Así lo adelantó el mandatario correntino, tras ser consultado sobre la promulgación de la Ley que fuera aprobada ayer por la Legislatura. “Voy a estar firmando el lunes la aplicación y promulgación de la norma, necesitamos poner fin a lo que veíamos nosotros del sistema“, aseguró Gustavo Valdés.
Agregó que con esta Ley, “el sistema va a ser más ágil para aquellos que quieren respetar la ley, contra aquellos que estén en peligro de fuga, que no hay forma de detenerlos, que salen al otro día de la Comisaría. Ahora hay una prohibición de intentar evadir los efectos de la ley“
“Ante esto van a quedar detenidos a disposición de la Justicia, a la espera de una sentencia”, remarcó el Gobernador.
La LEY
La modificación del Código Procesal Penal que permitirá evaluar mejor el peligro de fuga y evitar la liberación rápida de quienes repiten conductas delictivas, completó el trámite parlamentario, pasando al Ejecutivo para su reglamentación e implementación.
El proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal –Ley 6518-, en sus artículos 224 y 229, enviado por el Poder Ejecutivo, obtuvo su sanción en la Cámara de Diputados, en la sesión 18 de este miércoles 4 de septiembre, en el objetivo de brindar una herramienta más al Poder Judicial –más precisamente a los fiscales- para evaluar mejor el peligro de fuga y evitar la liberación rápida de quienes delinquen. Lleva por número de ley el 6690 y fue girado al Poder Ejecutivo para su puesta en vigencia.
“El objetivo es lograr una intervención eficaz a través de la definición e implementación de una política de persecución penal uniforme y la posterior evaluación de sus resultados”, se señala en los fundamentos, acotando que “la insistencia en la comisión de hechos punibles aumenta sensiblemente la inseguridad de la comunidad y la atendible insatisfacción social con estos institutos que no han sido considerados normativamente para casos de repitencia”.
Durante la sesión, la diputada Lucía Centurión, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales señaló, entre otros conceptos, que se da respuesta así a una demanda social, otorgando a los operadores de justicia, una nueva herramienta. Aclaró que en nada afecta al principio de “inocencia”.
En el mismo sentido se refirieron otros diputados, reiterando el concepto de “clamor social” ante la denominada “puerta giratoria” (en referencia a delincuentes que entran y salen de las comisarías). “Es una medida de seguridad”, remarcó la diputada Albana Rotela.
“Es una herramienta más que va a tener el fiscal al momento de la audiencia que va a tener con el juez… Otra cuestión positiva también que tiene es que la víctima o las víctimas van a confiar más en el sistema porque van a saber que el delincuente que les entró a robar o que cometió el delito de los cuales fueron víctimas, está guardado y esperando. Quiero aclarar, que también incluso se piensa hasta en quién comete el hecho delictivo, porque va a tener una condena lo más antes posible; porque va a estar en prisión preventiva. Entonces su condena va a ser expedita”, acotó Rotela.
En lo técnico parlamentario, el expediente originariamente constaba de cuatro artículos, los que siendo analizados en el Senado con funcionarios judiciales, quedaron en 2, con algunas modificaciones, avaladas por la cámara baja. En ese marco, el artículo 229 establece un término de 72 horas para resolver la situación del detenido.
