La Fiscalía de Estado de Corrientes consiguió revertir la Resolución N° 252 dictada por la Jueza de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4, Luisa Carolina Macarrein, que obligaba al Gobierno provincial a abonar un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) a una familia en concepto de cuota alimentaria.
El fallo, que ponía en riesgo los recursos de todos los correntinos y abría la puerta a un precedente de alto impacto contra el erario público, fue oportunamente impugnado por los abogados de la Fiscalía, quienes dejaron en claro que el Estado provincial ya garantiza la asistencia social, psicológica y económica a las familias en situación de vulnerabilidad mediante múltiples programas oficiales.
Gracias a las pruebas y argumentos presentados, la magistrada debió dar marcha atrás, reconociendo que el Gobierno de Corrientes sí cumple con su deber de acompañar a quienes atraviesan situaciones de emergencia social, y revocando el apercibimiento que había impuesto bajo amenaza de exponer públicamente al Estado.
Defensa de la institucionalidad y de los más vulnerables
La decisión de la jueza, notificada apenas cinco días antes de las elecciones provinciales, contenía expresiones de fuerte presión hacia el Gobierno, con el riesgo de exponer a menores de edad y revictimizarlos ante la opinión pública. Sin embargo, la intervención de la Fiscalía de Estado no solo evitó este atropello, sino que también reafirmó el camino institucional: la protección de los derechos de los niños y la asistencia de las familias debe darse a través de los canales oficiales y de los programas sociales vigentes.
En este sentido, el Gobierno provincial ya había demostrado un acompañamiento constante a la familia involucrada mediante la Tarjeta Sapukay, el Programa Integral de Asistencia a la Comunidad en Riesgo, la Tarifa Social de Agua, el Programa Alimentario Provincial y la Garrafa Social, entre otros beneficios.
Un nuevo triunfo judicial
Con esta resolución, la Fiscalía de Estado vuelve a consolidar su papel como resguardo jurídico de los recursos provinciales y de la legalidad de las políticas públicas. No es la primera vez que logra frenar intentos judiciales que exceden las competencias legales: en un antecedente reciente (Expediente 251575/23), la misma jueza había pretendido imponer el pago de un SMVM en otro caso de alimentos, y nuevamente la Fiscalía logró que se revoque la medida.
Este nuevo resultado confirma el compromiso indeclinable del Estado provincial en dos frentes: proteger los fondos públicos de medidas arbitrarias y garantizar que la asistencia social llegue a quienes más lo necesitan, dentro del marco de la ley y de los programas institucionales vigentes.
