficha limpia para casos de corrupción que, eventualmente, puede llegar a comprometer a sus principales líderes.

Es necesario destacar, finalmente, que el artículo 36 de la Constitución Nacional recoge el valor fundamental de la ética pública, considerando atentatorio contra el sistema democrático el accionar de los que incurrieren en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento ilícito.

En la segunda cuestión, se plantea el principio de inocencia, que, según los críticos de la ficha limpia, se vería comprometida dicha garantía en caso de impedirse el acceso a la función pública a una persona que no tenga condena firme. La ficha limpia, en efecto, tal como viene siendo planteada, prevé la inhabilidad por condenas en primera o segunda instancia, por lo tanto la sentencia podría no estar firme.

No obstante, dichas condenas gozan de la presunción de certeza y legitimidad que le asisten como tales en virtud de haber sido dictadas por un tribunal competente, conforme a derecho y con todas las garantías del debido proceso. Como ha señalado el constitucionalista correntino Mario Midón “Para postularse a un cargo público no pueden valer lo mismo el insospechado comportamiento de un aspirante que la de aquel que en la competencia electoral exhibe dos sentencias condenatorias. No se trata aquí de aplicar los principios generales del derecho penal sobre naturaleza y efectos de la pena, sino de garantizar que los candidatos reúnan condiciones mínimas que presupongan una aptitud razonable para el desempeño de tales funciones”.[4]

Gran parte del malestar y la desafección democrática viene dado por el descuido de las instituciones republicanas, la anomia generalizada, la ausencia de la autoridad de la ley y la constitución, y el consecuente abuso de poder.

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La corrupción es un mal endémico que debe ser desterrado con instituciones fuertes, decisión y virtud política. En gran medida, es la contracara de la pobreza, creando privilegios para una nomenclatura política y económica al servicio de su propia ambición, apropiándose de recursos valiosos que son desviados de sus fines legítimos.

Al final del día, no son tanto las declaraciones de derechos las que garantizan la libertad, sino el diseño republicano de la “sala de máquinas” que impide que nadie vaya por todo, ni tenga la supremacía del poder público para suprimir los derechos enunciados. Es el equilibrio de poderes, los frenos y contrapesos, los que en definitiva garantizan y aseguran el valor supremo de la libertad.

La función pública, a través de la cual se dispone de nuestra vida, libertad y patrimonio, no puede ser el resguardo de la impunidad. Parafraseando lo sostenido alguna vez por Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación, depende de nosotros si las instituciones serán un recinto de alta política o se convertirán, degradadas, en una cueva de ladrones.

(*) Fabián Nieves. Abogado y docente universitario (UNNE). Concejal de la Ciudad de Corrientes (Coalición Cívica – ARI).

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El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) y la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP), reiteraron su malestar y gran preocupación por la malversación y desvío de los fondos viales que realiza el Estado Nacional en forma arbitraria e inconsulta, principalmente del Impuesto a los Combustibles, girándolos a otros destinos que nada tienen que ver con el fin para lo cual fueron creados, y que deberían ser asignados en forma efectiva a financiar obras de infraestructura vial, tan necesarias para mejorar la red caminera del País, y libre de “falsos peajes “.

Texto del comunicado:

Desde el CONADUV y la AP informamos al Gobierno Nacional, a los Gobernadores, a los Legisladores Nacionales y Provinciales, Intendentes y Concejales, que sólo el Impuesto a los Combustibles recauda más de $ 145.000.- millones anuales (pesos ciento cuarenta y cinco mil millones anuales). Administrando correctamente dicho dinero y reasignándolo en forma efectiva como corresponde, se podría implementar inmediatamente un verdadero Proyecto Vial, libre de peaje, que contemple toda la red caminera de la Argentina, generando importantes beneficios sociales y económicos para los usuarios viales y para toda la sociedad en su conjunto.

Sin embargo, los cuantiosos aportes que con gran esfuerzo realizan los usuarios viales y el sector de la producción a través del Impuesto a los Combustibles, son destinados a otras finalidades del Estado, haciendo vano el sacrificio en pos de un medio de transporte carretero más seguro y que no sea una carga más al sistema productivo.

En el País no se ha elaborado un plan coherente para la ampliación, mejora y conservación de la Red Vial, siendo que con el aumento de la actividad económica – comercial, las necesidades de transporte, por ende la circulación vehicular, se han incrementado superlativamente en los últimos años.

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La carencia de caminos adecuados es una de las principales causas de los graves accidentes y siniestros viales que se producen a diario, con la pérdida de vidas humanas y serias secuelas, tanto sicológicas como físicas, para muchas personas. Se habla solamente de estadísticas, controles y educación vial, pero poco y nada se dice de la falta de obras de infraestructura que son necesarias para contar con una red caminera en perfecto estado de transitabilidad. La seguridad vial es un trípode que se asienta en tres pilares: EDUCACIÓN, CONTROL E INFRAESTRUCTURA. Todos ellos son igualmente necesarios. Un trípode no puede sostenerse si falta alguno de sus apoyos.

Otro problema que se genera por la falta de métodos adecuados de financiamiento vial como de una política seria de infraestructura, son los mayores costos en el traslado de las mercaderías a los distintos destinos de consumo, embarque, industrialización, entre otros.

La urgente necesidad de la conformación de una Comisión de Seguimiento en el ámbito del Congreso Nacional para el control principalmente del Impuesto a los Combustibles, se estima indispensable para que el Estado canalice correctamente los mismos.

Por tal motivo el CONADUV y la AP reiteran su propuesta de:

1)  Poner en práctica un verdadero Proyecto Vial que contemple toda la red caminera del País, tanto Nacional como Provincial, LIBRE DE PEAJE, reasignando en forma efectiva los recursos generados a través del Impuesto a los Combustibles. Esto permitiría el sostenimiento y mejoramiento del sistema vial argentino en condiciones óptimas de transitabilidad, implicando el desarrollo de la Argentina, generando inversión y puestos de trabajo. A su vez se lograría reducir el costo de transporte, impulsar y mejorar la situación de las economías regionales, disminuir el índice de accidentes y siniestros viales, promover el turismo, entre tantos otros beneficios.

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2)  Crear en el ámbito del Congreso de la Nación, una Comisión de Seguimiento del uso de los fondos viales, con la participación activa de los usuarios viales directos e indirectos, a los efectos de impedir la malversación y desvío de los mismos, terminando así con el abuso por parte del Estado Nacional.

3)  Rejerarquizar la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), reafirmando las funciones propias y prioritarias en la totalidad de nuestras rutas nacionales y provinciales, de planificación concertada, control de gestión federalizada, administración e investigación tecnológica, convirtiéndola en el Organismo rector de la Política Vial Nacional y Provincial.

4)  Disolver las Empresas concesionarias “Públicas” sumamente costosas, burocráticas, innecesarias y sin estructura alguna, tales como CORREDORES VIALES S. A. a nivel nacional, AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S. A.) en la Provincia de Buenos Aires, CAMINOS DE LAS SIERRAS S. A. en Córdoba, AUSA (Autopistas Urbanas S. A.) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El CONADUV y la AP son conscientes de las necesidades del Estado, pero también creen importante que los fondos en cuestión sean correctamente administrados. A quienes gobiernan se les solicita coraje, voluntad y decisión política para ponerle punto final a la estafa vial que se padece desde los años 90.

(*) AP – Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional

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