La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, dispuso el levantamiento del secreto fiscal y habilitó una profunda investigación patrimonial de los ocho imputados y toda la familia de Loan Danilo Peña, de 5 años, quien desapareció el 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio.
El pedido no sólo incluye movimientos bancarios, sino también posibles transacciones con billeteras virtuales, criptomonedas, operaciones inmobiliarias y de compraventa de vehículos, además de eventuales salidas del país que Migraciones tenga registrada en su base de datos.
El análisis financiero y patrimonial alcanza a José Mariano Peña y su esposa, María Luisa Noguera, padres de Loan; y sus hijos César Iván, Alfredo Maximiliano, José Omar, Mariano y Cristian Ramón.
También figuran en la lista Macarena Peña, Camila Ayelén Núñez (primas de Loan), Catalina Peña (abuela) y los imputados Bernardino Antonio Benítez (tío político), Laudelina Peña (tía), Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, María Victoria Caillava (ex funcionaria municipal) y Carlos Guido Pérez (ex marino).
La jueza incluyó en la medida al ex policía Francisco Amado Méndez, recientemente beneficiado con la falta de mérito y, por ende liberado, Jorge Luciano Bertón (hijo de Caillava) y Diego Arnaldo “Huevo” Peña (esposo de Núñez y tío de Loan).
El documento judicial dispone el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de todos a fin de que los diversos organismos aporten toda la información que dispongan.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) deberá revelar si son empleados en relación de dependencia o contribuyentes, con sus domicilios declarados, impuestos que abonan, los ingresos que perciben, si registran incumplimientos fiscales, si figuran como importadores o exportadores y si hay antecedentes de infracciones aduaneras.
La Dirección Nacional del Registro Nacional de la Propiedad Automotor deberá informar no sólo sobre qué vehículos están registrados a nombre de los mencionados, sino también la existencia de cédulas asociadas y transferencias que hayan realizado. La misma información deberá suministrar el Registro de Propiedad Inmueble.
La Justicia, asimismo, quiere conocer los movimientos migratorios que presentan; y el Banco Central deberá agrupar la información de todas las entidades del país y enviar un informe con un análisis de esos datos.
Por su parte, las empresas de correos y de transferencia de dinero deberán notificiar si alguno de los nombrados realizaron movimientos que resulten llamativos. También la Unidad de Investigación Financiera (UIF) deberá remitir un informe completo, ya que la jueza los relevó del secreto establecido por ley.
En otro de los puntos se pide saber si las personas mencionadas cuentan con billeteras cripto y “trazar una posible desviación de dinero fiduciario, para lo cual se da intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci).
Finalmente, se remitió un oficio a Ciberdelitos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que informe sobre movimientos financieros de los nombrados con las billeteras virtuales que operan en el país.
Con estas medidas, la Justicia busca establecer si alguno de los detenidos o del entorno familiar de Loan hicieron en los últimos tiempos algunas operaciones financieras, principalmente de recepción de partidas de dinero, que puedan asociarse a la entrega del chico a una organización criminal.
Con información de diario Época
